OAXACA, Oax., (apro).- El conflicto por el territorio Chimalapa en el límite entre Chiapas y Oaxaca escaló: comuneros zoques del poblado Benito Juárez incendiaron hoy una patrulla, decomisaron una retroexcavadora y una moto del gobierno chiapaneco y retuvieron al comandante de la policía, Raymundo Vásquez Coutiño, y a otras dos personas en el ejido Rudolfo Figueroa.
Ayer, los comuneros derribaron un cerco de tres kilómetros para recuperar el paraje recientemente invadido por ganaderos chiapanecos del ejido Gustavo Díaz Ordaz sin ninguna resistencia.
El secretario de Seguridad Pública de gobierno oaxaqueño, Alberto Esteva Salinas, informó este viernes que existe el compromiso de los comuneros zoques de Benito Juárez, de liberar a las tres personas mañana a las 11:00 horas, aunque aclararon que serán entregadas únicamente al Ejército Mexicano.
Luego de confirmar las acciones de los comuneros, el consejero Jurídico, Víctor Hugo Alejo Torres, y el subsecretario de Gobierno, Dagoberto Carreño Gopar, acudieron al lugar para buscar una salida al conflicto mediante el diálogo.
Ante la orfandad gubernamental, el Congreso de Oaxaca no sólo pidió a las autoridades de Chiapas respetar las medidas cautelares dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en Chimalapas, sino que creó una Comisión Especial legislativa para atender directamente el conflicto.
Anoche, el pleno de la LXII Legislatura del Estado aprobó -en sesión ordinaria y por mayoría calificada con 30 votos-, la creación “urgente y de obvia resolución” de una Comisión Especial plural de diputados para dar seguimiento al conflicto limítrofe entre Oaxaca y Chiapas.
La Comisión Especial estará integrada por los diputados María Luisa Matus Fuentes y Adolfo Toledo Infanzón del PRI; Zoila José Juan y Félix Antonio Serrano Toledo, del PRD; Gerardo García Henestroza y Alejandro Martínez Ramírez, del PAN.
Entre sus cometidos, deberá realizar un recorrido por la zona en conflicto con la finalidad de otorgar apoyo a los habitantes de los Chimalapas y contribuir en la solución del problema, no polarizarlo.
La semana pasada, la asamblea comunitaria de Benito Juárez acordó hacer acciones de defensa del territorio de los Chimalapas por la “tibia actitud” del gobierno de Oaxaca frente a las constantes invasiones de los chiapanecos; sin embargo, ninguna autoridad estatal atendió su advertencia.
Teodoro Gutiérrez Miguel, agente auxiliar del comisariado comunal de Benito Juárez, informó a través del portal de internet www.juchitaninforma.blogspot.mx que “los Chimalapas se cansaron ante tantas burlas del gobierno de Chiapas, porque a pesar de que un juez federal ordenó la suspensión de acciones en la zona de conflicto, Chiapas siguió trabajando”.
La demanda de la comunidad zoque de Benito Juárez es para que los gobiernos federal y estatal envíen a funcionarios a la zona del conflicto -donde Chiapas y Oaxaca disputan 150 mil hectáreas de selvas y bosques-, para que constaten las invasiones que realiza el gobierno chiapaneco.
En diciembre de 2011, ambos gobiernos firmaron en la Secretaría de Gobernación un acuerdo de respeto y civilidad. Sin embargo, los chimalapas acusaron que el gobierno de Manuel Velasco constantemente viola el acuerdo.
Ante esta situación, el exgobernador Jesús Martínez Álvarez ha calificado de “incongruente” y “deficiente” la defensa asumida por el consejero Jurídico, Víctor Hugo Alejo Torres, además de acusarlo de “oportunista”, pues antes se opuso a la presentación de las acciones legales, en especial de la controversia constitucional.
Martínez acusó a Alejo de que “que este tema solo se atiende con un enfoque político y económico, pues la actual gestión jurídica y el seguimiento en la Suprema Corte, son sumamente deficientes, lo digo basándome en voces expertas y fuentes internas confiables, quienes me han señalado que la Controversia Constitucional se litiga por parte del gobierno oaxaqueño como si fuera un divorcio o un asunto de bagatela”.
