MÉXICO, D.F. (apro).- Las indígenas Alberta Alcántara y Teresa González denunciaron la falta de voluntad por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto para resarcir los daños morales y materiales sufridos tras ser acusadas injustamente por la Procuraduría General de la República (PGR) en 2006, y permanecer casi cuatro años encarceladas.
Las indígenas otomíes, junto con Jacinta Francisco Marcial, fueron acusadas de secuestrar a seis integrantes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), así como por delitos contra la salud en el estado de Querétaro.
Acompañadas por los abogados Andrés Díaz y Luis Tapia del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), así como por el representante de Amnistía Internacional en México, Daniel Zapico, manifestaron su indignación por la apelación que interpuso la PGR a la sentencia del 20 de noviembre de 2013 por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), que obligaba a la dependencia a indemnizarlas, ofrecerles una disculpa pública y difundir la sentencia.
Y es que, el pasado 7 de febrero, a través del director General de Asuntos Jurídicos, Mario Miguel Ortega, la PGR apeló la sentencia del TFJFA poniendo en duda la inocencia de las indígenas y “ofreciendo argumentos económicos al señalar que si todas las personas absueltas son indemnizadas no habría dinero que alcanzara para pagar los daños”, apuntó Díaz Fernández.
En conferencia de prensa, Teresa González reprobó que, pese a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que en 2010 declaró la inocencia de ambas mujeres, “la PGR no acepte sus errores y siga diciendo que sí cometimos delitos y que fuimos culpables”, cuando durante el proceso judicial la institución fue incapaz de presentar pruebas que lo acreditaron.
González aseguró que la lucha que han emprendido para que sean resarcidos los daños morales y materiales, es porque “en la cárcel hay mucha gente inocente como nosotros que por ser indígenas y pobres estuvimos ahí. No queremos que vuelva a pasar”.
Alberta Alcántara se dijo sorprendida por la reacción de la PGR ante la sentencia emitida por el órgano del Poder Judicial federal. “No esperábamos que apelara, después de siete años de estar luchando por demostrar nuestra inocencia, no es posible que se nos siga señalando como culpables”, dijo.
La mujer indígena manifestó su deseo de que el caso concluya, debido al desgaste que ella y su familia han sufrido durante estos años. Comentó que sintió esperanza cuando la SCJN declaró su inocencia.
El abogado Andrés Díaz Fernández resaltó que en la defensa de las tres mujeres en juicios por separado, el Centro Prodh recurrió a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, para reclamar la reparación de los daños causados a las mujeres por el procesamiento ilegal.
“Demandamos al Estado como responsable de los daños causados y no a un funcionario en particular, porque consideramos que la actuación en contra de Alberta, Teresa y Jacinta forma parte de una actuación sistemática del Estado solapada por las distintas cadenas de mando”, apuntó.
Consideró grave que en la apelación presentada el 7 de febrero, se insistió en que la PGR no es el Estado mexicano, entonces se preguntó a nombre de qué ejerce sus facultades.
“Se argumenta que si se atiende la sentencia del TFJFA entonces todos los inocentes deben ser indemnizados, cuando precisamente es lo que buscamos, que haya una consecuencia por las actuaciones ilegales de las instituciones. Además, la PGR señala que la dependencia y las mujeres estaban en igualdad de circunstancias ante un juez, y que fue éste el que decidió procesarlas, cuando en México no existe la figura del error judicial, pero eso no exime a la PGR por violar los derechos humanos de Alberta y Teresa que, dicho sea de paso, se documentaron por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la recomendación 49/2009”, agregó el litigante.
Luis Tapia, abogado del Centro Prodh, agregó que el caso tendrá que ser sometido a un Tribunal Colegiado de Distrito en Materia Administrativa y que en un plazo de entre seis y ocho meses podría haber resultados definitivos.
“Si los casos se resuelven a favor y a ellos se suman el de Jacinta, que está en proceso de ser resuelto en el TFJFA, se sentaría precedente y jurisprudencia, lo que permitiría que personas que fueron víctimas de la fabricación de delitos sean indemnizadas como lo establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado por México”, explicó.
El representante de Amnistía Internacional en México, Daniel Zapico, recordó que el derecho de reclamación que tienen víctimas de violaciones a derechos humanos también está contenido en la Ley de Víctimas, promulgada por Enrique Peña Nieto.
Al señalar que AI nombró en su momento a Teresa, Alberta y a Jacinta, “presas de conciencia”, dijo que el enjuiciamiento injusto a que ellas fueron sometidas, forma parte de “un patrón sistemático del tratamiento que las instituciones de justicia dan a los pueblos indígenas, que tener que enfrentarse a una justicia que no les permite tener un intérprete, y que son sujetos a la fabricación de pruebas y delitos, para que al final de cuentas el acceso a la justicia para ellos sea inexistente”.
Lamentó que hasta ahora las autoridades de procuración de justicia no hayan cambiado pese a las sentencias de la SCJN y la existencia de recomendaciones de la CNDH en las que se ha evidenciado el tratamiento discriminatorio hacia los integrantes de los pueblos indígenas.
Zapico destacó que si los convenios internacionales firmados por México y las leyes internas permiten la reparación de daños a las víctimas de abusos, “la apelación presentada por la PGR no es más que una muestra de falta de voluntad para respetar los derechos humanos”.
