MÉXICO, D.F., (apro).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, confirmó que hay funcionarios públicos detenidos por la muerte de tres jóvenes al término de la marcha estudiantil y de opositores en Caracas, el pasado 12 de febrero.
“Están detenidos parte de los involucrados que usaron armas. Los que son funcionarios públicos los entregué inmediatamente. Apenas vi las fotos los mandé a detener, y apenas la Fiscalía me los pidió los entregué con armas y todo”, dijo el mandatario en conferencia de prensa.
“Si alguno de ellos parece involucrado en alguna persona herida de bala o en alguno de los fallecidos que pague con cárcel, no protejo a nadie que dispare a nadie en este país en manifestaciones”, aseguró.
Miles de personas se concentraron el 12 de febrero en una marcha de estudiantes y de opositores que marcharon de forma pacífica contra el gobierno, sin embargo al término de la misma, grupos de jóvenes se dirigieron a la Fiscalía y entraron por calles laterales. Los últimos fueron víctimas de tiroteos y tres de ellos murieron.
Gobierno y oposición se han acusado mutuamente por la autoría de esos crímenes, perpetrados según reportes de prensa local, por hombres que se transportan en motocicleta.
Hoy el mandatario reconoció la participación de funcionarios de su gobierno en los ataques del 12 de febrero pero también sostuvo que hay “gente de carácter civil que estaban allí y que ha originado toda una campaña contra los colectivos venezolanos.
“Ya están buscando a algunos que está comprobado que dispararon, presos tienen que ir, lo primero no tenían que estar ahí ni de broma y segundo armados menos y tercero disparando menos”, añadió.
Maduro advirtió también de “posibles infiltrados” ya que ese día había funcionarios del Servicio de Inteligencia (Sebin) que incumplieron la orden directa de que los miembros de ese cuerpo tenían que acuartelarse.
“Estoy investigando todo eso y si llegaran a aparecer elementos se lo diría a mi patria y a ustedes de que hay conspiradores dentro del Gobierno o ha sido comprado algún funcionario, se lo diría al país con cuatro pares de voluntades que tengo y diría los nombres de los complotados tengan la seguridad”, afirmó.
El mandatario refirió que con la misma arma fueron asesinados Basil Alejandro Da Costa, un joven estudiante opositor, y Juan Carlos Montoya, miembro de un colectivo chavista.
“¿Qué cosa no? uno de aquí y uno de allá”, ironizó.
Tras esos incidentes, las protestas estudiantiles y opositoras se han multiplicado en todo el país, donde se han producido enfrentamientos y actos violentos que han dejado a la fecha ocho muertos y 137 heridos según la fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz.
En su programa de radio Justicia y Valores, que transmite Unión Radio, la funcionaria detalló que cuatro de los fallecidos fueron en el área metropolitana de Caracas, dos Carabobo, uno en Sucre y otro más en Lara.
Imagen de violencia, culpa de los medios
La imagen convulsa que persiste a escala mundial sobre la situación que se vive en Venezuela es, según el presidente Nicolás Maduro, una “campaña brutal de manipulación” por parte de las cadenas televisivas internacionales.
Luego de que anunciara el jueves pasado que su gobierno inició el proceso para cancelar la señal de la cadena CNN en Venezuela, por hacer “propaganda de guerra” el mandatario sostuvo:
“Estamos enfrentando en el mundo la campaña más brutal de manipulación que haya enfrentado la Revolución Bolivariana desde el golpe de Estado de 2002, desde el sabotaje petrolero de 2003 y desde la guarimba de 2004. Los medios de comunicación internacionales han llenado de odio″, afirmó Maduro.
La “campaña” que hace no sólo la cadena CNN, sino Univisión, Telemundo, NBC, Fox News, dijo, “ha creado la percepción de que hay guerra civil en el país”.
Lo que hay, insistió, es el desarrollo de un golpe de Estado. “Está en desarrollo la Guerra Económica, la Guerra Eléctrica” y una campaña para “demonizar” su imagen tildándolo de “dictador”.
“Esta es una campaña para demonizar a Maduro, el dictador, represivo, dictador (…) así como quisieron demonizar a Chávez”, acusó y pidió a sus homólogos de Colombia, Juan Manuel Santos; de Chile, Sebastián Piñera, y del mandatario de Paraguay, Ricardo Martinelli, que no se dejen influenciar en la división de América Latina.
La decisión de Maduro de sacar de cancelar la señal de CNN en Venezuela, como lo hizo con el canal de noticias NTN24 generó reacción entre organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Right Watch (HRW) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Patricia Janiot, la periodista de CNN, a quien le fueron retiradas sus credenciales para realizar su trabajo en Venezuela, denunció que fue víctima de “hostigamiento” por parte de las autoridades en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía cuando se disponía a salir del país.
“Fui protagonista de un incidente de hostigamiento. Cuando pasé la primera requisa de seguridad me pidieron en dos oportunidades que pasara mi zapato porque habían unas marcas oscuras en el tacón y querían verificar si se trataba de drogas o explosivos”, acusó.
La organización internacional HRW acusó al gobierno venezolano de revivir las tácticas de los regímenes autoritarios al censurar a medios de noticias y amenazar con perseguirlos penalmente por informar sobre los sucesos violentos.
“El gobierno venezolano ha adoptado abiertamente las tácticas habituales de los regímenes autoritarios, y ha encarcelado a opositores, censurado medios de comunicación e intimidado a la sociedad civil”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
A través de un comunicado, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, negó que exista censura en el país suramericano.
“Es falso que se haya instaurado censura previa. Hoy en día no existe, ni ante Conatel, el Directorio o ante alguna instancia administrativa o judicial, denuncia o demanda alguna de un medio de comunicación que afirme haber sido objeto de ella”, reza el comunicado.
Human Right Watch también se refirió al embate del gobierno venezolano contra la oposición y en particular contra su líder principal, Leopoldo López, acusado por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, instigación a delinquir e incendio y daños a edificios públicos en la marcha estudiantil del pasado 12 de febrero.
El gobierno, señaló, aún no ha presentado evidencias creíbles que vinculen estos hombres con la comisión de delitos.
“Todos aquellos líderes genuinamente interesados en la defensa de los principios democráticos en Venezuela deberían enviar un mensaje claro de que estas prácticas autoritarias son inadmisibles”, añadió Vivanco.
Por su parte la CIDH exigió al gobierno venezolano cumplir las garantías del debido proceso en el caso de Leopoldo López, dirigente del partido Voluntad Popular.
“El Estado tiene el deber de realizar investigaciones de oficio, destinadas al esclarecimiento de los hechos ocurridos en los últimos días y que se establezcan las responsabilidades a que haya lugar”, afirmó el organismo internacional.
Los procesos judiciales, abundó, deben ser conducidos de forma “diligente e imparcial” y con apego a las garantías del debido proceso.
Asimismo, enfatizó que para la CIDH es de “enorme preocupación la alegada utilización del poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos y la protesta social pacífica, y perseguir penalmente a los críticos o disidentes políticos”.
