MÉXICO, D.F. (apro).- La ministra Olga Sánchez Cordero decidirá si la Suprema Corte de Justicia de la Nación admite la controversia constitucional promovida por el presidente Enrique Peña Nieto, luego de considerar que un juez civil invadió las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Peña Nieto interpuso el recurso la semana pasada por considerar que el juez 32 de lo Civil en el Distrito Federal, José Guadalupe Mejía Galán, como integrante del Poder Judicial del DF, ejerció funciones que le corresponden al Ejecutivo federal.
A través de la Consejería Jurídica, el presidente Enrique Peña Nieto se inconformó ante un acuerdo emitido por el juez Mejía, quien le negó al IFT la facultad de decidir sobre el llamado must carry–must offer, el principio que permitiría que los canales abiertos públicos concesionados a Televisa y TV Azteca sean retransmitidos de forma gratuita por las televisoras de cable.
El acuerdo judicial respondió a la petición de Televisa como parte de la controversia que mantiene con la empresa Dish. En el juicio, el oligopolio argumenta que busca la defensa de los derechos de autor.
El Ejecutivo federal argumenta que la decisión es parte de las facultades que tiene el IFT con base en el artículo 62 de la Constitución Política. El Instituto, sin embargo, es un ente autónomo, por lo que la ministra Sánchez Cordero deberá analizar si la presidencia de la República tiene representación jurídica para interponer el recurso.
En caso de que la Corte admita la controversia, el acuerdo del juez queda suspendido, con lo que el tema de la retransmisión de canales podría regresar al pleno del IFT.
