Pese a su cercanía con la zona metropolitana, al municipio de El Salto no llegan las elementales medidas sanitarias ni la justicia. Sólo recibe las descargas residuales de cientos de industrias y las aguas negras de innumerables poblaciones a lo largo de la cuenca Lerma-Santiago-Chapala. A seis años de la trágica muerte del niño Miguel Ángel López Rocha por la contaminación del río Santiago, ninguna autoridad federal ni estatal ha hecho caso de las recomendaciones de las comisiones nacional y estatal de derechos humanos. Y la población afectada no tiene dinero para pagar abogados.
Miguel Ángel López Rocha, de ocho años, falleció el 13 de febrero de 2008 luego de caer accidentalmente al contaminado río Santiago en el fraccionamiento La Azucena, municipio de El Salto, cerca de la zona metropolitana de Guadalajara.
Han transcurrido seis años y la justicia no ha llegado para el menor ni para sus familiares, vecinos y activistas que la reclaman desde que ocurrió la tragedia. La mayoría de los habitantes de El Salto y Juanacatlán que están en peligro por la polución del río vive en la pobreza. Y la tumba de Miguel Ángel todavía está inconclusa.
En 2008, cuando murió el niño, en esa zona 600 personas cayeron enfermas y 47 murieron. El siguiente año los enfermos fueron 728 y hubo 23 muertes: 13 mujeres y cinco menores (Proceso Jalisco 275).
–¿Quién mató a Miguel Ángel? –se le pregunta al ambientalista Raúl Muñoz Delgadillo, presidente del Comité Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto.
–Las omisiones de los funcionarios de los tres niveles de gobierno. El mensaje que nos dan fue que el río lo mató, pero que ni uno de ellos es responsable. Y también fue la sociedad, porque no ha exigido con fuerza que se limpie el agua del río Santiago.
En 2012 fueron 44 los habitantes de El Salto fallecidos por causas asociadas a la contaminación del río, que –informa Muñoz Delgadillo– arrastra aguas negras y residuales de muchas industrias desde el Alto Lerma, en el Estado de México, pasando por Guanajuato y Michoacán.
De esas víctimas, 17 eran hombres (uno de 17 años) y 27 mujeres. La causa más frecuente resultó ser la insuficiencia renal (nueve casos), y le siguen tumores cerebrales (seis), cáncer de páncreas (cinco), cáncer de mama (cinco). Según las actas de defunción, el resto pereció por derrame cerebral, paro respiratorio y cáncer linfático, de pulmón, hepático, en el cuello uterino y de próstata.
El río Santiago es parte de la cuenca Lerma-Santiago-Chapala que atraviesa Jalisco y desemboca en la costa de Nayarit. En ambas entidades alimenta presas hidroeléctricas; en la primera entidad la de Santa Rosa y en la segunda, La Yesca (a punto de concluirse en los límites con Jalisco), El Cajón y Aguamilpa.
La planta de tratamiento de aguas residuales El Ahogado fue inaugurada en marzo de 2012, con una inversión superior a 850 millones de pesos. Su meta es tratar 40% de las aguas negras de la parte suroeste de la zona metropolitana de Guadalajara.
Sin embargo, dice Muñoz Delgadillo, “la planta de El Ahogado no nos sirvió porque no trata las aguas de El Salto y sí las de Tlajomulco. Nos venden la idea de que el río está saneado porque ya no lleva mucha espuma y dicen que ya bajó el aroma, pero no es cierto: los metales pesados siguen ahí”.
Las autoridades reconocen que no tratan las aguas residuales industriales y que el río arrastra grandes contaminantes desde los estados mencionados, así como de los municipios de Ocotlán, Poncitlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, El Salto y Juanacatlán.
En enero de 2009 la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió una recomendación de más de 200 fojas con 60 acciones dirigida a 17 autoridades; en ella las exhortó a atender la problemática ecológica en El Salto y Juanacatlán, así como a sanear el río Santiago (Proceso Jalisco 275).
Pero ni aun en la llamada “macro-recomendación” se indican nombres de responsables de la muerte del menor. “Es más, ni se menciona el nombre de Miguel Ángel López Rocha”, lamenta el activista.
Ahora, Muñoz Delgadillo dice tener sólo tres certezas: la primera es que “ni los senadores ni los diputados federales y locales han demostrado interés en hacer las reformas constitucionales para resolver el grave problema ambiental y de salud pública que representa tener un río muerto como el Santiago”.
La segunda, dice, es que “el gobierno de Jalisco ha hecho caso omiso de solicitar al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Gobernación que emitan una declaratoria de emergencia ambiental en El Salto y Juanacatlán, para que tengan acceso a recursos del Fonden para realizar las obras que se necesitan en la zona”.
Finalmente, afirma: “Los afectados hemos visto un desprecio total por parte de todos (los funcionarios implicados) para aceptar la recomendación”.
Al cumplirse el aniversario de la muerte de Miguel Ángel, habitantes de El Salto se manifestaron en Guadalajara para seguir demandando justicia.
El papel de la CNDH
“La muerte del agraviado (Miguel Ángel) se debió a una falla orgánica múltiple, condicionada por un cuadro séptico severo, complicaciones directas de una intoxicación aguda y grave por arsénico”, asentó a su vez la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el 2 de marzo de 2010 en su recomendación 12/2010.
En otro párrafo “solicita al director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) –en ese entonces el panista José Luis Luege Tamargo– indemnizar a los familiares del menor fallecido, por la responsabilidad institucional en que incurrieron servidores públicos de esa instancia”.
Asimismo, que “colabore con la CNDH en el trámite de la queja que promueve contra personal de la Conagua, así como con las investigaciones relacionadas con la averiguación previa que presente ante la Procuraduría General de la República”.
La recomendación de la instancia federal se basó “en diversos estudios y este organismo acreditó la contaminación del citado río con alto volumen de descargas de residuos químicos, principalmente metales pesados como plomo, cadmio, arsénico, mercurio y cianuro”.
Pero la Conagua rechazó la recomendación porque, según su respuesta, la CNDH “dejó de valorar las pruebas que le fueron aportadas por la Conagua para acreditar que se implementaron programas específicos para sanear el río Santiago y las periciales que demostraban que la causa de la muerte del menor no tuvo que ver con la supuesta contaminación del río Santiago”.
El 7 de abril de 2010 la CNDH lamentó el rechazo de la Conagua “aun cuando existen evidencias del riesgo que representa el río y que hace necesario que se tomen medidas que garanticen la salud de quienes viven en la zona”.
La comisión pidió entonces a la PGR que iniciara una averiguación previa para investigar la muerte del niño, pero nada se sabe del seguimiento de la misma que debió hacer el personal jurídico de la CNDH, dice Muñoz Delgadillo.
Para reforzar la demanda penal de la CNDH, vecinos de El Salto interpusieron la demanda 2107/09 ante la delegación estatal de la PGR, “pero cada que vamos nos sorprende la respuesta del agente del Ministerio Público, porque no encuentra la denuncia. La tienen enterrada con otros expedientes. Hay demanda pero no averiguación previa”, dice el defensor del ambiente.
Incluso, señala que el Comité Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto ha solicitado apoyo a diferentes grupos de abogados, pero éstos se desaniman por la complejidad del caso, además que ni vecinos ni los familiares de Miguel Ángel pueden pagar sus honorarios.
