El grupo W Sports –que diseñó el documento “Planificación e Instrumentación del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte”– asegura que debe crearse un organismo para gestionar las políticas y proyectos de “transversalidad deportiva” que dependa directamente de Presidencia de la República. Su función sería coordinar los diferentes proyectos deportivos apoyándose en diversas secretarías de Estado.
La consultoría, integrada sobre todo por españoles, defiende la existencia de esta nueva instancia porque la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) no tiene injerencia sobre secretarías como la de Educación Pública –de la que depende– o Salud. La Conade seguiría existiendo pero tendría menos funciones.
El grupo de expertos que encabeza el exfutbolista argentino Jorge Valdano plantea que esta nueva entidad reciba “apoyo especializado” de parte de la Conade, esté conformado por un equipo directivo y un equipo gestor, tenga presupuesto propio y sea el interlocutor en temas deportivos con las demás dependencias gubernamentales. El nuevo ente sería el principal responsable de concretar los cinco objetivos generales planteados por la propia consultoría: 1) aumentar la masificación del deporte social, 2) transformar el sistema deportivo mexicano mejorando su financiamiento y la capacitación de los responsables deportivos, 3) ampliar y mejorar la red de infraestructura deportiva, 4) volver más eficiente la gestión del alto rendimiento y 5) estimular la gestión del deporte desde una perspectiva transversal.
En el documento de 197 páginas, del cual Proceso tiene copia, se indica que dichos objetivos se articulan en 24 líneas estratégicas agrupadas en dos bloques: 1) introducir reformas en el gobierno federal (SEP y Conade particularmente) e 2) instaurar nuevas disposiciones en los institutos estatales del deporte, municipios, Comité Olímpico Mexicano, federaciones deportivas, medios de comunicación y empresas del deporte.
El plan detalla 103 medidas para incidir en la organización política del deporte, la edificación de instalaciones especializadas, la masificación de la actividad cardiovascular, el desarrollo de la educación física, el fortalecimiento de las federaciones deportivas, la mejora del alto rendimiento, la inclusión de las personas con discapacidad y la mayor instrucción en el entrenamiento profesional.
Además incluye proyectos para situar el deporte como eje coordinador de proyectos de carácter social, de promoción de la salud y de integración, entre otros.
La dependencia madre
En su objetivo 1 el proyecto marca que la SEP será responsable de “incrementar la dotación de docentes especialistas en educación física para la enseñanza pública”. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), en México hay 222 mil 350 escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) y sólo 80 mil 979 maestros de instrucción física, por lo que “se hace necesario incrementar el número de horas de contratación de este tipo de profesorado a 42 horas semanales.
“Esta aspiración pasa necesariamente por acrecentar la bolsa de horas que la SEP oferta anualmente para docentes de educación física, que es a todas luces insuficiente para cubrir la totalidad de las primarias y secundarias. Si a esto sumamos la necesidad urgente de aumentar en una hora la asignatura de educación física semanal, pasar de una hora a dos, como medida necesaria para reducir los alarmantes niveles de obesidad infantil, la urgencia en el incremento de la bolsa de horas para docentes debería duplicarse, con el consiguiente aumento de la dotación presupuestaria para este fin. La consolidación efectiva en todos los centros escolares de primaria y secundaria de la clase de educación física (una o dos horas semanales), impartida por profesorado especialista, se puede convertir en la medida más determinante en el cambio propuesto de las tendencias alarmantes de los niveles de salud generales de la población (obesidad, dislipemias, sedentarismo pertinaz, etcétera).”
El documento no dice de dónde podría sacarse el dinero para cumplir su recomendación.
En el objetivo 2 (transformar el sistema deportivo mexicano) se marca que el responsable general del proyecto será el presidente Enrique Peña Nieto, quien tendrá que emitir un decreto para modificar la estructura, funcionamiento y gestión de las federaciones deportivas mexicanas.
“La planificación de la política deportiva del país pasa por una reforma, modernización y profesionalización de las federaciones deportivas mexicanas, partiendo de experiencias normativas como las emprendidas en España en la Orden ECI/3567/2007 del 4 de diciembre, por la que se regulan los procesos electorales en las federaciones deportivas españolas.
“Las federaciones deportivas mexicanas son entidades privadas que, además de sus propias atribuciones, ejercen, por delegación, funciones públicas de carácter administrativo y actúan como agentes colaboradores de la administración pública; su naturaleza híbrida y las peculiaridades que impone la configuración legal de las mismas obligan al legislador a establecer que, al menos, la composición, funciones y duración del mandato de los órganos de gobierno y representación de las mismas se adapte a unos mínimos requisitos de calidad democrática, ordenando, con carácter básico y global, su estructura y funcionamiento.
“Las federaciones gozan de un régimen fiscal extraordinariamente generoso, reciben importantes subvenciones económicas, participan en la adopción de decisiones en materia de política deportiva y cuentan con el reconocimiento expreso de oficialidad de sus competiciones, atribuyéndoles, además, la gestión de un elemento representativo de la República a nivel internacional como es la selección nacional, fuente de la mayor parte de los recursos económicos privados que reciben. Por todo ello, la nación debe velar por que estas federaciones cumplan sus funciones delegadas conforme a los criterios exigibles, pero también que su estructura, funcionamiento y gestión sea acorde con la confianza depositada en ellas. El instrumento normativo oportuno para conseguir estos objetivos podría ser un decreto del presidente de la República.”
Otra de las medidas del objetivo 2 es acabar con la opacidad con que históricamente se han conducido las federaciones deportivas y asociaciones estatales. Para ello propone elaborar un “código de buen gobierno y transparencia” en la gestión de los recursos públicos, ya que “con frecuencia los dirigentes deportivos tienen problemas de imagen por cuestiones relacionadas con la opacidad económica”.
“El Código será de aplicación a las federaciones deportivas y podrá ser adoptado y adaptado a cualquier entidad deportiva que perciba subvenciones procedentes de los fondos gestionados por la Conade. El código formulará recomendaciones que sintetizan prácticas de buen gobierno y afectan la gestión y control de todas las transacciones económicas (gastos, ingresos, inversiones) que efectúen, independientemente de que éstas estén financiadas o no con el erario.”
Además se proyecta que ordene a los directivos de las federaciones no utilizar en beneficio propio la información que manejen en el ejercicio de su cargo ni la faciliten a terceros; también deben abstenerse de intervenir en deliberaciones y votaciones de cualquier cuestión en la que tengan un interés particular; no deben usar de forma indebida el patrimonio federativo ni valerse de su posición para obtener ventajas patrimoniales y prohíbe “que se aprovechen de las oportunidades de negocio que conozcan en su condición de miembros de la junta directiva y/o comisión delegada”.
Actualmente, las federaciones deportivas –a pesar de que reciben millonarios recursos públicos cada año– no están obligadas a transparentar el ejercicio de ese dinero y, con la aquiescencia de la Conade, lo gastan sin rendir cuentas a nadie.
