BOGOTÁ.- El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, asegura que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debe ordenar inmediatamente que el Estado colombiano decrete medidas cautelares para evitar su destitución e inhabilitación por 15 años, como ordena un fallo de la Procuraduría General de ese país.
La CIDH, con sede en Washington, “se ha demorado mucho en tomar medidas, yo ya estoy en un daño irreparable”, dice Petro en entrevista con Proceso.
El alcalde bogotano fue destituido en diciembre pasado por el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, por una supuesta falta administrativa.
Según la Convención Americana sobre Derechos Humanos, una autoridad como el procurador colombiano carece de facultades para destituir a funcionarios electos por el voto popular. Esto sólo puede hacerse mediante una “condena, por un juez competente, en proceso penal”, lo que no es el caso de Petro.
Aunque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acogió varias tutelas (amparos) que suspendieron su destitución, el alcalde sostiene que ya es hora de que la CIDH actúe, tal como pidió desde octubre pasado, cuando era inminente el fallo en su contra.
“Es urgente que la CIDH emita medidas cautelares que protejan mis derechos políticos. El efecto sería muy positivo para la democracia y el proceso de paz (con la guerrilla de las FARC), para aislar a la extrema derecha y para producir las reformas necesarias que permitan que la Convención Interamericana se aplique realmente en Colombia y se respete el voto popular”, indica el alcalde.
Recuerda que la CIDH no se ha pronunciado sobre el tema de fondo, que es la violación de sus derechos políticos.
Además, el Consejo de Estado (en el que participan algunos magistrados con familiares en la procuraduría) se dispone a analizar esas tutelas y puede revertirlas, lo que despejaría el camino para la destitución.
“(La CIDH) ya nos hubiera podido resguardar, blindarnos de un daño que ya es irreparable”, asienta Petro.
Los juristas coincidían en que el Consejo de Estado emitiría un pronunciamiento sobre las tutelas después del próximo 2 de marzo, cuando se realizará un referendo sobre la permanencia de Petro. Sin embargo, el pasado jueves 6 la presidenta de ese tribunal, María Claudia Rojas –cuyo hijo trabaja en la procuraduría– dejó abierta la posibilidad de que los recursos sean fallados antes de esa fecha. “Debemos tener un fallo oportuno”, aseguró.
Partidarios del alcalde creen que existe un interés político de los opositores de Petro para acelerar su destitución e impedir el referendo revocatorio. Explican que, según todas las encuestas, esa consulta será ganada por el edil de izquierda.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha dicho que acatará y hará cumplir las medidas cautelares dictadas por la CIDH, en caso de que ello ocurra.
Petro recibió la solidaridad de sus colegas alcaldes de las principales ciudades de América Latina, inclusive del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, quien expresó en una carta el pasado 13 de enero que la eventual destitución del alcalde bogotano “no sólo representa una violación a sus derechos políticos y de los ciudadanos que lo eligieron, sino también al ejercicio de la democracia local y de las libertades políticas”.
–¿Qué va a pasar si el Consejo de Estado eventualmente rechaza las tutelas antes de que se realice el referendo revocatorio y si no interviene en forma oportuna la Comisión Interamericana? –se le pregunta a Petro.
–Quedaría una pregunta, en especial entre la juventud, que es la que más me apoya: ¿Políticamente en Colombia no es posible acceder pacíficamente al poder? Imagínese lo que significa esa pregunta en un país con cinco décadas de violencia. Entonces, ¿qué pasaría ante una derrota de ese estilo? Yo pondría puntos suspensivos. Creo que sería un mensaje violento, sin duda, muy violento, que es lo que quiso hacer el procurador: un acto de violencia en contra de la democracia.
