En un caso que recuerda el proceso de desafuero que enfrentó en 2005 el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el alcalde de Bogotá sufre el embate de la ultraderecha de Colombia con el propósito de destituirlo e inhabilitarlo durante 15 años. Su “delito”: recuperar para su ciudad el control de la recolección de basura que estaba en manos de grupos privados vinculados con “narcoparamilitares”. La embestida es encabezada por el procurador general, Alejandro Ordóñez, católico ultraconservador que tiene nexos con Juan José Leaño, uno de los dueños de la Universidad Autónoma de Guadalajara.
BOGOTÁ.- El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, político izquierdista, combativo y polémico, ajeno a los círculos tradicionales de poder y cuya base de apoyo está entre las clases populares y los jóvenes, encara su inminente destitución por orden del procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, quien lo inhabilitó 15 años de la función pública por incurrir en “tres faltas gravísimas” al transferir a la ciudad, mediante un accidentado proceso administrativo que afectó a inversionistas privados, el control de la recolección de basura.
El alto nivel de rechazo suscitado entre los colombianos por esa sanción –siete de cada 10 la desaprueban– se ha traducido en un sorprendente repunte del alcalde en las encuestas, que antes lo desfavorecían, y ha puesto de relieve los mecanismos de resistencia de las élites cuando se enfrentan al ascenso de fuerzas alternativas que no se ajustan a sus reglas.
El concejal independiente de Bogotá, Juan Carlos Flórez, crítico de Petro, le reprocha su “deficiente capacidad de gestión y falta de rumbo gerencial”, pero considera que la sanción impuesta por el procurador fue “un exabrupto” que dejó un mal sabor de boca entre los ciudadanos.
Ordóñez es un católico ultraconservador lefebvrista que exalta a los cristeros mexicanos como “mártires que ofrendaron su vida por el reinado social de Cristo”. Desde la procuraduría (instancia administrativa, no penal, que equivaldría a una contraloría federal) promueve una cruzada contra el matrimonio entre parejas del mismo sexo –legal aquí– y contra el derecho de la mujer al aborto en casos de violación, malformaciones congénitas o peligro de muerte de la madre. El grupo neonazi colombiano Tercera Fuerza lo considera “el último hombre en pie con sentido común”.
Petro es exguerrillero del M-19, desmovilizado en 1989. Como representante (diputado) y senador fue un incisivo fiscalizador de funcionarios corruptos. Sus denuncias desde el Congreso fueron determinantes para destapar la “parapolítica”, una alianza criminal entre grupos narcoparamilitares de extrema derecha y políticos cercanos al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Como alcalde ha sido promotor de los derechos de la mujer, de las minorías raciales y de la comunidad homosexual.
Sandra Borda, profesora de ciencias políticas de la Universidad de Los Andes, sostiene que el cambio del modelo de recolección de basura de Bogotá –pasó de privado a mixto en diciembre de 2012 y fue el origen del fallo de destitución– fue aplicado por el alcalde “a las patadas y, por supuesto, hay una responsabilidad de él, quien lo hubiera podido hacer sin tanto desorden y sin tanta improvisación; pero lo cierto es que estaba pisando intereses económicos privados muy poderosos, vinculados con medios de comunicación, con la clase política tradicional”.
Carlos Mario Pérez, profesor de la Universidad Nacional, dice que la arremetida contra Petro le recuerda el proceso de desafuero que enfrentó en México en 2004 y 2005 el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, en contra de quien Vicente Fox promovió una causa por el supuesto desacato de una orden judicial para suspender la construcción de una calle en un terreno expropiado.
Perea, quien en esos años cursaba un doctorado en la UNAM, dice que los casos contra Petro y López Obrador “tienen muchas similitudes: son alcaldes de izquierda en las capitales de países gobernados por la derecha; en ambos casos abusan del poder quienes buscan destituirlos y, claramente, detrás de todo hay el interés de truncar sus carreras políticas”.
Persecución
El fallo del procurador contra Petro fue suspendido temporalmente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero el Consejo de Estado se apresta a resolver en los próximos días el fondo de las tutelas (amparos) que detuvieron el procedimiento. Si las rechaza, el presidente Juan Manuel Santos deberá firmar la destitución del alcalde, a menos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordene medidas cautelares al Estado colombiano.
El país, mientras tanto, está en ascuas frente al rumbo que puede tomar esta controversia política y jurídica, la cual, de acuerdo con Petro, pone en riesgo el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se desarrolla en La Habana.
El alcalde bogotano, de 53 años, maestro en economía con especialidades en administración pública, medio ambiente y desarrollo poblacional, dice a Proceso que enfrenta “una persecución ideológica que no es extraña en Colombia. La historia de Colombia está llena de la eliminación, por parte de una élite, de sus contradictores, y esta eliminación muchas veces ha sido física y muchas veces política”.
Agrega: “Hoy se ven ambas cosas actuando de manera conjunta: asesinatos (desde abril de 2012 han sido acribillados 30 dirigentes de la izquierdista Marcha Patriótica, que encabeza la exsenadora Piedad Córdoba) y la eliminación política, como es mi caso, de contradictores de una extrema derecha que se acostumbró a gobernar el país, que no quiere la paz, que se ha enriquecido con la guerra y que le teme a la democracia”.
Petro ha encabezado masivas protestas en repudio al veredicto de destitución en las cuales sus simpatizantes han llenado la Plaza de Bolívar, epicentro de los poderes públicos en Bogotá. Los sondeos muestran que los ciudadanos se cuestionan si las razones del fallo de Ordóñez son jurídicas o son parte de una campaña de las élites colombianas contra un político izquierdista al que observan como enemigo desafiante e incómodo.
En Colombia es pública la cercana relación ideológica del procurador con Uribe Vélez, el líder de la ultraderecha colombiana y con quien comparte su férrea oposición a los diálogos de paz que desarrolla el gobierno de Santos con las FARC.
En su despacho de la alcaldía, Petro indica que hay “varios intereses” entrecruzados en la campaña en su contra. “El principal, el más poderoso, el que más aglutina a los sectores de la extrema derecha, es el interés de acabar con el proceso de paz con las FARC”.
–¿Por qué su destitución acabaría con el proceso de paz? –se le pregunta.
–Porque soy un excombatiente –explica–. Dejé las armas, he sido congresista, candidato presidencial (del Polo Democrático Alternativo, en 2010, cuando obtuvo 9.1% de votos) y ahora tengo el segundo cargo más importante del país, por el poder económico y presupuestal de Bogotá (la alcaldía manejará 7 mil 365 millones de dólares este año). Eso hace que yo sea un blanco específico para que la extrema derecha pueda demostrar que en Colombia no hay garantías y que, a cualquiera que deje las armas, le podría pasar lo mismo, ser perseguido, destituido. Es el mensaje a La Habana.
El pasado 11 de diciembre, dos días después de que el procurador decretó la destitución de Petro, las FARC señalaron en un comunicado que ese fallo es un golpe para el proceso de paz, el cual busca poner fin a un conflicto armado interno de 50 años que ha dejado más de 220 mil muertos.
“De un solo plumazo Ordóñez nos dio a los alzados en armas una lección sobre lo que para la oligarquía significa la democracia en Colombia y sobre las nulas garantías para ejercer un ejercicio político independiente”, indicaron.
Contratistas
Según cifras de la alcaldía, con el modelo de recolección de basura que objetó el procurador y se puso en marcha en diciembre de 2012, la ciudad se ahorró en un año 25.3 millones de dólares que dejaron de ganar los operadores privados desplazados del negocio o con su participación acotada con el nuevo esquema.
Petro señala en especial a William Vélez Sierra, amigo de Uribe Vélez, y a Alberto Ríos, casado con la periodista de Caracol Radio, Darcy Quinn. Ambos son concesionarios de servicios públicos en diferentes regiones.
Desde que el alcalde era senador acusó a Vélez de estar relacionado con el narcoparamilitarismo. “Más de siete jefes paramilitares del orden nacional lo han acusado de hacer negocios con ellos”, afirma. De Ríos asegura que es socio de Pedro Ojeda, a su vez “amigo de la infancia y socio” del desmovilizado jefe narcoparamilitar Salvatore Mancuso, que cumple sentencia por narcotráfico en Estados Unidos.
–¿Cuál es la relación entre los contratistas del Estado y el narcotráfico?
–Es que después de que el narcotráfico abandonó el lavado de dólares mediante la compra de tierra, ha decidido lavar sus dólares a partir de capturar el poder político regional y de usar la contratación estatal con ese fin. Las concesiones de servicios públicos no escapan a eso. Son negocios altamente rentables, muy líquidos, y varias mafias se han venido quedando con el mercado del aseo y del agua potable en todo el país.
Petro asegura que los contratistas perjudicados con el nuevo modelo del servicio público de limpieza “están detrás de toda esta campaña y la fiscalía tiene testimonios, confesiones, indicios de cómo fueron la operación, las reuniones y la entrega del dinero para lograr que el alcalde fuera destituido utilizando al procurador”.
Más allá de las fronteras nacionales, Ordóñez está vinculado con la extrema derecha hispanoamericana a través de la fundación de tradicionalistas monárquicos católicos Elías de Tejada. En esa cofradía coincide con connotados personajes del conservadurismo duro latinoamericano, como el empresario tapatío Juan José Leaño Espinosa, uno de los propietarios de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), cuna del grupo fascista Tecos.
En 2007 Ordóñez viajó a Guadalajara para participar en un foro de la UAG –Fe y ciencia. En ti, ¡oh Señor!, tengo puesta mi esperanza–, donde Leaño le otorgó un reconocimiento luego de que el entonces magistrado del Consejo de Estado dictara una conferencia en la cual deploró “el proceso de descristianización en Hispanoamérica”, arremetió contra el Estado laico y dijo que en América Latina “necesitamos Estados católicos y una educación católica, pues mientras esto no exista, no se enseñará la paz de Cristo”.
El procurador es doctor en derecho y ciencias políticas por la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, a la cual sigue vinculado. Siempre ha sido un conservador cuyas habilidades políticas nadie pone en duda. Luego de cumplir un primer periodo como procurador general de Colombia, en 2012 logró reelegirse para otro cuatrienio con el voto mayoritario de los senadores, a quienes por ley corresponde designar al titular de ese cargo.
De acuerdo con una investigación del portal La silla vacía, la nómina de la procuraduría ha sido la principal arma de Ordóñez para lograr su reelección y mantener aseguradas las lealtades políticas en el Senado y en los altos tribunales encargados de su control. Hasta finales de 2012 tenía trabajando en la dependencia a su cargo a amigos o familiares de 64 senadores –de 102– y de 22 magistrados de las altas cortes de justicia.
Los partidarios del procurador, quien goza de una opinión favorable sólo entre 29% de los colombianos, destacan que al revisar los fallos de Ordóñez se cae el argumento de que sus decisiones responden a sus convicciones ideológicas, pues ha destituido y sancionado a 800 alcaldes, 18 gobernadores y 23 congresistas de todos los partidos políticos, desde uribistas hasta izquierdistas, aunque estos últimos son los más afectados. “Con los políticos paramilitares ha sido muy indulgente”, dice Perea.
Este corresponsal le solicitó una entrevista al procurador. Su oficina de prensa indicó que tramitaría la solicitud pero, apuntó, “la agenda del señor procurador está bastante apretada”.
Referéndum
Al margen del proceso de destitución, el alcalde bogotano enfrentará el próximo 2 de marzo, siempre y cuando no se haga efectiva su remoción del cargo antes de esa fecha, un referendo revocatorio en el cual los votantes podrán ratificarlo en el puesto o derogar su mandato. La consulta fue convocada tras una campaña de recolección de más de 330 mil firmas.
El referéndum es una tarea cuesta arriba para los adversarios de Petro. Para que éste sea válido deberán participar al menos 1 millón 234 mil votantes, cifra difícil de alcanzar, según analistas. Además, la popularidad del político izquierdista llegó a 62%, 17 puntos más que en noviembre, según una encuesta del Centro Nacional de Consultoría.
Entre las clases baja y media-baja el nivel de apoyo oscila entre 63% y 86%, mientras que entre los jóvenes de 18 a 25 años su imagen positiva asciende a 80%.
Flórez considera que la sanción del procurador suscitó una adhesión de una parte del centro político con el alcalde, lo cual revela que durante su gestión, comenzada en enero de 2012, pudo haber convocado a ese segmento para acompañar su proyecto político, y no lo hizo.
De acuerdo con el historiador y especialista en gestión urbana las cifras oficiales indican que la alcaldía de Bogotá registró en 2013 un subejercicio presupuestal de 2 mil millones de dólares, equivalentes a 29% del total, lo que revela serios problemas en la ejecución de proyectos.
–¿Usted es chavista, como afirman sus críticos? –se le pregunta a Petro.
–Los indicadores de Bogotá muestran un resultado espectacular en política social (la pobreza es de 9.5%, un tercio del promedio de América Latina), en política económica, con creación de empleo. Por eso 60% de los bogotanos (el doble que hace un año) aprueba mi gestión. Eso es por la eficacia de unas políticas que no sé si me asimilan a Hugo Chávez (el fallecido presidente venezolano). Yo no diría eso. Me asimilan a un progresismo latinoamericano con fuertes bases técnicas y sociales.
La lista de enemigos que ha acumulado el alcalde bogotano desde su paso por la guerrilla hasta estos días de confrontación política y legal es extensa y en ella figuran adversarios muy poderosos. El martes 4, las paramilitares Águilas Negras lo amenazaron de muerte en un panfleto que indica: “La cabeza de Petro rodará y con ella jugaremos futbol”. El exguerrillero es uno de los hombres mejor custodiados del país.
Algo que pocos se explican y ha salido a relucir en estos días es por qué en 2008, como senador, Petro votó por Ordóñez cuando se postuló por primera vez a la procuraduría. Él antes decía que fue un gesto de pluralidad democrática, pero ahora sostiene que lo hizo “por pendejo”.
