En los últimos tres años han sido asesinados dos directivos de la Universidad de Guadalajara –el último apenas el martes 14– y 10 estudiantes sin que las autoridades estatales y las de la propia institución se preocupen por aclararlos. El investigador Carlos Castañeda, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, dice que a la universidad parecen no interesarle esos casos ni las desapariciones; menos aún la venta de estupefacientes en algunos de sus centros de estudio.
La noche del martes 14 fue acribillado en el barrio El Santuario Ricardo Ruelas Munguía, El Doc, funcionario del Sistema de Educación Media Superior (SEMS), quien se desempeñaba como oficial mayor de la Preparatoria 11.
Ruelas Munguía cayó 25 meses después de que fuera ultimado Fernando González Sandoval, director de la Preparatoria 7 de la Universidad de Guadalajara y cercano al líder del Grupo Universidad, Raúl Padilla López.
A ellos deben sumarse los homicidios de 10 estudiantes en los últimos tres años: cuatro fueron ejecutados en las instalaciones de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG) en diciembre de 2011; otros tantos aparecieron descuartizados en mayo de 2012 en Ixtlahuacán de los Membrillos, y dos alumnas más en dos hechos diferentes.
Los asesinatos reavivan las críticas contra la UdeG por la tibia reacción de la comunidad académica y contra las autoridades estatales por la falta de resultados, consideran Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador de los diputados del partido Movimiento Ciudadano (MC) y exdirigente universitario de Estudios Políticos, y el investigador Carlos Castañeda, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
El crimen de Ruelas Munguía –el segundo contra un funcionario de la UdeG– ocurrió en el cruce de las calles Manuel Acuña y Pedro Loza, en el primer cuadro de la ciudad, justo donde cinco días antes autoridades federales realizaron un operativo en el cual decomisaron medicinas ilegales, drogas y armas de fuego.
El Doc, de 42 años, era vecino de esa área, donde tenía tres locales comerciales, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara. En uno de ellos, ubicado en Pedro Loza 430, a menos de una calle del Santuario de Guadalupe y a seis cuadras del Palacio Municipal de Guadalajara, rentaba computadoras a los estudiantes.
El responsable de la Coordinación de Seguridad Universitaria, Montalberti Serrano Cervantes, sostiene que el crimen es ajeno a la institución. No obstante llama la atención la rapidez con la que actuó la representación de la Fiscalía Central que encabeza Rafael Castellanos, cuyos investigadores acudieron al lugar donde fue acribillado Ruelas.
El martes 21 el diario Mural informó que voces ligadas a la investigación del caso dejaron correr la versión de que presuntamente el sábado 11 Ruelas iba a ser despojado de su vivienda; incluso fueron consignados dos sujetos ante el juez cuarto en Materia Penal bajo el cargo de intento de despojo, destacó el periódico.
Algunos vecinos comentaron que Ruelas fue asesinado cuando estaba a punto de ingresar a su casa. Al descender de su camioneta se le acercaron dos desconocidos, uno de los cuales le disparó nueve veces a quemarropa. Murió de inmediato. Su cuerpo quedó tendido a la mitad de la calle. Los agresores huyeron en una camioneta CRV Honda blanca, según los testimonios.
Serrano Cervantes comenta a Proceso Jalisco que Ruelas siempre se mantenía atento a los llamados de las autoridades centrales para prestar el apoyo necesario en asuntos de seguridad en la Preparatoria 11:
“Lo recuerdo como un funcionario responsable y trabajador. Tenía dos hijos a los que quería mucho. La referencia que tengo es que la ola de violencia no excluye a nadie. La verdad, no tenemos claro si fue un asalto, una discusión o una ejecución.”
Asegura que no hay información precisa y que las versiones de que ya lo esperaban se contraponen a otras que indican que al momento de su arribo a las afueras de su casa fue abordado por los criminales.
Negligencia
Las zonas aledañas a las preparatorias y los centros universitarios se han convertido en verdaderas junglas para los delincuentes, sostiene Montalberti Serrano, pero no por ello debe considerarse a la UdeG como detonante del asesinato de Ruelas.
Tampoco lo fue, dice, el director de la Preparatoria 7, Fernando González, ejecutado el 10 de diciembre de 2011 sobre avenida Pablo Neruda, a unos metros de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guadalajara, en Zapopan.
Minutos después los uniformados zapopanos localizaron la camioneta en la que huyeron los agresores –una Ford pick up matrícula JL-56628– y detuvieron a Iván López Gómez, uno de los presuntos asesinos identificado, que formaba parte de la escolta de un funcionario de la UdeG.
Durante meses, el entonces exdirector de la Preparatoria 10, Alfonso Partida Caballero, se quejó por la falta de resultados en torno al caso. El procurador Tomás Coronado Olmos se limitó a decir que el crimen se debió a diferencias entre González y personas ligadas a la casa de estudios. El asunto nunca se aclaró, lo que ahondó las diferencias entre el Grupo Universidad y la administración del panista Emilio González Márquez.
Clemente Castañeda, coordinador del MC en el Congreso local, dice que las autoridades universitarias deben atender el asunto de las desapariciones y los homicidios de estudiantes, pues “preocupa que el sector universitario sea uno de los más golpeados por la violencia”.
E insiste: el fiscal Luis Carlos Nájera tiene la obligación de redoblar esfuerzos ante los raquíticos resultados por parte de las autoridades, sobre todo porque el MC le dio confianza a ese funcionario para que se integrara al gabinete de Jorge Aristóteles Sandoval.
Por lo que atañe a la UdeG, el legislador considera que ésta debe levantar la voz para exigir el castigo a los responsables de los asesinatos y denunciar ante la opinión pública la falta de respuesta oficial.
Su colega del ITESO Carlos Castañeda, quien participó en el informe del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) –en el cual se documentan 2 mil 275 desaparecidos en la entidad durante 2012– (Proceso Jalisco 480), asegura que lo buscó personal de comunicación de la UdeG para entrevistarlo sobre ese tema.
Según él, el asunto de los desaparecidos no es prioritario para los proyectos de investigación de la universidad, aun cuando algunos de los desaparecidos y asesinados en los últimos años estaban ligados a ella.
Hace unos días, el rector Tonatiuh Bravo Padilla habló sobre la inseguridad en Jalisco, y dijo que ésta existe en los centros universitarios, sobre todo en la región norte, donde la universidad trabaja a través del Centro Universitario del Norte –en los límites con Zacatecas y con sede en Colotlán– y en la frontera con Michoacán.
En ambos casos, expuso Bravo Padilla, las entidades vecinas llevan años convulsionadas por la violencia de las bandas delincuenciales que se disputan las plazas.
El rector declinó hablar sobre los asesinatos de los 10 estudiantes y de los dos directivos universitarios en los últimos años; tampoco se refirió a la venta de drogas en una de las áreas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
