No fue por la presión ciudadana ni por la vergüenza de ver exhibidas las trampas que hacen para embolsarse el presupuesto del Congreso; fue por una orden directa del gobernador Aristóteles Sandoval que los legisladores priistas renunciaron a la partida 412 para la operación de las llamadas casas de enlace, que escandalizaron a la gente por el derroche de recursos y su nulo funcionamiento. Pero con las elecciones de 2015 a la vuelta del año, los tricolores anunciaron la medida como una respuesta pronta al reclamo ciudadano.
Marcados ante la opinión pública por su voracidad para asignarse el presupuesto del Congreso local, 37 de los 39 diputados tuvieron que renunciar a la partida 412, destinada a la operación de sus “casas de enlace” con la ciudadanía. Pocos lo hicieron voluntariamente. Los del PRI obedecieron una orden del gobernador Aristóteles Sandoval y los del PAN porque al parecer ya no tenían más remedio, si no querían verse como los únicos codiciosos.
La bolsa de 43 millones de pesos anuales se repartía entre todas las fracciones, a razón de 93 mil pesos mensuales por legislador. Sin embargo, en las casas de enlace se daban clases de zumba o de corte y confección, o los legisladores las convertían en sedes de campaña en tiempos preelectorales.
En ciertos casos ni siquiera existían. La legisladora priista Idolina Cosío Gaona, hija del exgobernador Guillermo Cosío Vidaurri y ligada al magisterio estatal, afirmaba que su casa de enlace estaba en Fidel Velázquez y Mérida, municipio de Guadalajara, cuando ahí era una bodega. Pero recibía puntualmente los 93 mil pesos.
Igual sucedió con los diputados panistas Juan Carlos Márquez y Guillermo Martínez Mora. Tres de sus compañeros, Hernán Cortés Berumen (exdirigente estatal del PAN), José Luis Munguía (presidente de la Comisión de Seguridad) y Mariana Arámbula también fueron señalados en el diario El Informador, el 23 de abril de 2013, entre quienes recibían el dinero sin que funcionaran sus casas de enlace.
El periódico enlistó también al coordinador de la bancada perredista, Enrique Velázquez, y al verde ecologista Jesús Palos.
Cabe destacar que la perredista Celia Fausto Lizaola y el excoordinador de la bancada del PRI Miguel Castro Reynoso se abstuvieron de tomar ese dinero desde el inicio de su gestión.
La partida 412 era dos veces mayor al monto que el Poder Judicial requiere para construir un nuevo juzgado y enfrentar el rezago en la impartición de la justicia. La actual legislatura planeaba destinar a esa partida 138 millones de pesos, suficientes para construir seis nuevos juzgados.
En entrevista, el académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG) Andrés Valdez Zepeda indica que esos recursos pudieron aplicarse de otra forma para beneficiar directamente a la sociedad. Para él, con la renuncia al dinero de sus casas de enlace los diputados quieren lavar su imagen, pero a destiempo, ya que los medios de comunicación exhibieron ante la opinión pública sus caprichos y excesos.
“Al menos queda un mensaje a los ciudadanos, en el cual se advierte que la crítica social sí cuenta y hay cierto nivel de sensibilidad para detener un abuso o el exceso de los legisladores”, opina.
El 6 de octubre Milenio Jalisco informó que con el dinero asignado a sus casas de enlace, los diputados compraban golosinas, tampones, rastrillos y botas. También pagaban la gasolina y clases de zumba, cultura de belleza o de corte y confección. Algún legislador pagó con esa partida la impermeabilización de un templo católico.
Con otras connotaciones, el diputado del Movimiento Ciudadano Clemente Castañeda pagó la construcción de una unidad deportiva en la colonia Arroyo Hondo, con la intención beneficiar a miles de habitantes de una zona marginada de Zapopan; y una diputada panista supuestamente entregó sillas de ruedas a personas discapacitadas.
Sin embargo, para Valdez Zepeda ni siquiera esas acciones altruistas –aun si no tuvieran trasfondo proselitista– justificaban la función de los diputados:
“Todos esos gastos están fuera de norma. Las funciones de un legislador, según la Ley Orgánica del Poder Legislativo, son básicamente cuatro: una tiene que ver con legislar, aprobar, reformar o derogar iniciativas o reglamentos a nivel del estado; otra, con la fiscalización del uso de recursos públicos a través de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco y con la revisión y aprobación de las cuentas públicas; la tercera, con los nombramientos de consejeros electorales, magistrados y otros funcionarios del Poder Judicial o de otros organismos descentralizados, como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y la cuarta con la aprobación de presupuestos de los ayuntamientos y del Poder Ejecutivo.”
No obstante, explica, al diputado se le ha visto históricamente como un gestor, sin justificante legal para ello. “Eso se implantó cuando existía el partido hegemónico de Estado y éste buscaba votos corporativos”, apunta.
Austeridad forzada
Entre el sábado 18 y el domingo 19, el gobernador Aristóteles Sandoval se reunió con la mayoría de los diputados priistas en Casa Jalisco y les ordenó que cerraran las casas de enlace. Aun así, para que esto sucediera fue necesario que se les adelantara la bancada de Movimiento Ciudadano y exigiera públicamente al PRI y al PAN que renunciaran al impopular apoyo.
Valdez Zepeda anticipa que, a pesar de ese anuncio, poco cambiará la imagen de la LX Legislatura: “Para amplios sectores de la sociedad, tanto a nivel nacional como estatal, el diputado es un político corrupto, flojo, demagogo, y es un abusador del poder público”.
Para el académico de la UdeG, estos hechos también confirman que, por inercia histórica, el gobernador en turno se convierte en el “gran legislador” y muchos diputados no entienden que el Legislativo debe promover el equilibrio entre los poderes de la entidad y ser contrapeso de las decisiones a veces arbitrarias o excesivas del Ejecutivo:
Esos legisladores “dan por hecho que la división de poderes no existe y responden de manera disciplinada (a su partido); en el caso de los partidos opositores se da el acuerdo y la dádiva, o la compra de voluntades”.
A decir de Valdez Zepeda, tras el escándalo con las casas de enlace tiene que reabrirse la discusión sobre la conveniencia de reducir el número de diputados en el Congreso local.
“La tendencia internacional apunta a reducir las burocracias o la obesidad del Estado con la idea de hacerlo más delgado, más eficiente y menos costoso –abunda el entrevistado–, y en el caso de México la discusión se centra en la posibilidad de desaparecer las diputaciones de representación proporcional, porque los diputados llegan al Congreso sin hacer campaña ni representar a nadie. En Jalisco hay 19 diputados de representación proporcional y mucha gente considera que es un exceso.”
Desde el 13 de enero, los legisladores de Movimiento Ciudadano habían anunciado que no querían seguir recibiendo la partida para las casas de enlace y renunciaron formalmente a ella la mañana del 21 de enero. Horas después, los priistas renunciaron públicamente a la dádiva y los últimos en reaccionar fueron los del PAN y del PRD.
Una lectura de esos hechos es que Aristóteles Sandoval alcanzó a subirse en el tren para evitarle más golpeteo a la bancada del PRI en el Congreso, con miras a las elecciones de 2015. Incluso, el líder estatal del PRI, Hugo Contreras, adelantó el 20 de enero, ante los medios de comunicación y la mayoría de sus correligionarios, que el cierre de las casas de enlace era una respuesta a la ciudadanía:
“El PRI no puede ser omiso a las circunstancias de la opinión pública. Lo importante para el PRI es ser congruente, y los diputados que quieran seguir trabajando en sus casas de enlace con sus propios recursos, lo pueden hacer.”
El PAN tuvo más problemas para manejar políticamente el asunto. El anuncio del cierra de las casas de enlace panistas coincidió con la formación de un grupo “independiente” de 10 legisladores (G-10), quienes desde ese 21 de enero se convirtieron en la segunda fuerza política de la LX Legislatura.
Integran la nueva fracción Ricardo Rodríguez Jiménez, Alberto Esquer Gutiérrez, Luis Guillermo Martínez Mora, Víctor Manuel Sánchez Orozco y Juan José Cuevas (antes en la bancada panista) y los cinco diputados de Movimiento Ciudadano: Clemente Castañeda, Salvador Zamora, Verónica Delgadillo, Julio Nelson y Fabiola Loya.
No obstante, sus miembros dicen que el G-10 pretende unir esfuerzos para sacar adelante la “agenda común” legislativa. El diputado Guillermo Martínez Mora insistió en que no eran una escisión de Acción Nacional: “Seguimos siendo panistas; esta de ninguna manera es una alianza política, sino una alianza legislativa. No es un grupo de partidos”.
El coordinador panista en el Congreso, Gildardo Guerrero, declaró que “aplaudía” el surgimiento del G-10 y se negó a reconocer fallas en la conducción de su fracción parlamentaria:
“El PAN es la segunda fuerza política en el estado, somos más allá de una aventura de un caudillo”, dijo en alusión al fundador de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez, el excandidato a la gubernatura que ahora es considerado un fuerte aspirante a la alcaldía de Guadalajara para 2015.
