BOGOTÁ.- Mientras el estado de Colorado legaliza la mariguana para usos “recreativos”, Latinoamérica lidia con las políticas represivas de contención del narcotráfico impulsadas por Washington, con sus secuelas de violencia y un creciente consumo interno de drogas, cuyo componente central es el interés de las mafias por ampliar sus rentas con la creación de nuevos mercados.
Para el secretario de Integración Social de Bogotá, Jorge Rojas, esta realidad debe llevar a los países de la región a reconocer que “mientras la droga sea ilegal, mientras los narcotraficantes sometan a la población civil, a los habitantes de calle, por la vía de la adicción y el crimen, vamos a tener dificultades; dicho en otras palabras, sólo legalizando la droga podemos resolver este problema”.
–¿Sólo legalizando la droga?
–Sólo legalizando la droga, sólo legalizando el consumo para que las personas no tengan que acudir a los grupos mafiosos para resolver sus problemas de ansiedad y de salud pública y para que no tengan que terminar en la cadena de la criminalidad por esa vía.
En entrevista con Proceso, Rojas sostiene que mientras no se despenalice el consumo de drogas será imposible acabar con las mafias que controlan el negocio y que tienen en el Bronx bogotano el epicentro nacional del microtráfico de estupefacientes. Ese sector, localizado junto a un cuartel y a sólo 400 metros de la comandancia de la Policía Metropolitana de la capital colombiana, es el mayor centro de consumo en el país y el principal punto de distribución de droga de Bogotá, urbe de más de 7 millones de habitantes.
De acuerdo con Rojas, en el Bronx –donde los ganchos (mafias) Mosco, Manguera, Homero, Nacional, Morado y América ejercen control territorial– las autoridades desarrollan una estrategia que “trata de ganar la legitimidad del Estado, pero una es la legitimidad que gana la policía combatiendo el delito y otra es la que gana el gobierno de la ciudad atendiendo a las víctimas, a los habitantes de calle, a los drogodependientes”.
El gobierno que encabeza el alcalde Gustavo Petro, exguerrillero del M-19, maestro en economía y especialista en desarrollo poblacional, decidió enfrentar el problema social del Bronx y de sus 2 mil habitantes adictos al bazuco con un programa de rehabilitación llamado Centros de Atención para Drogadictos (Camad), el cual consta de una flotilla de autobuses en los que se ofrece rehabilitación a los farmacodependientes.
La idea original era seguir el ejemplo de un programa que se aplica en Vancouver, Canadá, y suministrar a esos enfermos dosis controladas de mariguana como parte de un tratamiento que los ayude a dejar la adicción al bazuco, uno de los enervantes más potentes y dañinos que hay. El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, ultraconservador que encabeza una cruzada contra la homosexualidad y los matrimonios entre personas del mismo sexo, rechazó con vehemencia la iniciativa al considerar que de esa manera “se está promoviendo” la violencia. El fiscal general, Eduardo Montealegre, opinó en cambio que “el país no debe tenerle miedo a propuestas audaces, como la del alcalde”.
Para Rojas, la drogadicción es un problema de salud pública que se debe atender desde esa perspectiva y no con políticas represivas.
–Para enfrentar este problema, ¿es necesaria la despenalización? –le preguntamos.
–Es que si se legaliza el consumo de drogas –plantea Rojas– vamos a poder desmantelar las mafias del narcotráfico y dedicarnos de verdad a atender a los drogodependientes con una visión de salud pública. Ahora, en los Camad estamos suministrando unos ansiolíticos y medicamentos permitidos, pero estamos haciendo consultas con el gobierno nacional para hacer uso de un artículo de la Constitución que dice que las drogas son prohibidas excepto en casos que se requieran para investigación científica o tratamientos médicos.
–¿Qué drogas se busca usar en esos tratamientos?
–Quisiéramos tener la posibilidad de suministrarle a los adictos, de manera controlada y bajo supervisión médica, por ejemplo mariguana, que está demostrado que causa menos daños que lo que consumen en las calles del Bronx: bazuco o cocaína. Si logramos controlar a esas personas con mariguana y tratamiento psicoterapéutico, es probable que podamos empezar a resolver de fondo esta situación.
–¿Cuál ha sido la reacción del gobierno nacional?
–Hay miedo. El alcalde de Bogotá está a la vanguardia, como lo está Uruguay (donde se despenalizaron la producción y el consumo de mariguana), como lo están algunas ciudades de Estados Unidos y Canadá, y ha tenido la claridad para decirle al país que por la vía de la represión no resolvemos problemas como los que ocurren en las calles del Bronx.
“Porque no se trata de ir con el ejército y la policía a sacar a esas personas y limpiar el Bronx. ¿A dónde van a ir después? Ellos tienen dignidad, tienen derechos, y hay que respetarlos. Ésa es la orden del alcalde, respetar sus derechos, dignificarlos y abordar esto como un problema de salud pública.”
–¿Qué opina de los resultados de la intervención que se hizo en el Bronx el año pasado? Porque las mismas mafias siguen operando ahí.
–Se dio la intervención, pero la orden del alcalde, más allá de las funciones propias de la policía, de sus operativos, que los hizo bien, y de la reincidencia que pueda haber, es garantizarle a las personas que habitan ahí un lugar para que puedan dormir, baños, condiciones de mayor dignidad. La Dirección Nacional de Estupefacientes anunció que nos entregará siete predios (en ese sector), que usaremos para ese fin, pero no se han podido desocupar. Queremos poner ahí un centro de prestación de servicio.
–¿Es decir que todo lo que se ha hecho hasta ahora tiene resultados muy limitados?
–Le voy a decir algo que es dramático: Va a haber tantas ollas (expendios de drogas) o centros de consumo no regulados como consumidores de droga que requieran abastecerse. Y podemos atacar todas las ollas, pero entonces va a haber servicio a domicilio de entrega de droga, con pedidos que se podrán hacer por internet. ¿Usted necesita una droga? La pide y le llega a su casa. Claro, se puede preguntar: ¿y la Secretaría de Integración Social qué hace? Hace lo que le corresponde, pero lo hace sabiendo que eso es insuficiente.
–¿El camino es la despenalización?
–Sí, para quitar el componente mafioso a la cadena del narcotráfico. Es la única alternativa, como lo dicen muchos expertos, como se ha dicho en el debate que promueve la OEA, como lo han hecho algunos estados de Estados Unidos, como lo hace Uruguay. Hay que avanzar a la legalización para dedicarnos de verdad a la prevención.
–En la Ciudad de México hay un debate sobre el tema de la despenalización de las drogas…
–A nuestro juicio esa es la ruta correcta. Eso podría ayudar mucho para quitar tanto mito y tanta presión, para que se entienda que si ciudades como México lo hacen, si países como Uruguay lo hacen, si estados como Washington y Colorado lo hacen, Bogotá podría entrar, y también Colombia, a un nuevo modelo de atención a los drogodependientes. La represión se va cayendo como un castillo de naipes.
Estos planteamientos escandalizan al procurador Ordóñez, quien el pasado 9 de diciembre decidió destituir al alcalde Petro e inhabilitarlo para ocupar cargos públicos durante 15 años por haber cometido supuestas “faltas gravísimas” al revertir, un año antes, la privatización del sistema de recolección de basura de Bogotá.
Petro apeló la decisión –ante la propia procuraduría, según establece la ley– y el pasado lunes 13 la institución ratificó el laudo, el cual es rechazado por la mayoría de colombianos, según las encuestas, y por diferentes sectores políticos que lo consideran parte de la cruzada ultraconservadora de Ordóñez, a quien la revista Semana calificó en un gran titular de portada como ¡Terminator!
El alcalde sigue en su puesto y sólo falta la firma del presidente colombiano Juan Manuel Santos para que esa sentencia se cumpla.
