Los tres poderes de la unión están empantanados en las discusiones sobre la reforma penal que se iniciaron en 2008. Y ahora que se acerca el plazo para la aprobación del sistema de juicios orales y Jalisco ocupa uno de los primeros lugares en rezagos relacionados con la impartición de justicia, nadie sabe cómo salir del atolladero. Peor aún, en octubre pasado el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval vetó la iniciativa del nuevo sistema de impartición de justicia al limitar recursos económicos al Poder Judicial en su conjunto. Así no se puede, sostiene el consejero de la Judicatura Alfonso Partida Caballero.
La reforma constitucional encaminada a transformar el sistema de impartición de la justicia en México y obligar a las 31 entidades y al Distrito Federal a instrumentar los juicios orales en materia penal a más tardar el 19 de junio de 2016 pone en jaque a la clase política de Jalisco.
Además, exhibe la falta de información, incapacidad y el temor de los tres poderes para instrumentar una de las modificaciones de ley más importantes de los últimos 95 años en el país.
Jalisco ocupa hoy el lugar número 31 en materia de rezagos judiciales a nivel nacional, por lo que la implantación del esquema que se viene impulsando desde 2008 preocupa sobremanera al Poder Judicial, aunque también causa escozor al Legislativo y al propio Ejecutivo, sostiene Guillermo Zepeda Lecuona, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
Además de lo propiamente jurídico, según el investigador, la iniciativa requiere una inversión de 3 mil 400 millones de pesos para promover la transformación de las instituciones y la capacitación de los recursos humanos.
Existen, dice, más de 18 fondos federales ligados al tema de justicia que no se ejercen en tiempo y forma, por lo que las autoridades estatales deben regresar el dinero.
Jalisco está en fase de planeación “y sólo se reconoce a Nayarit por debajo de Jalisco”; en otras palabras, el estado es uno de los dos más atrasados en la materia, puntualiza Zepeda, quien desde hace tres años coordina el estudio denominado Plan Integral para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal en Jalisco, patrocinado por el Consejo Estatal de Seguridad Pública y en el cual participan varios especialistas.
No deja de resultar paradójico que esta parálisis se dé en un estado cuna de constitucionalistas de la talla de Mariano Otero e Ignacio L. Vallarta, dice Zepeda. De manera similar se expresa Alfonso Partida Caballero, del Consejo de la Judicatura (CJ), quien fue entrevistado por separado.
Para Zepeda, la gran transformación de las instituciones para responder a la ordenanza constitucional vigente desde 2008 requiere de una inversión cercana a 3 mil 400 millones de pesos para instrumentar los cambios en las instituciones del Poder Judicial, así como en la capacitación del personal.
De esa suma, 2 mil 300 millones de pesos se destinarán a las adecuaciones en la Fiscalía General; cerca de 400 millones de pesos serán canalizados al Poder Judicial; 426 millones más al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses; 191 a la Procuraduría Social; cerca de 33 para el Instituto de Justicia Alternativa y 6 millones y medio para el Órgano Implementador de la reforma.
De acuerdo con el investigador del ITESO, mientras otros estados tienen un equipo de 20 o 25 personas abocadas exclusivamente al diseño de mecanismos prácticos para los juicios orales, en Jalisco sólo hay un notario público: Jorge Humberto Chavira Martínez. El exalcalde de Zapopan y expresidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) puntualiza que trabaja en forma honorífica y no tiene colaboradores.
Según su hoja curricular, el abogado Chavira Martínez tiene más de 70 años, fue director de la División de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara y milita en el PRI, donde se le identifica como gente cercana al exgobernador Guillermo Cosío Vidaurri, cuya familia mantiene fuertes nexos de control de la burocracia en el STJ y el CJ.
Chavira Martínez controla desde hace muchos años la concesión de las copiadoras del Poder Judicial de Jalisco. Y aunque trabaja con denuedo, en las reuniones mensuales del Órgano Implementador de la reforma se observa que sus avances son mínimos con respecto a los de sus pares de los otros estados, comenta Zepeda.
Simulacros
Alfonso Partida Caballero sostiene que el diseño del plan maestro y la capacitación de recursos humanos son parciales; “los apoyos financieros incluso parecen perdidos”, y critica a los funcionarios que sólo buscan pararse el cuello.
Con el pretexto de la capacitación de personal en juicios orales, comenta, el Poder Judicial recibió 30 millones de pesos en los últimos años, y como nadie rinde cuentas, no se sabe en qué se gastaron.
Por ello resulta lamentable, dice, que el 1 de octubre último el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz vetara la iniciativa del nuevo sistema de impartición de justicia al limitar recursos económicos al Poder Judicial en su conjunto.
“Hay sólo 29 meses para imponer el mecanismo de los juicios orales en Jalisco, pero al paso que vamos es obvio que el tiempo no es el suficiente. Aquí –subraya Partida Caballero– nos va a alcanzar el destino.”
Cuestiona la tibieza de las autoridades estatales y la falta de apoyo del secretario general de Gobierno, Arturo Zamora Jiménez, senador con licencia y maestro en derecho, por su falta de visión ante la reforma:
“Yo le diría al maestro Arturo Zamora –a quien le tengo mucho afecto– que ahora está haciendo cosas que no son jurisdiccionales en el esquema jurídico. Creo que sus asesores le están haciendo un trabajo que no es el correcto.
“No hay una página web con información sobre el lugar que ocupa Jalisco en materia de juicios orales; tampoco hay un plan maestro para la implementación de ese tipo de juicios en el cual se hable del avance en las fiscalías, las corporaciones policiacas y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses; menos aún para las personas ligadas al Instituto de Justicia Alternativa y otras instancias implicadas en la impartición de justicia y el sistema judicial.”
Y reitera: “Yo le diría a Arturo Zamora –quien fue mi maestro–, que hay que recordar que en Jalisco el índice de impunidad es de 98%; que 74% de los delitos no son denunciados, y cuando sí se denuncian, 75% de las audiencias son irregulares pues la mayoría de las veces los jueces están ausentes”.
Lamenta también el veto del gobernador, lo que dificultará, dice, la instauración de juicios orales, ello pese a que su papá, el magistrado Leonel Sandoval, es parte del STJ.
“El Ejecutivo le da un trato de dependencia al Judicial, con lo que desconoce su condición de poder autónomo. Por desgracia, son pocas las voces de organizaciones civiles o funcionarios judiciales o legisladores que protestan.”
El pasado 25 de octubre, Zamora minimizó las críticas y dijo a este semanario que el nuevo sistema se implementará cuando se apruebe la reforma al Código Penal único:
“De obtener recursos para el Poder Judicial y la Fiscalía de Reinserción Social –que es en donde se va a llevar a cabo el trabajo de esos juicios orales–, creo que seremos el primer estado que adoptará esa reforma.”
Partida Caballero también cuestiona el centralismo: “La impartición de justicia tiene altos niveles de corrupción y (está) absolutamente centralizada. Las salas del STJ se concentran en la zona metropolitana y se requiere de otras en Vallarta, Ciudad Guzmán, Lagos, Ocotlán y Jilotlán. El sistema debe desconcentrarse, pero es obvio que en forma institucional quieren mantener un poder controlado; eso es criminal ante la transformación que demanda Jalisco”.
Asimismo, asegura que, de no dar el paso al que obliga la reforma constitucional, Jalisco se verá transformado en el paraíso de los delincuentes por las contradicciones en el sistema judicial: “La impunidad aquí es de 98% y, si no prospera la iniciativa de juicios orales antes de 2016, es de esperarse que se perfile a la impunidad total”.
Los obstáculos
Para Zepeda Lecuona, la implementación de los juicios orales es la reinstauración del sistema acusatorio impulsado desde la época del presidente Venustiano Carranza.
“Él decía que dos cosas lo enorgullecían de la Constitución de 1917: el concepto de municipio libre y el nuevo esquema de justicia. Eso –sostiene– dio lugar a un esquema que se adelantó a su época con una propuesta de Ministerio Publico. En Sudamérica acaban de reinventarlo, cuando en México está vigente desde 1917; desde entonces se impulsó el sistema acusatorio. En 1931 se promovió el de juicio inquisitivo, tomando como modelo el código italiano.
“Carranza impulsó un sistema acusatorio y la ley secundaria saboteó la reforma de 2008; es una restauración del sistema acusatorio, que resulta un esquema más equilibrado. El anterior era injusto, con muchos poderes concentrados en el MP que no tenía contrapesos y podía presentar pruebas ante sí mismo y con mayor validez que las presentadas ante el juez.”
En tono de broma destaca que durante muchos años la “persona” más importante en el proceso penal de México era “el comandante Garcicrespo” (en alusión al uso de tehuacanazo) para arrancar declaraciones bajo tortura a los detenidos:
“Si el detenido decía que lo habían torturado, le exigían que lo demostrara. El Poder Judicial convalidó durante años muchas de las arbitrariedades del MP. Con el nuevo esquema nadie sale con los dados cargados y la presunción de inocencia se protege.”
Zepeda Lecuona considera que Jalisco pierde una oportunidad histórica al retrasar la entrada en vigencia de los juicios orales y recuerda todas las veces que se ha prorrogado la puesta en marcha de la iniciativa que debió estar lista en 2012.
La anterior legislatura dijo que iba a dejar aprobada la reforma, pero la vetó el gobernador, insiste el investigador del ITESO.
Recuerda que en 2006 Jalisco se pudo colocar a la vanguardia de los juicios orales, con una iniciativa muy bien planteada y con asistencia técnica de primer nivel, pero se abortó la iniciativa.
En 2009, el entonces gobernador Emilio González Márquez presentó una nueva propuesta, pero no pasó. “Ahora estamos por ver un Código Penal Único, aprobado a nivel nacional, y se espera que ello ocurra con el visto bueno de la Cámara de Diputados. Por eso insisto: estamos ante una posibilidad histórica de transformar el sistema penal de Jalisco”.
Aclara que, además del retraso en materia de reforma penal, la no implementación del nuevo esquema afecta el nivel de competitividad de Jalisco debido a que en juicios ligados a asuntos mercantiles civiles hay gran incertidumbre; son lentos, pues se percibe poca independencia del Poder Judicial. En todos los indicadores judiciales nacionales Jalisco se ubica entre los casilleros 27 y 30 o 32 y es un verdadero rezago para la trascendencia, social, cultural y económica del estado, en todo en el ámbito de la justicia.
En la Secretaría Técnica, dependiente de la Secretaría de Gobernación, se indica que a Jalisco sólo le dan presupuesto para capacitación porque no tiene su legislación vigente, mientras que el Órgano Implementador es de los más débiles del país, sostiene Zepeda.
Partida Caballero asegura que desde Gobernación ven con buenos ojos el hecho de que se presione desde alguna parte para exigir a las autoridades locales y a los tres poderes en Jalisco que se trabaje en serio para sacar adelante la implementación de juicios orales.
No obstante, el colmo de todo esto es que en la recién construida Ciudad Judicial no se cuenta con espacios para juicios orales, sostienen los especialistas.
