El accidentado paso que hasta ahora conduce al alza de dos pesos en el precio del boleto del Metro no genera soluciones de fondo. Veamos por qué.
Primero. El gran problema del STC-Metro no es de pesos y centavos, o no solamente, sino la ausencia integral de los factores que hacen a un servicio público. La corrupción, la impunidad y la opacidad que ahí perviven es la cuestión que debe atacarse a fondo. Y eso no se ve por ningún lado. En efecto, desde el diseño legal del STC-Metro se observa la cultura de la simulación. El contralor es nombrado por quien nombra al director del Metro, y existe un “consejo de administración” integrado por funcionarios del Gobierno del Distrito Federal y dos “contralores ciudadanos” designados por el partido, el PRD, por lo que su independencia es de ornato.
Este punto de partida se pone de manifiesto, además, en el día a día y en el proceso para subir la tarifa del Metro. ¿Por qué dos pesos y no 1.85 o 2.15? El gobierno del Distrito Federal jamás explicó nada. ¿Qué garantías tiene la sociedad de que con esos dos pesos el Metro sufrirá un cambio positivo? Ninguna, sólo la palabra de Miguel Ángel Mancera, que en estos tiempos no vale nada o muy poco porque la sociedad no está en condiciones de sancionar el incumplimiento, entre otras cosas porque no conoce el Metro por dentro y todo se remite a un acto de fe.
La consulta sobre el precio del Metro tuvo al menos tres problemas: a) Parte de las encuestas fueron llenadas por los propios encuestadores, como lo demuestran varias fotos en mi poder y que circulan en redes sociales que dan cuenta de ello; b) Ninguna institución independiente verificó la metodología de las encuestas. Por lo general, como bien dice el dicho, el que paga manda, y aquí no hay excepciones, y c) Se mintió a los encuestados al no preguntarles si estaban de acuerdo en privilegiar a algunos segmentos poblacionales en perjuicio de otros. Lo cerrado de los resultados acaso fue para darle cierta verosimilitud a una cuestión de por sí absurda: el ciudadano diciendo que está de acuerdo en ir contra su propio interés.
Segundo. El tema de los “vagoneros” se ha visto desde una perspectiva reduccionista. Es cierto que las cosas en ese asunto no deben seguir igual. Que hay en efecto molestia ciudadana. La gran cuestión es qué va a hacer el Gobierno al respecto. Los “vagoneros”, por acción u omisión, son creación del Gobierno del Distrito Federal. ¿Cree que simplemente por decreto desaparecerán y se convertirán en obreros de sueldo mínimo para que todo mundo sea “feliz”? Miguel Ángel Mancera no ha dicho nada, acaso debido a que no sabe cómo proceder y actuará a la luz de la política estímulo-respuesta, prefiriendo el control de daños al establecimiento de una política pública de prevención. Eso es, al menos, una irresponsabilidad.
Por otro lado, las acciones inmediatas del STC-Metro no disuelven las dudas sobre la falta de rumbo. ¿No es absurda la compra de unos cuantos “biombos” o detectores de metales que no abarcan ni siquiera el 20% de las entradas al Metro, las cuales ascienden a más de 190? ¿Se imagina alguien la seguridad que habría, aunque sólo sea psicológica, si en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hubiera sólo dos biombos para las dos terminales y que además fuera optativo su uso? Sí, esa lógica del absurdo es la que se sigue.
Tercero. Al margen de la consulta, el Gobierno decidió mantener la tarifa de tres pesos –además de la proporcionada a los adultos mayores y personas con discapacidad– a las jefas de familia, a los desempleados y a los estudiantes de escasos recursos económicos. Esta decisión tiene dos lecturas políticas y una jurídica: a) Es una válvula de escape por si crece el descontento social por la cuestionada medida, a efecto de disponer una salida para los grupos sociales que pudieran convertirse en focos de presión; b) Es una medida populista para privilegiar a los cuadros o grupos afines al PRD en la Ciudad de México, de suerte que se amplíe el número de beneficiarios en tiempos de elecciones o cuando se requiera. Desde la perspectiva legal, se trata de un claro acto de discriminación y de complejidad para la identidad precisa de los beneficiarios por los conceptos jurídicos indeterminados que se insertan en la decisión del Gobierno.
En principio, el artículo 5 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal introduce el género, entre muchos otros rubros, como forma de discriminación que prohíbe tajantemente. ¿No es un acto de discriminación prohibido por la ley privilegiar a la mujer jefa de familia en perjuicio del hombre jefe de familia? ¿No es también un acto de discriminación en perjuicio de los transexuales que reivindican su propia identidad? ¿Cómo medir los “escasos recursos” de los estudiantes? ¿Qué son los desempleados: los que no tienen empleo o los que no cotizan en los servicios sociales? ¿No se crea con esto una gran burocracia para identificar con equidad y sin discriminación a los beneficiarios?
Son muy numerosas las personas que pueden invocar su pertenencia a cualquiera de esos grupos. Así, los tres pesos son una ocurrencia que no va a resolver nada, pero sí creará nuevos frentes en la Ciudad de México para el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Y es que la “salida” gubernamental parece tener como principales destinatarios: a la clase media que no vota por el PRD y a muchísimos ciudadanos que no forman parte del partido, para generar incentivos hacia su afiliación. Hay que insistir en que en el STC-Metro haya un diseño de gobierno abierto, participativo y de combate a la corrupción, lo cual no ha ocurrido. De esa radiografía objetivable puede deducirse el mejor camino en beneficio de todos al margen de partidos y grupos políticos.
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