El cartero Martín García tuvo la suerte de sobrevivir a la embestida de un coche cuando iba en su moto al trabajo. Pero desde entonces, denuncia, un agente del Ministerio Público se empeñó en tergiversar los hechos para culparlo del percance, inventando que iba drogado y alcoholizado, cuando fue el automovilista quien ignoró el alto del semáforo.
José Martín García Tapia, de 34 años, lleva 14 de ellos trabajando en el Servicio Postal Mexicano. En abril pasado sufrió un accidente cuando iba al trabajo y perdió una pierna, pero en vez de obtener justicia y la inmediata indemnización, comenzó para él un absurdo proceso en el que pasó de víctima a culpable.
En menos de 24 horas un agente del Ministerio Público (MP) lo hizo pasar por adicto a las drogas y responsable del choque con un Ford Escort, pese a que el cartero estaba en plenitud de facultades y el automovilista se pasó el semáforo en rojo.
García Tapia sospecha que la aseguradora presionaba para no pagarle la correspondiente indemnización (50 mil pesos). Su caso fue tergiversado para culparlo a menos que firmara un convenio ventajoso para el conductor del coche y para la propia compañía.
En entrevista, sostiene que el agente del MP José de Jesús Hernández Villanueva torció los hechos para presentarlo como el culpable del accidente que le destrozó la pierna y casi acaba con su vida, pero en el colmo del cinismo quiso achacarle los daños de su motocicleta y del auto, que sumaban más de 7 mil pesos.
“Me convirtió de víctima a culpable y me dejó en calidad de detenido en el hospital Valentín Gómez Farías del ISSSTE, en Zapopan”, relata el empleado postal. Por este motivo, tuvo custodia policiaca las 24 horas mientras permaneció internado.
Desconoce si el agente ministerial Hernández Villanueva recibió dinero para beneficiar a la aseguradora o decidió ayudar desinteresadamente al hombre que lo atropelló.
“El día del accidente –narra el cartero–, ocurrido alrededor de las siete de la mañana, yo iba circulando rumbo a mi trabajo. Viajaba en mi motocicleta personal –una Yamaha amarilla con placas HHN-28– por la calle Francisco Sarabia, que también le conocen como la 74. Al cruzar por la avenida Pablo Valdez (Sector Libertad), en la colonia Blanco y Cuéllar, cuando el semáforo me marcaba el siga, un carro Ford Escort rojo se pasó el alto, se cruzó con luz roja, se abalanzó contra mí y me chocó. Me golpeó a nivel de la rodilla y me tumbó. Lo primero que vi fue mi pierna destrozada.”
Ante la imposibilidad de rescatar su pierna, los médicos del ISSSTE se la amputaron.
“Se me desbarató la pierna cuando el carro chocó contra mi motocicleta. Al llegar al hospital, no les quedó otra a los doctores: la tuvieron que amputar ante la gravedad de mis heridas y por el riesgo que los médicos veían para mi vida”.
Afirma que el conductor del Escort rojo con placas JET-7016, propiedad de la señora Margarita Zaragoza Mendoza, fue identificado como Leonardo Guillermo Velázquez Zaragoza y que tras el percance trató de huir, lo que a juicio de la víctima delata su culpabilidad:
“El conductor trató de darse a la huida, pero lo pararon (algunos testigos) y eso fue lo que ayudó”. Nada de ese asunto se asentó en el acta levantada por el MP y después registrada en la averiguación previa 4407/2013.
En efecto, en ese documento sólo se manifestó que el MP acudió al lugar 10 horas después, cuando ya no había nada que reportar en el lugar del accidente.
Malabar ministerial
En su inciso E, la mencionada averiguación indica que, de acuerdo con el dictamen del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, García Tapia conducía su motocicleta bajo el influjo de la droga.
“Con el contenido de identificación de metabolitos y drogas de abuso emitido mediante el oficio numero IJCF/06521/2013/12CE
/LQ/02, suscrito por los peritos adscritos al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (…) concluyen que en la fecha en que fue recabada la muestra de orina de Martín García Tapia (con el numero asignado de manera interna 6656CE-13) sí se encontró la presencia de los metabolitos de anfetaminas, barbitúricos, cocaína, opiáceos y THC (cannabinoles o marihuana).”
Pero el empleado postal aclara que, en forma dolosa, el agente del MP evitó manifestar que el análisis de orina se hizo cuando él ya estaba hospitalizado y le habían suministrado fármacos para neutralizar el dolor y preparar la intervención quirúrgica.
Hernández Villanueva tampoco registró el intento de huida del conductor del Escort. En el apartado “Análisis del cuerpo del delito” de la averiguación previa se señaló que Guillermo Velázquez Zaragoza estaba libre bajo caución y que García Tapia enfrentaba cargos “por daño en las cosas a título de culpa” en contra de Margarita Zaragoza.
Por eso señala: “Ese Ministerio Público me acusó. Según el acta ministerial, yo venía borracho y drogado. Me puso de todo para tratar de beneficiar a la otra parte, pero el asunto se le cayó con los peritajes del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y con los dictámenes presentados por el personal médico del hospital Valentín Gómez Farías”.
El oficio médico hace constar que cuando el MP llegó a dar fe de lo ocurrido ya habían pasado varias horas del percance, y que fue al día siguiente cuando se le hicieron los exámenes en los que supuestamente se le encontraron alcohol y drogas, sin tomar en consideración que los doctores le suministraron fuertes cantidades de fármacos antes y después de la operación a fin de que aguantara el dolor.
En otro apartado del acta levantada por Hernández Villanueva se concluye que, además de conducir bajo los efectos de drogas, el cartero “condujo de manera imprudente, con falta de atención y cuidado al frente de su circulación y no respetó el alto que le marcaba su semáforo, por lo cual al atravesar los carriles de circulación de la calle Pablo Valdez, se impactó con el vehículo Ford Escort rojo”.
El entrevistado califica de inhumana la actitud del agente del MP: “Es muy desagradable que se presten a cosas que ellos amarran de antemano y que saben que no corresponden a la realidad. Ellos manejan las averiguaciones como mejor quieren y responden a la persona que está detrás de ellos, que puede ser una aseguradora o un influyente que les obliga a que cambien las cosas”.
García Tapia, padre de dos hijos, se considera afortunado porque salvó la vida en el accidente y reitera que nunca se ha intoxicado de esa forma: “Yo nunca he consumido ningún tipo de droga. Yo iba bien, circulaba en mi moto sin ningún problema, pero el carro rojo se pasó el alto. El agente del MP José de Jesús Hernández cambió todo sin conocer lo que en verdad sucedió”.
Agrega que a partir de esa tergiversación de los hechos, personal del Juzgado Sexto Penal lo visitó en el hospital para que se desistiera de los señalamientos contra el automovilista: “Me dijeron que si no firmaba me iban a llevar en forma inmediata a la Fiscalía General, a una celda”.
Además, lo presionaron al vigilarlo durante su hospitalización:
“Allí estaba un comandante de grupo, estuvo cuidándome las 24 horas para que no me fuera a ir, a pesar de que el señor sabía que yo estaba con mi pierna amputada y que los dolores eran intensos. No me podía mover, estaba todo golpeado y recién amputado. ¿Cómo se les ocurría que podía correr? Al agente que me vigilaba sólo lo pude ubicar como el comandante Fierros, porque nunca se identificó; ese señor en todo momento me ofreció trato áspero, porque para él yo era culpable.”
Incluso “dijo que, si él quería, me podía encadenar a la cabecera con unas esposas”. Pero “si ya me tenían ahí como detenido –insiste el cartero–, con una acusación falseada y una pierna amputada, no me imagino cómo pensaban que me les podía escapar; pensarlo es ridículo”.
El padre de García Tapia, el exreportero gráfico Guillermo García, sospecha que la dueña del auto, la señora Zaragoza, o bien el responsable del accidente –probablemente su hijo– tienen una relación amistosa o influencias con gente de la Fiscalía General.
La defensa legal del empleado postal fue encabezada por su hermana Inés García Tapia, quien indica que la evidente corrupción en el manejo del caso los llevó a negociar en desventaja para la víctima, pues ante los cargos inventados por el MP y las irregularidades en el proceso tuvieron que aceptar sólo 50 mil pesos como reparación del daño.
