En la zona metropolitana de Guadalajara, los comerciantes sufren a diario mermas económicas por la extorsión de empleados municipales y estatales. No hay llamadas anónimas ni amenazas de muerte, sólo credenciales y playeras oficiales, pero eso sí: los policías o los inspectores dicen “gracias” antes de irse sin pagar.
Funcionarios de obras públicas y de la policía, principalmente, desayunan, comen y cenan en puestos callejeros de la zona metropolita de Guadalajara con sólo un pago simbólico o de plano gratis. Para los comerciantes lo peor es que nunca llegan solos, sino en pareja o en grupo.
Desde hace 14 años, Leopoldo Rosas Salcido vende tacos de ollita (guisos diversos) en San Pedro Tlaquepaque. El taco de tortilla de maíz cuesta a siete pesos; el lonche a 15 y el agua fresca o el refresco, a 10 pesos.
A su local van burócratas del municipio y policías estatales. Y no importa lo que coman, don Polo les cobra 20 pesos por persona aunque la cuenta sea mayor. Algunos de estos privilegiados clientes aprovechan entonces para consumir “cinco o seis tacos con doble tortilla tamaño estándar y se toman un refresco de dieta”.
Los policías llegan uniformados, a veces en una patrulla y “no sueltan la pistola”, mientras que los funcionarios llevan gafete.
Esta forma de cobro facilitó que la fama de la buena sazón de don Polo se extendiera a otras áreas municipales. Ahora también atiende a los inspectores de mercados y alumbrado público.
–¿Intercambia opiniones sobre esto con otros comerciantes?
–Sí. Muchos se enojan. Hasta mis otros clientes se molestan; me dicen ‘¡cóbrales a los canijos, se encajan!’. Pero por desgracia ya los tenemos acostumbrados; les cobro 20 pesos o a veces nada. Los policías vienen todos los días. Creo que sí abusan.
–¿Le retribuyen de alguna otra forma que les regale los alimentos?
–Con nada. Más bien pienso: ¡pobrecitos, trabajan en el ayuntamiento, están jodidos! Porque ni siquiera cuidan bien, aunque ellos dicen: “Aquí andamos cuidando, aquí andamos dando vueltas”.
Sin embargo, en 15 días los comerciantes establecidos de la zona han sufrido atracos: “Le robaron al de la vinatería, al vidriero, al del foto estudio. También entraron a la joyería; el propietario mató al asaltante y ya no se supo qué pasó, pero cerró el negocio”.
La ola roja
Joel Villanueva, quien vende fruta en un puesto ambulante en Tonalá, por la calle de Malecón, vive una historia similar todos los días: “Llegan los policías, se bajan de sus camionetas, se comen algunas de mis mandarinas o manzanas. A las naranjas les hacen el fuchi, quizá porque están un poco ácidas. No pagan, pero sí me dan las gracias”.
Lo mismo le sucede a uno de sus hermanos que vende lo mismo en Tlajomulco.
La reportera buscó la versión de otros vendedores, quienes solicitaron al menos omitir su apellido para evitar que los inspectores o policías “nos inventen que tenemos irregularidades en los negocios”, como dice la señora Rosa, una vendedora de tacos de birria, bistec, chorizo y lengua en Guadalajara.
En la misma situación está doña Trinidad en su puesto de tortas ahogadas en Zapopan.
La reportera presenció la conducta de algunos de estos “clientes” en los puestos de los entrevistados. Un miércoles, 15 empleados del área de Inspección y Reglamentos del ayuntamiento de Guadalajara llegaron, con sus playeras rojas, a uno de los establecimientos. Cada uno pidió un plato de menudo caliente, gorditas con mantequilla, quesadillas, plátanos fritos, café de olla, jugo de naranja o refresco light.
Al terminar, todos se levantaron y uno de ellos se encargó de la cortesía con el dueño: “Gracias don Chuy, aquí andamos”. Nadie pagó.
–¿Les fía? –se le pregunta al comerciante.
No contesta. Sigue atendiendo a la gente, porque hoy tiene mucha. Cuando el grupo de rojo desaparece de su campo visual, admite: “Trabajan en el ayuntamiento”.
–¿Por qué no les cobró?
–Cállese, me inventarían un sinúmero de irregularidades para quitarme el permiso.
–No tendría que suceder, si tiene todo en regla.
–Ni le mueva, porque me mandarían a Ecología o a la Secretaría de Salud a supervisar… También vienen policías.
A don Chuy no le pagan simbólicamente, sencillamente no le pagan: “Pero mire, no todos son iguales –atenúa–; también vienen funcionarios de primer nivel y hasta gente que trabaja para diputados, y esos sí pagan, no les fío”.
De esa forma, estos empleados públicos se han creado “derechos” con la complicidad de sus jefes y el silencio de los vendedores, comensales y vecinos. Al terminar sólo tienen que decir “gracias, jefe, aquí andamos cuidándolo”, como si presentaran una tarjeta de crédito.
Eso le sucede a un birriero de San Pedro Tlaquepaque. La reportera le dice que cuidarlo es el trabajo de los policías y que su sueldo proviene de los impuestos, pero él nada más alza los hombros, ya no quiere hablar.
En cambio, la comensal Martha Ledesma señala: “Estos sujetos hacen lo mismo que los narcos: cobran piso, pero no en dinero sino en especie, con comida, con el pretexto de que brindan protección o seguridad”.
Círculo corrupto
Los afectados por esta práctica no son únicamente los comerciantes ambulantes. Los policías también llegan a las tiendas de conveniencia, los Oxxo y 7Eleven por refresco, jugos, café y galletas gratis, informa Olivia, una empleada. Algunos piden cigarros, “pero esos sí los cobramos”, aclara.
Pero no todos los vendedores son benévolos o temerosos. “A mí no me la hacen –se jacta doña Mary, quien vende tacos de bistec–. Una vez vinieron unos policías, comieron y al terminar de comer uno de ellos dijo: ‘Muchas gracias’. Les contesté: ‘De nada, qué bueno que les gustó; son cinco pesos por cada taco que se comieron, más el refresco de cada uno’. Pagaron, me hicieron caras y ya no regresaron”.
Alfredo Rico, académico del Departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, indica que ese mal hábito permea prácticamente todos los niveles de gobierno: “Es la cultura de la corrupción, del tráfico de influencias, omisión e impunidad”.
Es decir, las autoridades de mayor rango están enteradas de los hechos, les permiten esa conducta a los subalternos y son omisas para sancionarlos.
Un empleado público con cierto nivel de poder puede plantearse dos posibilidades: la de someter al comerciante con una denuncia aunque todo esté en regla, o bien vender “protección” –como se conoce a esta modalidad de extorsión.
La costumbre está ya tan arraigada que ahora la presencia de un empleado gubernamental que lleva uniforme o gafete hace suponer al dueño que debe obsequiarle su mercancía para que no lo moleste o intimide. Nadie sabe en dónde empezó ese círculo vicioso.
–¿Hay salida a este problema? –se le cuestiona al académico.
–Me parece que sí, de lo contrario sería inútil plantear la posibilidad de una vida en sociedad. Primero hay que exigirle a la autoridad que sancione esa conducta de su pesonal, después la sociedad debe responsabilizarse para hacer cumplir y hacer valer leyes, reglamentos y normas.
