Los agricultores de Cuquío ya no saben cómo paliar la crisis. Los productores de maíz decidieron cambiar de cultivo ante la caída en los precios del grano y hoy batallan para saldar sus créditos porque, arguyen, la Organización Campesina Independiente de Jalisco lleva más de dos años sin pagarles las cosechas que le vendieron. Entrevistados por Proceso Jalisco, una veintena de los afectados se quejan porque, dicen, la organización que se reivindica de izquierda sólo se enriquece a costa de los productores de los municipios alteños.
Una veintena de agricultores del municipio de Cuquío reclaman a la Organización Campesina Independiente de Jalisco (OCIJ) el pago de 14 millones de pesos por las casi 3 mil toneladas de maíz correspondientes a los ciclos 2011-2012 y 2012-2013.
Los afectados se muestran indignados porque, dicen, el dirigente de esa organización de izquierda, Fidel Mora Mercado, se comprometió a pagarles pronto, pero, lejos de hacerlo él y sus socios aumentan su patrimonio a costa de los agricultores de los municipios alteños.
Mora y sus agremiados se hicieron de tráileres y oficinas, y crearon varias empresas, entre ellas Comercializadora OCIJ; Nekutli, dedicada a la producción de miel de agave; Maizud, y Productores Alimenticios La Esperanza, Sociedad de Producción Rural (SPR), comenta Felipe Estévez Contreras.
“Han jugado con nosotros –comenta el agricultor–, aunque nos hemos portado muy noblemente con esa organización. Tenemos la esperanza de que nos pague, aunque ya llevamos dos años (esperando).”
Cuenta que a él le deben 2.5 millones de pesos, mientras a sus compañeros les adeudan cantidades que van de los 200 mil a los 500 mil pesos, según los recibos firmados por Mora, quien, dice, milita en el PRD; él incluso firmó varios cheques, aunque no tenían fondos, expone a Proceso Jalisco.
Otro de los afectados lo secunda: “Se le tuvo una excesiva confianza a Fidel. Él nos decía: ahorita no lo cambies (el cheque), yo te digo cuándo. Ibas al banco y no había fondos; como que el banco tampoco quiso afectarlo”.
La agricultora Yolanda Olea Mariscal cuenta que un día se encontró a Mora Mercado en la calle y éste le comentó que en enero ella y sus compañeros recibirían su pago; pero no le precisó el día, por eso los agricultores están preocupados. Uno de ellos, Moisés Fernández Sánchez, dice que necesitan dinero para pagar los fertilizantes, semillas y herbicidas que compraron a crédito.
Para colmo, Estévez dice que hay “un enredo” con los pagos; unos vendieron el grano directamente a la OCIJ; otros, a Productores Alimenticios La Esperanza. Y aunque en ambas compañías figuran los mismos socios, los productores de maíz ya no saben quién les pagará, sobre todo porque la empresa está en quiebra.
La OCIJ, agrega, creó también una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) para otorgar créditos y aterrizar recursos de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) a través de otra organización denominada Accede.
Fidel y sus socios “nos prestaban (dinero). Pero resulta que ellos sí cobran, y lo hacen como una sola entidad. La OCIJ o Productores Alimenticios La Esperanza, por ejemplo, suelen decirles: ‘Me deben (tal cantidad)’. Pero cuando se trata de pagar, alegan: ‘¡Ah no! ¡Te debe aquél!’”.
Hace seis meses, asegura Fernández Sánchez, el alcalde de Ixtlahuacán del Río, Gerardo Godoy Jiménez, le presentó a los agricultores de Cuquío al representante de la Confederación Nacional Campesina en Jalisco (CNC), Roberto de Alba, para que le explicaran su problema con la OCIJ.
Sin embargo, el día que fueron a sus oficinas para mostrarle los documentos firmados por la organización de Mora Mercado, De Alba no los atendió. Ni siquiera les ha hablado por teléfono para saber cómo va su asunto, indica el agricultor.
Contratar a abogados para reclamar su pago por la vía legal tampoco ha sido una opción, porque siempre les piden 50% de adelanto y no hacen nada, se queja Fernández Sánchez: “Andamos bien caídos. La cuestión está tan tirante en el campo, que con una pérdida parcial de un año tardamos 10 o 15 en recuperarnos”.
Y agrega. “¡Sabrá Dios si de una pérdida total, como en este caso, podamos recuperamos”.
Complicidades
La OCIJ se formó a mediados de los noventa, cuando el municipio era gobernado por el perredista Héctor Manuel Figueroa Plascencia (1992-1995). Un año después surgió Accede, como gestora de los recursos federales y estatales; asesoraba principalmente a empresas y gobiernos emanados del PRD.
La OCIJ inició muy bien, incluso contó con el respaldo de muchos campesinos; algunos la apoyaron en la construcción de sus bodegas, recuerda Felipe Estévez.
Lo raro es que ambas organizaciones se manejaban como una sola; incluso tenían a los mismos socios, entre ellos a Guillermo Muñoz, regidor del PRD en la administración de Figueroa Plascencia, y Ricardo de la Torre, quien hacía las veces de representante de ese partido ante el Instituto Federal Electoral (IFE).
Los agricultores dicen que ni Muñoz ni De la Torre han tenido cargos directivos en la organización; sólo son conductores del negocio, ya que su presidente es Javier Rodríguez Jiménez, quien no sabe de cuestiones técnicas ni financieras.
Comentan también que la mesa directiva de OCIJ y de sus organizaciones es inamovible, pues sus dirigentes manipulan las elecciones, sostiene Adolfo Valdovinos Rodríguez, otro de los afectados por la organización:
“Aunque su obligación es entregar las convocatorias (a sus agremiados) para que las firmen, no las reparten”. Y cuando se trata de designar a los dirigentes casi nadie se entera, por lo que se reeligen. “Usted sabe que el poder causa vicio y llegó un momento en que no le daban cuentas a nadie”, afirma el entrevistado.
Según los agricultores, Cuquío dispone de una reserva de 10 mil hectáreas para la siembra, pero no siempre se ocupan todas, ni todas las temporadas son exitosas, sobre todo por las heladas.
Hoy, agregan, resulta más caro sembrar una hectárea, pues, según dicen, debe invertirse entre 15 mil y 20 mil pesos en la compra de insumos: diesel, semillas, herbicidas, fertilizantes y renta o reparación de tractores.
Lo paradójico es, comenta Fernández Sánchez, que aun cuando Cuquío es un pueblo de agricultores, ahora casi nadie vive de esta actividad. Muchos se dedican al comercio o se van a Estados Unidos.
“La mayoría estamos jodidos. Trabajamos con puros créditos. Antes –dice– ocupábamos una lana para pasarnos una Navidad feliz, con tamalitos y pozole para convivir con la gente.”
El síndico y secretario general del ayuntamiento, Clemente Rivera Sánchez, comenta que está al tanto de la deuda de la OCIJ, pero no puede hacer nada porque “es un asunto entre particulares”. Cuenta que hace unas semanas un campesino, a quien la organización le debía, ejerció acciones legales y logró embargar la Casa Social de la OCIJ.
Lo curioso, según Rivera, es que los socios de la propia organización le comentaron que no estaban enterados de que la Casa Social se había puesto como garantía de pago. Según ellos sus dirigentes nunca los consultaron. Recuerda que en ese sitio siempre había filas de agricultores por la mañana, esperando a que Mora Mercado les pagara el maíz que le entregaron.
Los campesinos le han dicho al síndico que Cuquío subsiste gracias a la agricultura y en menor medida de la ganadería, ya que no existen industrias ni otras fuentes de empleo. “Hoy –según él– migra más la gente, pero, con el problema que hay ni a Estados Unidos pueden ir. El pueblo se ve pobre y triste”.
Los programas federales de apoyo al campo del presidente Enrique Peña Nieto, comenta el síndico, son simbólicos; no alcanzan para todos. En 2013, las secretarías de Desarrollo Rural y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación entregaron tractores y corrales de manejo sólo a algunos ganaderos y campesinos.
Felipe Estévez lo secunda. Los recursos están limitados, dice. Si un ganadero quiere un corral de manejo debe construirlo antes y posteriormente presentar su proyecto a las dependencias citadas con la esperanza de que le reembolsen el gasto.
“Si tenías 50 mil pesos y esperabas que te apoyaran con otros 50 mil, ahora debes conseguir 50 mil con intereses. Muchas veces esos apoyos tardan hasta seis meses.”
Los únicos beneficiados son los productores que tienen alto poder adquisitivo y están acostumbrados a los tiempos de entrega de las dependencias federales, sostiene el agricultor.
Por otro lado, precisa, no todo el recurso va directo al campo; una partida va para la construcción de presas, caminos rurales y otros rubros; el dinero para la siembra resulta insuficiente.
El síndico de Cuquío recuerda otra anécdota: durante la gira de octubre pasado denominada Sagarpa en Jalisco. Con los Pies en la Tierra, en la que participó el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, el titular de la dependencia, Enrique Martínez y Martínez, anunció en Zapotlanejo que la crisis de los productores lecheros ya estaba solucionada. Pero un ganadero se levantó y le respondió: “¿A mí qué me has solucionado?; le solucionas a los que venden a Liconsa”.
Hasta ahora, añade Estévez, el gobierno federal ha implementado una política dañina para el campo. En lugar de destinar sus apoyos directos a los productores, se los entrega a los compradores –intermediarios y coyotes– para que ellos lo distribuyan.
Al síndico Rivera le preocupa la caída en el precio del maíz. Dice que los agricultores optaron por diversificar sus cultivos. Ahora siembran aguacate, limón, tomate y chile para recuperar su inversión.
