Señor director:
Le agradeceré publicar esta carta en la sección Palabra de Lector para hacer la siguiente denuncia.
Recientemente, varios médicos del Instituto Nacional de Pediatría fuimos suspendidos de nuestros cargos por haber presentado nuestra declaración patrimonial de manera extemporánea.
Dicha sanción administrativa, dictada por la Contraloría Interna de la Secretaría de la Función Pública, perjudica en forma muy importante el funcionamiento del hospital y pone en peligro la vida de los niños que se atienden en el referido instituto.
Todos los médicos sancionados trabajábamos en las áreas asistenciales, y nuestras funciones se limitaban a proporcionar servicios profesionales. No manejábamos recursos federales ni hacíamos contrataciones o despidos de personal.
Supuestamente la Secretaría de la Función Pública vigila el comportamiento de los funcionarios, y la declaración patrimonial es el instrumento para detectar enriquecimientos inexplicables que deben ser investigados con el fin de identificar y castigar a los funcionarios corruptos. Mas la gestión de dicha secretaría deja mucho que desear a la luz de los numerosos actos de corrupción que se dan en todos los niveles del gobierno.
No hay ninguna garantía de que la hoy proclamada Ley Anticorrupción realmente detecte a los verdaderos delincuentes. El peligro para todos nosotros es que funcionarios menores incompetentes apliquen la ley en forma arbitraria con el único propósito de justificar su puesto perjudicando a los trabajadores honestos y a la sociedad en general, mientras los funcionarios corruptos continúan saqueando a las instituciones impunemente, pero, eso sí, con su declaración patrimonial en tiempo y forma.
Atentamente
Doctora Cecilia Ridaura Sanz
