La instancia encargada de vigilar el desempeño de los juzgadores ni siquiera acusó recibo de la queja presentada en noviembre por el Colegio de Abogados Penalistas a nombre de trabajadores de varios juzgados federales en materia penal. Los empleados señalan a los titulares de estas instancias de violar sus derechos laborales y de disponer de las plazas a su conveniencia.
Cansados de los abusos de sus superiores, agobiados por la sobrecarga de trabajo y decepcionados de que los mejores puestos en los juzgados federales en Materia Penal con sede en Jalisco se repartan entre amigos y familiares de jueces y secretarios, más de un centenar de empleados del Poder Judicial presentaron una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) contra los responsables de cuatro de esas instancias.
Aunque interpusieron su recurso desde el 15 de noviembre, los inconformes no han recibido respuesta, por lo que solicitan no publicar sus nombres ante el riesgo de ser despedidos. Mientras tanto, buscaron asesoría del Colegio de Abogados Penalistas de Jalisco, encabezado por José Luis Guízar Abarca, para promover su queja y demandar la intervención de los órganos internos del Consejo de la Judicatura.
A su vez, Guízar Abarca dice en entrevista que Jalisco es una de las entidades con mayor número de quejas de los empleados del Poder Judicial por los abusos de sus jefes.
Destaca que de los nueve juzgados penales federales en el estado, casi en todos hay problemas pero en pocos los afectados se atreven a alzar la voz, y entonces el sindicato del Poder Judicial Federal no hace suya la denuncia:
“Los sindicatos no encabezan nada, ellos mismos tienen temor por su trabajo. No defienden a los asalariados y terminan convertidos en paleros de los jefes. Por su actuación se concluye que esa representación es una dirigencia de sindicato blanco, preocupada sólo por representar a la institución o quien funge como patrón.”
Uno de los señalados es José Reynoso, extitular del Segundo Juzgado de Distrito en Materia Penal, quien fue sustituido por Gloria Avecia Solano, sin que se conozca oficialmente el motivo y poco después de que sus empleados presentaron su queja. Esto, no obstante que el expresidente de la Asociación de Colegios y Barras de Abogados en Jalisco, Luis Octavio Cotero Bernal, califica a Reynoso de eficiente.
De igual forma, los empleados del Juzgado Cuarto, encabezado por José Luis Mejía Perea, denuncian que sus jornadas de trabajo son extenuantes. Al respecto, el propio Cotero Bernal señala que dicho juez todo lo quiere solucionar con el encarcelamiento, sin importarle si el detenido es inocente.
Guízar Abarca también comparte su experiencia: “Yo llevo un asunto en el Juzgado Cuarto Penal que ya cumplió un año con ocho meses y que era para resolverse en seis meses. Es un retraso de más de un año. Cabe destacar que la Constitución habla de que no debe pasar un año sin que se dé una sentencia, para el caso de los delitos graves”.
En el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, a cargo de Jesús Terríquez Basulto, los señalamientos de abusos de los empleados datan de al menos hace dos años.
En cuanto al titular del Juzgado Séptimo, Abel Aurelio Narváez Solís, no sólo ha provocado quejas de sus empleados, sino también de los litigantes que llevan casos en el núcleo penitenciario de Puente Grande (donde se ubican todos los juzgados que los trabajadores mencionan en su queja).
En agosto pasado, la defensa de Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, interpuso una queja contra el Juzgado Séptimo de Distrito por su traslado al penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, ya que se esperaba que la mujer, señalada por la autoridad federal como operadora del cártel de Sinaloa, fuera llevada al Cefereso de Puente Grande, Jalisco, tras ser deportada de Estados Unidos a México el pasado 20 de agosto.
Los trabajadores inconformes en los juzgados federales aseguran que la queja se extiende a varios secretarios porque hostigan laboralmente a sus subalternos.
Guízar Abarca indica que los empleados de los juzgados de distrito solicitaron la intervención de la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación del CJF para que se investiguen las denuncias formuladas contra los jueces mencionados, pero hasta el consejo no da muestras de que vaya a responderles.
Daño laboral y jurídico
Según Guízar Abarca, dichos jueces violentan la norma jurídica de que deben estar presentes en las diligencias de todos los casos: “Se está trabajando para la estadística, sólo sobre números, y eso es grave. Los jueces sienten el temor hacia la Judicatura, tienen miedo de la posibilidad de ser investigados y que los cambien. Queda de manifiesto que algunos jueces tienen miedo a que les quiten la chamba y por lo tanto no cumplen con sus obligaciones”.
Calcula que un juez federal penal gana cerca de 200 mil pesos al mes. “Con todo y los premios que les dan, más el apoyo de chofer y los guaruras y la renta de casas, suman un buen pago. Se cuidan mucho de no perder el trabajo por la enorme cantidad de recursos que se llevan”.
Antes, recuerda, “los litigantes pensábamos que subiéndole el sueldo a los jueces federales se iban a ajustar a derecho, pero ahora ellos y los magistrados se cuidan de no perder el trabajo y no se ajustan al derecho. Viven el temor de soltar a los que son inocentes y a los culpables los remachan (en la cárcel), a muchos de los que son inocentes les decretan autos de formal prisión en sentencias injustas”.
Sin embargo, admite que un juez penal atiende un promedio de 400 a 500 casos por año, mientras uno del fuero común debe tener en Jalisco cuando menos mil 400 casos, cerca del triple de los que llegan a los jueces federales. Esto afecta los resultados: “En 2004 hicimos un estudio sobre 2 mil 686 sentencias y sólo 40 fueron absolutorias”.
El abogado penal sostiene que, en su queja, los empleados solicitan al CJF que la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación cite a todo el personal de cada juzgado y se investigue la actuación de los responsables de los juzgados por las presuntas violaciones a diferentes cláusulas de los artículos del 240 al 260 del Código de Procedimientos Penales:
“Es necesario que intervenga la Judicatura para que se investigue lo que denunciamos como comportamientos perniciosos en contra del personal de juzgados, entre los que destacan el acoso y hostigamiento laboral, violación a derechos humanos y transgresión de los derechos sociales y laborales por parte de funcionarios de esos juzgados.”
Enfatiza que en el Poder Judicial federal existe un código de ética que violentan los jueces señalados y algunos de los secretarios. “Resulta que los secretarios se dan el lujo de entrar a sus labores más tarde de lo que les permite la ley y salen antes de lo que les marca el horario, de tal suerte que no permanecen en el juzgado el tiempo suficiente”.
En el documento presentado por el Colegio de Abogados Penalistas a nombre de los trabajadores inconformes se acusa: “Por el comportamiento que tienen algunos secretarios del Juzgado Cuarto en Materia de Procesos Penales Federales del Estado de Jalisco, parece que no conocen el contenido (de la ley), ni que sean personas que actúan con profesionalismo, humanismo, compromiso comunitario, decoro, prudencia y respeto a sus compañeros”.
También se indica que los secretarios no respetan los horarios de trabajo de los subalternos, “y eso se comprueba con las tarjetas de checado para el ingreso o la salida del personal y su registro en el reloj checador, por eso se está solicitando desde hace más de dos años por parte de los quejosos que intervenga la autoridad superior”.
La mayor parte del trabajo se le carga a los oficiales o a los actuarios; “eso se traduce en que en infinidad de ocasiones se registra una mala calidad en las sentencias emitidas por los juzgados, y en infinidad de ocasiones los detenidos que deben salir no salen y los que deben mantenerse presos queden en libertad”.
Los empleados de segundo nivel cumplen jornadas excesivas “sin el pago de ninguna hora extra”. Guízar Abarca destaca que el horario hábil de los juzgados es de ocho horas: “Inicia a las nueve de la mañana y debería concluir a las tres de la tarde, pero no sucede así; muchos trabajan hasta 12 horas”.
Para el especialista, se trata de una violación de la Ley Federal del Trabajo. “¿Qué calidad de trabajo rinde una persona después de estar sometido a un ritmo de 12 horas, de lunes a viernes?”, cuestiona.
En cambio, “los secretarios se retiran lo más temprano que pueden, dejando instrucciones a sus inferiores para que dejen el trabajo terminado. A ellos se les exige que acuerden las promociones dentro de las 48 horas desde que se registren, e incluso hay secretarios que demandan que las acuerden a las 24 horas de recibidas”, sin importarles la hora de salida del personal.
“Con los testimonios de los empleados –agrega el litigante– se comprueba el hostigamiento de los secretarios, que de esa manera presionan a empleados con muchos años en sus funciones, a fin de hacerlos renunciar a sus plazas para así disponer de ellas y contratar a personas afines a sus intereses.”
Un juez, a quien los denunciantes se abstienen de nombrar para no obstaculizar el curso de su queja, tiene a varios parientes acomodados en diferentes juzgados. “Lo que sí decimos –aclara Guízar Abarca– es que se trata de un juez que tiene a muchos de sus familiares en la nómina y eso es nepotismo, por ello se pide que sean evaluados a partir de su trabajo”.
La queja se le entregó al personal del CJF que visitó Guadalajara en noviembre “ante los constantes actos de acoso laboral que la Organización Mundial de la Salud denomina mobbing”, dice el penalista.
Y explica que se trata de violencia u hostigamiento recurrente dirigido hacia una persona para aislarla de un grupo laboral; se caracteriza por conductas que se convierten en una tortura psicológica, como difundir rumores y calumnias, aislar o excluir a alguien, fomentar insultos o motes, ignorar o no dejar participar a la víctima y hasta amenazarla.
Guízar Abarca dice que en cada uno de los juzgados penales señalados hay al menos 27 personas laborando y que en total suman más de 100 empleados, y sostiene que a un mes de presentada la queja el Consejo de la Judicatura Federal ya debía de haber contestado algo a los inconformes:
“Ya para el tiempo que lleva, era para que el consejo hubiera dicho, no se acepta o si se acepta o al menos que dijera que se va a investigar, pero no responde ese organismo a pesar de que está obligado por ley, porque nosotros hicimos la queja por escrito tal y como marca la norma y lo demanda la Constitución, seguimos todos los causes legales”, denuncia Guízar.
“La duda es qué hace la Judicatura con esas observaciones y quejas, acaso está encubriendo a los jueces, esperan a que pase el tiempo para que todo se olvide o que al menos nos digan qué están haciendo, nosotros esperaremos ocho días más y si no hay respuesta, le haremos notar a la Judicatura que está incurriendo en una falta de tipo legal.”
Guízar aclara que en noviembre el Colegio de Abogados que encabeza promovió las cuatro quejas, pero que luego el número se redujo a tres debido a cambios de último momento en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal.
No descarta que se registren otros cambios de asignación de algunos jueces federales hacia otras ciudades, pero sin dar una explicación ante los quejosos.
Por último, José Luis Guízar Abarca asegura que los juzgados federales penales deben adecuarse a los reclamos de la sociedad, responder ante las inconformidades de sus propios trabajadores y contratar al doble del personal que ahora tienen laborando en diferentes áreas de la administración de la justicia.
