Un estudio que parece estar hecho sobre las rodillas o sacado de alguna prodigiosa chistera de mago, sin la profundidad requerida y que más parece las ocurrencias de una plática entre los interesados en el negocio del transporte urbano –entiéndase Alianza de Camioneros de Jalisco– fue presentado el lunes 9 por el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (IPTD). El propósito, según los responsables del documento, es construir 135 kilómetros de trasporte rápido articulado en seis rutas, igualito al que implementaron sobre Calzada Independencia, en Guadalajara, apropiándose de cuatro carriles con terminales grandotas y amontonadas que sólo sirvieron para acrecentar las ganancias de sus constructores y obstruir la circulación –incluido el famoso carril adicional rápido–, y que terminaron con decenas y decenas de negocios. Lo peor de todo es que los señores del instituto abrevaron en los “estudios” efectuados por el Organismo Coordinador de la Operación Integral del Transporte y el Centro Estatal de Investigación de la Vialidad y el Transporte –desaparecidos por inútiles y panistas–, que contribuyeron en la mala implementación del Macrobús, que tantos votos de inconformes aportó al triunfo del PRI en los comicios del año pasado.
* * *
Y sostengo que el proyecto presentado está hecho al vapor porque, aparte de que no aprendieron con lo ocurrido en Calzada Independencia, se obstinan en hacer lo mismo: sobre la misma superficie, sin nuevos carriles, sin túneles, ni puentes adicionales, con lo cual ahorcarán las avenidas de mayores flujos vehiculares como Lázaro Cárdenas, López Mateos o el Periférico. ¿Por qué se aferran estos “estudiosos” a lo que la gente aborrece, como es el Bus Rapid Transit (BRT) llamado Macrobús? Si quieren implementar éste, que propongan sistemas realmente novedosos que hagan fluir la movilidad urbana del presente y del futuro –los trenes eléctricos o el metro, por ejemplo–, y no busquen soluciones temporales que luego quieren que se hagan a costa del dinero de los contribuyentes para que los exploten empresas privadas, como lo hace actualmente la Alianza de Camioneros de Jalisco, Asociación Civil (¿?), misma que explota el Macrobús y en el que haya evidentes intereses de exfuncionarios panistas. Como se plantea éste, según las ilustraciones que aportó el propio IPTD, el proyecto se apropiaría totalmente de las vías rápidas mencionadas, de sus túneles y puentes vehiculares y, mediante el efecto cucaracha que ocurriría con los autos, en lugar de resolver el problema, convertiría a la urbe completa en un caos permanente. Por otro lado, mientras en las grandes ciudades de otras latitudes la solución tiende al uso cada vez menor de combustibles contaminantes, aquí se fomenta su consumo con el sistema articulado de autobuses o BRT.
* * *
Ahora bien, si el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval quiere apostarle a este sistema de transporte en lugar del Tren Eléctrico Urbano. ¡Que se atenga a las consecuencias electorales!, siempre y cuando no haya una solución a fondo y los promotores del Macrobús se obstinen en hacer las cosas al aventón, como ya lo hicieron con la única línea que hay.
* * *
Quién sabe qué secretos encierren las redes de gasoductos, oleoductos o poliductos que Pemex ha tendido en el subsuelo. Hasta ahora, el común de los mortales desconoce su ubicación y ante esta ignorancia, no sabe dónde puede haber riesgo. No obstante, los criminales “ordeñadores” de combustibles fácilmente dan con esas redes. Recientemente, cuando este semanario le solicitó al mayor José Trinidad López Rivas facilitar un mapa para saber por dónde pasan tales ductos, se negó a responder. Se supone que la población en general debería saber el curso que siguen estas tuberías para evitar accidentes, pero bajo la premisa de que es información secreta, cualquiera puede perforar o hacer excavaciones en la tierra y ocasionar un siniestro. En esas condiciones, ¿cómo se puede diseñar un Atlas de Riesgo?; ¿qué acaso no debe conocer la sociedad esos mapas y saber qué tan seguro o peligroso es el subsuelo que pisamos? Muy probablemente los funcionarios y empleados de Protección Civil ven en cualquier ciudadano a un ignorante o a un potencial “ordeñador”. Quizá por eso prefieren no compartir esos datos. l
fcobian@proceso.com.mx
