Luego de recabar testimonios entre las personas que acuden al área de Cobranza del Infonavit a renegociar sus pagos –quienes se quejan del acoso de los despachos contratados por el organismo–, su titular Mario Macías Robles comenta: “Lo que menos le interesa al instituto es recuperar las casas; quiere recuperar ingresos”.
Según el funcionario, el portafolio hipotecario en Jalisco es de 326 mil cuentas, cuyo valor asciende a 72 mil millones de pesos. De ellas, precisa, sólo 12 mil 420 están vencidas, por lo que el estado ocupa el “segundo mejor índice de cartera vencida a nivel nacional, empezando de abajo hacia arriba”.
En los primeros 11 meses de este año, detalla Macías Robles, se hicieron 16 mil 664 convenios de reestructuración con trabajadores, ya que en su mayoría se quedaron sin empleo y, por ende, no podían pagar sus mensualidades.
José Alberto Alcántara Flores, el gerente de Cobranza del instituto, lo secunda: “La mayor cartera de morosos se encuentra en Tlajomulco de Zúñiga, donde se concentra 35% del portafolio hipotecario, y es, “por una lógica de distribución, donde se colocan 15 mil créditos por año”. Le siguen Zapopan, con 16%, y Tonalá, con 12%.
Y reitera: “A lo último que le apuesta el Infonavit es a recoger vivienda. Son sólo ocho desalojos que, para el volumen de la cartera que tenemos, son insignificantes. Y antes de hacer el desalojo el Infonavit agota los 19 convenios para tratar de ofrecer una alternativa. Aquí en Jalisco se impulsa la mediación. En conflictos que tenemos con la cobranza estamos tratando de llegar a un acuerdo con el trabajador”.
El gerente de Cobranza asegura que, de esos convenios, “50% son resultado de un dictamen de incapacidad de pago; es decir, de un estudio socioeconómico elaborado a partir de los ingresos y egresos de los deudores”. En otras palabras, “se hicieron como un traje a la medida”.
Con respecto al otro 50% de los morosos, se les redujo el monto de la mensualidad, la cual oscila entre 800 y mil 100 pesos. “Ese factor se va ajustando hasta llegar a los cinco años –explica Alcántara Flores–. El factor regresa al monto original del crédito y cada año se hace un ajuste hacia arriba. Si en los cinco años no se ha arreglado la problemática de pago, se le puede aplicar un estudio socioeconómico para ver qué más se puede hacer con esa cuenta”.
Interviene Macías Robles: “El Infonavit no abusa en la cobranza (…) lo último que nos interesa es tener un inventario de viviendas. Sin embargo, habrá casos donde el trabajador se sienta acosado y pudiera haber abuso de parte de algún despacho, pero estamos abiertos (para recibir quejas).
“Los despachos del Infonavit, a diferencia del que emplean los bancos, sí tienen un código de ética y de valores, que ellos deben firmar para que comulguen con la filosofía del instituto.”
No hay coyotaje
Proceso Jalisco le pregunta a Laura González Rosado, encargada de Control de Gestión del Infonavit, si en realidad se investiga el historial crediticio de los aspirantes a un préstamo para vivienda.
La funcionaria admite que algunos trabajadores confiesan que solicitaron un crédito sabiendo que se iban a quedar sin empleo. Sin embargo, el instituto no puede negar el crédito porque es un derecho laboral.
“Lo que sí podemos hacer es disminuir los montos para los trabajadores que perciben 5.5 salarios mínimos, entran al historial crediticio. Y como el sistema te pide algunos datos, se checa la información. Si está en verde, se otorga el crédito; si está amarillo, se le quita una parte del ahorro del afiliado, como una garantía, por si pierde su empleo y da el resto”, explica González Rosado.
El delegado Macías Robles recuerda que en Jalisco “hay buena cultura de pago por parte del trabajador y de los patrones. Traemos a 79 mil patrones que están aportando de manera normal, esto implica una emisión bimestral de alrededor de mil 700 millones de pesos”.
En el estado, 1 millón 750 mil trabajadores cotizan en el Infonavit. De ellos, 535 mil están precalificados en la zona metropolitana, y 172 mil, quienes no han ejercido su crédito están en el resto de los municipios.
El 87% de los financiamientos para vivienda se entregan a quienes trabajan en la zona urbana, de ahí la insistencia del instituto para que los demás ejerzan su crédito. Entre los que aceptaron destacan los de La Barca, Arandas, Jocotepec, Autlán y Zacoalco de Torres.
Alcántara Flores, por su parte, dice que ante la eventualidad de que algún trabajador regrese una vivienda por falta de pago, asegura que el instituto tiene un sistema muy transparente para readjudicación, con el fin de evitar que caiga en manos de los coyotes.
“Hablando de vivienda abandonada en Tlajomulco –dice–, tenemos un despacho que coadyuva con el municipio para hacer una recuperación más rápida, a través de un procedimiento administrativo de ejecución. Cuando se embarga la vivienda, nos presentamos como acreedores preferentes; nos adjudicamos la casa y la pasamos a un sistema de comercialización interna, la cual es transparente y la ofrecemos sólo a nuestros propios acreditados. No hay coyotaje.”
Por su parte, el delegado Macías Robles aclara que el instituto sí es responsable de dónde compran su vivienda sus afiliados. Refiere incluso que desde el pasado 25 de abril, cuando asumió el cargo, giró instrucciones a las unidades de verificación del desarrollo de la obra para que se tenga un estricto control de la calidad de la vivienda.
Y aclara: aunque en el instituto se corrió el rumor de que el ayuntamiento fue el que autorizó el uso de suelo y otorgó los permisos de construcción y determinó en qué zonas, eso es falso. El Infonavit es el responsable, pues son sus verificadores quienes deciden dónde y cuándo edificar las viviendas.
