En el ayuntamiento tapatío el sistema de aseo público está en manos de funcionarios corruptos que, lejos de atender los problemas sanitarios, se deciden a regentear a los trabajadores y a colocar en la nómina a sus familiares e incondicionales, denuncian a Proceso Jalisco algunos de los trabajadores afectados. Y dan nombres de los funcionarios abusivos: José I. López Varela, el titular de Manejo de Residuos; José de Jesús Contreras Cerrillo, quien ahora está en Ecoguardias; Rigoberto López Serrano, jefe administrativo, y tres supervisores más.
El sistema de recolección de residuos en Guadalajara está infestado por la corrupción de sus funcionarios, que lo mismo piden a sus subordinados una cuota de las mordidas que reciben o colocan a sus familiares y amigos en la nómina.
Consultados al respecto, empleados con más de una década en el área de Aseo Público del ayuntamiento tapatío se quejan de la mafia que, desde la dependencia les exige el pago de cuotas.
Incluso acusan a sus compañeros adscritos al relleno sanitario de Los Laureles quienes, dicen, obtienen “ingresos extras” de hasta 40 mil pesos al mes por permitir a la concesionaria recolectora de los residuos sólidos no peligrosos, Caabsa Eagle, arrojar todo tipo de detritus al basurero, incluso fetos.
Barrenderos, choferes y supervisores aseguran a Proceso Jalisco que las aportaciones a sus superiores van de los 400 a los 2 mil 800 pesos por mes.
Renuentes a dar sus nombres por temor a ser despedidos, detallan que la dependencia de Manejo de Residuos –encabezada por José I. López Varela– cuenta con diferentes departamentos, entre ellos Aseo Público, Supervisión a Concesiones, y Aseo Contratado. En el caso del área de Supervisión a Concesiones, le toca vigilar a Caabsa Eagle y las papeleras inteligentes.
Para vigilar la labor de esa concesionaria, la dependencia dividió el territorio en siete zonas con igual número de supervisores, cada uno de los cuales, según los quejosos, debe entregar a Sergio Romero López, técnico de la misma dependencia, 100 pesos cada viernes.
Como los supervisores traen un vochito y no hay presupuesto, al principio se dijo que el dinero era para tener una vaquita en caso de que se descompusiera un vehículo, pero fue mentira. Los coches están tirados, dicen.
Romero López, a su vez, entrega los 700 pesos provenientes de los supervisores a José de Jesús Contreras Cerrillo. “Los que aportamos el dinero somos gente de confianza, y creemos que si nos negamos a dar el dinero nos despiden”, comenta uno de los trabajadores inconformes.
Otro compañero dice que cuando alguno se inconforma lo cambian de área o de plano lo despiden. “Así pasó con Adolfo Alcaraz Núñez, quien como jefe de área se negó a reportarse con los 100 pesos semanales. De inmediato lo cambiaron de la zona siete a papeleras. En su lugar se quedaron los supervisores Sergio Barrera Meléndrez y Agustín Ruiz Meza. Hoy, cada uno da sus 100 pesos; el cohecho aumentó a 900 pesos”.
Consideran que lo más irónico es que Sergio Romero “ni siquiera está en nuestro departamento, él depende de Gustavo Rizo García”, jefe de Supervisión a Concesiones, sostienen los trabajadores consultados.
Aclaran que a Contreras Cerrillo (quien recibe el dinero de los supervisores) “ya lo quitaron de Aseo Público el 11 de noviembre y lo mandaron a Ecoguardias, pero nos dejó dicho que dejáramos el dinero con José de Jesús Landeros Barba”, jefe de departamento en la Dirección de Manejo de Residuos.
Los inspectores activos
Los barrenderos del centro histórico, quienes andan con su carrito a lo largo de su jornada, también le dan dinero al supervisor de área, Fernando Joaquín Jáuregui Venegas, El Güero, y al encargado del camión para que se lleve la basura que ellos recogen.
Según ellos, Jáuregui Venegas solapa a los trabajadores cuando faltan, incluso checa sus tarjetas. Sin embargo se niega a proporcionar sus nombres.
En lo que sí abundaron es que un barrendero obtiene ingresos extras de 200 pesos por día mínimo y explican cómo es el proceso: “El barrendero tiene su área, por ejemplo de Chapultepec a Enrique Díaz de León, y debe barrer ambas aceras. Llega a los locales y pregunta que si tienen basura; en la mayoría de los lugares le dicen que sí y le dan propina”.
Llega un momento en que en lugar de limpiar las calles se dedican a sacar la basura de los negocios.
Por su parte, los choferes de los camiones de Aseo Público del ayuntamiento de Guadalajara aseguran que deben aportar 500 pesos por semana para darle mantenimiento a la unidad. El dinero presuntamente lo recibe también Contreras Cerrillo.
Señalan los empleados de Manejo de Residuos que Juan Carlos Ontiveros Aguilar, jefe de Aseo Contratado, es ahijado de López Varela. “Él sí nos pide dinero”, dice uno de los trabajadores.
Los inconformes recuerdan que López Varela fue detenido en septiembre de 2008 por masturbarse en su vehículo frente a unas estudiantes de secundaria; incluso muestran una nota del diario Mural del 24 de septiembre de ese año.
En ese tiempo López Varela era miembro del Consejo Político del PRI Jalisco y profesor de la Preparatoria 2. Y, según la nota, fue detenido por uniformados tapatíos, quienes lo acusaron de exhibicionismo.
Otro empleado del ayuntamiento que presuntamente forma parte de la red de corrupción, es el jefe de oficina de la Dirección de Manejo de Residuos, Martín de Jesús Hernández Meza –el segundo de Gustavo Rizo–, “quien presuntamente supervisa la recolección domiciliaria, aunque se mete a la zona de otros compañeros para pedirles dinero”.
–¿Por qué razón les pide dinero? –pregunta la reportera.
–Mira: Caabsa sólo debe llevarse la basura domiciliaria, pero de repente le ofrecen un dinero a los empleados de la empresa para que se lleven un costal de escombro, un mueble viejo o tierra; de los talleres se traen los filtros, aceites. Entonces, para que el supervisor no les diga nada y se cumpla con el contrato, sueltan una mordida. Martín (Hernández) llega a todas las zonas para que le den dinero.
Afirman que Hernández se embolsa más dinero por mordidas que por su sueldo (según la página de Transparencia del ayuntamiento tapatío su salario mensual es de 10 mil 200 pesos). Y cuando pide vacaciones por dos días, por ejemplo, “no se va de la ciudad, anda ‘trabajando’ con más libertad en un vehículo oficial. Incluso lo hace por las tardes, aunque su horario sea de 9:00 a 15:00 horas”.
Nepotismo
Según los denunciantes, varios jefes del área de Manejo de Residuos metieron a laborar a amigos y familiares al ayuntamiento, pese a que no cuentan con el perfil para el puesto; lo peor, “hacen como que trabajan”.
Citan el caso de María del Rocío López García, hija de Rigoberto López Serrano, actual jefe administrativo de Manejo de Residuos –y compadre de López Varela–. López Serrano ocupa ese puesto desde el 31 de octubre de 2012, previamente laboró como recaudador en la Dirección de Padrón y Licencias.
“Su hija checa, se sienta. No hace nada, se la pasa con el celular en la mano. Ella está en las oficinas del puente, en Calzada Independencia, por la Plaza Tapatía”, comenta uno de los entrevistados.
López García entró a laborar a la Dirección de Medio Ambiente y Ecología el pasado 15 de agosto. Su sueldo mensual es de 7 mil pesos.
López Varela, a su vez, le consiguió a su yerno, Alejandro Cerda Gaytán, una jefatura en la Dirección de Manejo de Residuos. Los denunciantes señalan que “se la pasa pachangueando”. Cerda Gaytán gana 18 mil 196 pesos al mes. Ingresó a la nómina el pasado 31 de mayo.
Gustavo Rizo García metió a la nómina de la Dirección de Manejo de Residuos a su hermano Jesús. Según los inconformes, los hermanos Rizo García son primos del presidente municipal Ramiro Hernández García.
Otro pariente de los hermanos Rizo García es José Enrique García García, quien ingresó a la nómina el 15 de diciembre de 2012 como colaborador de la Dirección de Parques y Jardines. “Eso es nepotismo” dicen.
Otro caso es el de María Ramona Curiel Méndez, auxiliar operativa en la Dirección de Manejo de Residuos. Por su nombramiento, ella debería trabajar en la calle, pero está en una oficina, haciendo reportes; es amiga de la dirigente del sindicato Guadalajara, Rosario Prado Macías, de quien fue su secretaria durante seis años.
Curiel Méndez no tenía plaza, pero a partir del 1 de diciembre del año pasado le consiguieron una en el ayuntamiento de Guadalajara.
Tiradero
La Dirección de Manejo de Residuos supervisa la planta de transferencia Matatlán y el manejo del relleno sanitario Los Laureles, a cargo de la concesionaria Caabsa.
En ese lugar están presentes tres supervisores: Araceli Lorena Gaviño Chávez, quien “no tiene un horario fijo ni descansa como los demás trabajadores. Ella trabaja hasta 12 días sin interrupción. Los camiones de aseo público, los de Caabsa le dan su mochada para que les permita tirar sus desechos. Gana más de las mordidas que del sueldo”, señalan.
En el tiradero de Laureles está José Rosario López Rosas, don Chayo; también trabaja horas extras. Él y Gaviño suben a la línea de tiro donde llega la góndola, cuando don Chayo debería estar en la báscula. Los dos dejan que los camiones de Caabsa tiren de todo, incluso fetos.
Según los denunciantes, cada supervisor recibe entre 10 y 15 pesos por unidad. Y como entran alrededor de 100 camiones por día… ¡Imagínate! Gaviño trabaja supuestamente seis horas, pero no descansa ni los domingos”.
La razón: en el lugar que está –transferencia– no deja de recibir lana”. Al mes, según calculan los entrevistados, don Chayo y Gaviño ganan alrededor de 20 mil pesos cada uno.
Don Chayo tiene un sueldo mensual de 10 mil 872 pesos, mientras que Gaviño Chávez percibe 9 mil 392 pesos, según la página de Transparencia.
“En ese tiradero, además de los camiones de Guadalajara, llegan los de El Salto, Tonalá; por eso no se quieren mover de ahí”, refieren los trabajadores.
El tercer supervisor es Octavio “N”.
Durante la administración de Ramiro Hernández García varios directores y regidores del ayuntamiento se han visto envueltos en casos de corrupción. Es el caso de la profesora Elisa Ayón, quien exigía cuotas a personal de Panteones, a vendedores ambulantes y a comerciantes establecidos en el centro histórico.
Tras difundirse una grabación en la que Ayón decía a sus subordinados que “agarren, pero repartan”, se le obligó a pedir licencia al cabildo.
