Abuso de autoridad, manejo discrecional en el procedimiento, daño al patrimonio arqueológico, violación a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y hasta corrupción, son algunos de los señalamientos que se han hecho a los proyectos de la empresa belga Belcolade para construir sendos museos del cacao en las zonas arqueológicas de Chichén Itzá y de Uxmal, en Yucatán.
Pero sólo en el primer caso las obras fueron canceladas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a principios de agosto pasado, por no contar con su autorización y por haber causado “daño al patrimonio cultural de la nación”. En cambio en Uxmal el titular del Centro-INAH Yucatán, Eduardo López Calzada, “aceleró” los permisos, pese a que la empresa –representada legalmente por Mathieu Michel Claude Brees– también inició sin licencias y hubo afectación al patrimonio arqueológico, según el informe de un grupo de expertos del cual Proceso tiene copia.
El día posterior al aval del INAH en Uxmal, los investigadores de dicho centro Alfredo Barrera Rubio, Fernando Robles Castellanos, Ángel Góngora Salas, Víctor Castillo Borges e Iván Franco Cáceres realizaron una visita al sitio, un paraje ubicado “en el sector noreste de la pirámide del Adivino”, para constatar las afectaciones.
En su informe coinciden en que la aprobación se dio de manera discrecional, pues hay evidencia de que la construcción inició desde el pasado mes de mayo (cuando la liberación del predio se dio oficialmente hasta el 16 de julio), luego de un dictamen presentado apenas tres días antes por el arqueólogo José Huchim Herrera:
“Un dictamen al parecer bastante tardío, sin que hubiera mediado suspensión alguna, ya que la obra está bastante adelantada y es evidente que se inició antes de la autorización mencionada.”
El proyecto del museo –señalan también los investigadores– no pasó por la evaluación de la Sección de Arqueología del Centro Yucatán, ni tampoco por el Consejo Nacional de Arqueología del propio INAH.
En un texto entregado a este semanario, Franco Cáceres explica que ambos museos se inscriben en los proyectos de explotación turística y comercial de las zonas arqueológicas emprendidos por los últimos gobiernos de corte neoliberal, pero que alcanzaron su cúspide en la gestión de Alfonso de Maria y Campos, al punto de modificarse la conformación del Consejo Nacional de Arqueología:
“La discrecionalidad y falta de transparencia se hicieron carta común en la aprobación de proyectos polémicos, como se observa con el batidero de chocolate belga que sobre todo salpica al delegado estatal Eduardo López Calzada y al arqueólogo de origen maya José Huchim Herrera.”
Fue en ese contexto que la empresa Belcolade pudo edificar en tan importantes zonas arqueológicas, las de mayor afluencia de visitantes en Yucatán, con cerca de dos millones de personas en forma conjunta al año. Se pregunta el investigador:
“¿Cómo es posible que dos proyectos que implican un movimiento importante de recursos materiales y fuerza de trabajo pasaran desapercibidos por un lapso de cuando menos seis meses sin que custodios, investigadores o autoridades los detectasen?”
Para él la respuesta es que hubo una confabulación de personas o grupos interesados en ocultarlo. Y cuestiona directamente a López Calzada y Huchim Herrera el que no estuvieran enterados.
Pregunta si hubo quienes impidieron que el anterior titular del INAH, Sergio Raúl Arroyo –quien ordenó la clausura de las obras en Chichén Itzá y a ello se atribuye su destitución–, se enterara de lo que ocurría en Uxmal, donde “se sabe, por testimonios aportados por los mismos dueños de los museos, que aunque sus obras fueron suspendidas mediante oficios legales, en realidad de forma verbal” se les siguió asesorando y conminando a continuar.
Según el informe de los investigadores, los terrenos donde se erige el Museo del Cacao fueron desmontados y allanados con maquinaria pesada “alterando contextos cerámicos prehispánicos”. Reportan evidencia de restos arqueológicos, como un complejo cerámico Cehpech del clásico tardío, y construcciones que formaron parte de una zona residencial de Uxmal.
En suma, el museo “está enclavado en un contexto arqueológico de actividad doméstica prehispánica”. Y agregan que no hay huellas de que, antes del ingreso de la maquinaria pesada, se realizara una exploración arqueológica, “lo cual hubiera sido recomendable”.
Para Franco Cáceres es clara la violación a la ley sobre Monumentos, pues “se está construyendo un museo carente de interés social (artículo 1º) y utilidad pública (artículo 2º) y porque la obra está afectando las características de los monumentos históricos (artículo 6º) que conformaron el desarrollo de la zona arqueológica. Y como se hizo evidente en el caso de Chichén Itzá, agrega, la empresa “tiene fines de lucro y sus actividades serán para beneficio de particulares”.
Señala también daños al entorno ecológico, pues se permitió desmontar una extensión de entre cuatro y cinco hectáreas.
Hay evidencias “que podrían dar lugar a una denuncia de carácter judicial contra las autoridades involucradas en un procedimiento a todas luces irregular… pero aprobado por instancias y personas que deben evitarlo”.
Las evidencias
Entrevistado vía telefónica, el arqueólogo Alfredo Barrera Rubio relata que cuando la comisión visitó el sitio, el museo tenía un avance del 70%. Explica que el museo consiste en diferentes módulos tipo palapa que desembocarán en un área de cultivo de cacao.
El proyecto, como en Chichén Itzá, planteaba casas estilo “maya”, pero el investigador da cuenta de la presencia de una máquina revolvedora de concreto, material como polvo de piedra, grava y viguetas de concreto, entre otros, para una construcción con cimentación de mampostería.
Las obras se iniciaron en mayo, y la autorización se dio hasta mediados de julio, pero “no hay evidencia de que se hubiera suspendido por la falta de autorización”. Agrega que la solicitud de la empresa belga no ingresó a la sección de Arqueología, sino que se manejó todo a través del arqueólogo Huchim Herrera y el titular del Centro INAH-Yucatán.
Por la importancia de Uxmal, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el proyecto tendría que haber sido evaluado por el Consejo Nacional de Arqueología, y la autorización dada por las oficinas centrales del INAH. Y en el dictamen hecho por Huchim, agrega, debió intervenir una comisión de arqueólogos especializados en el sitio, pues un museo con fines turísticos y comerciales como éste impactará a la larga a la zona arqueológica.
Se le pregunta por qué si se presentaron las mismas condiciones en Chichén Itzá y Uxmal, y se supone que el INAH aplica los mismos criterios y en esencia la misma ley de Monumentos, se negó la licencia en el primer caso, pero se sigue construyendo en Uxmal.
“En el caso Chichen Itzá hay más restricciones porque existe una declaratoria presidencial, que no tiene la zona arqueológica de Uxmal. En el polígono de la declaratoria hay más restricciones al uso del área. Sin embargo, no significa por ello que no tengan importancia todos los aspectos ya señalados.”
Comenta además que la autorización dada por el Centro-INAH, con base en el dictamen de Huchim, señala que se da la liberación del terreno pero habrá posteriormente un proyecto de salvamento, cuando el salvamento es siempre un paso anterior a la liberación de cualquier sitio, “es una contradicción”.
Aunque Uxmal no tiene declaratoria presidencial, Barrera Rubio indica que hay ya un expediente técnico con las zonas establecidas, pues está en proceso dicha declaratoria. Aunque el no tenerla aún no le resta importancia.
–Se supone que la ley de Monumentos vigente desde 1972 protege por igual los monumentos arqueológicos, tengan o no esa declaratoria, ¿es así?
–Claro que sí, evidentemente, aun sin declaratoria están protegidos por la ley federal del 72.
El terreno liberado, describe, es una especie de cuenca, con montículos alrededor, pequeñas elevaciones donde hay estructuras prehispánicas. Se liberó la parte central donde no hay vestigios visibles en la superficie, pero sí hay cerámica, lo cual habla de que era un espacio para actividades, “como nosotros usamos ahora los patios”. Para poder determinar con mayor exactitud qué actividades se realizaban ahí era necesaria la excavación.
–Usted señala que el proyecto se sobrepone a la investigación arqueológica, y colegas suyos han señalado que así ha sucedido en los últimos años: se da prioridad a la explotación turística y comercial.
–Sí, la mayoría de los recursos proporcionados para la investigación son exiguos y casi siempre son para restauración más que propiamente para investigación. Aunque la restauración implica algo de investigación, pero la prioridad es la restauración para fines turísticos.
–¿Este proyecto debería ser cancelado como lo fue el de Chichén Itzá?
–Yo sí estaría en ese sentido: Del rechazo a implementar este tipo de instalaciones, sobre todo por los propósitos básicamente comerciales y que impactan a los sitios arqueológicos.
Y en todo caso, redondea, debió hacerse en una zona más retirada de lo que es el núcleo principal del asentamiento arqueológico de Uxmal.
No se cancelará
Entrevistado al término de la inauguración de la muestra To’on, maayáa’onil le k´iino’oba (“To’on, mayas contemporáneos”), en el Palacio Cantón de Mérida, Yucatán, el antropólogo López Calzada argumenta que mientras las obras en Chichén Itzá se cancelaron por haber iniciado sin autorización del INAH y por estar dentro del polígono de protección, en cambio en Uxmal “aun habiendo eventualmente la presencia de algunos vestigios, se encuentra fuera del polígono de protección”. El procedimiento fue entonces desarrollar un proyecto de salvamento arqueológico, investigar para obtener información y liberar.
Sin embargo, se le comenta que la ley sobre monumentos protege todos los vestigios arqueológicos, no sólo los de una poligonal, y que los investigadores del propio INAH-Yucatán reportan la existencia de vestigios tanto cerámicos como de edificios. Pero López Calzada no se sale del renglón, y dice que la liberación se hizo con base en el peritaje “técnico-científico” de Huchim Herrera.
Y en respuesta a los investigadores respecto de que el museo no aporta nada al conocimiento de la cultura maya, el antropólogo las desdeña como “opiniones”, para él lo importante es el procedimiento administrativo y conforme a la ley que dio la pauta para determinar la viabilidad del proyecto, que –asegura– fue aprobado por el Consejo Nacional de Arqueología.
Al señalársele que el propietario belga aduce que recibió autorización verbal y por ello él confió, el funcionario niega: “No sé con quién”.
De cualquier forma, el proyecto en Uxmal continúa.
