Señor director:
Desde el 28 de enero de 2012 me encuentro recluido en el Cereso de Pachuca, Hidalgo, acusado de homicidio en contra de José Matilde Cotonieto Sánchez, en un caso donde el procurador del estado, Alejandro Straffon Ortiz, entre otros delitos e irregularidades que ha cometido, ordenó al juez de la causa penal 48/2012 no tomar en cuenta pruebas que demuestran mi inocencia.
Todo empezó a raíz de que la empresa de la cual soy representante y apoderado legal, Pacific International Development Inc. USA Imports, S.A. de C.V., compró la planta armadora de autobuses Dina, ubicada en Ciudad Sahagún, en una operación ad corpus realizada a través del líder sindical Artemio Vázquez Peña, quien, a la entrega del dinero convenido, firmó la escritura ante el notario público número 4, Alejandro Martínez Blanquel.
Después de violar varias cláusulas del contrato, los seguidores de Vázquez Peña llegaron a las instalaciones el 28 de enero de 2012 agrediendo, amenazando y disparando a la gente de seguridad. Aproximadamente a las 11:00 horas plantaron el cadáver de José Matilde Cotonieto Sánchez y luego me acusarían a mí de haber disparado y matado a dicha persona.
Pero el día de los hechos, cuando empezó la agresión y los trabajadores de seguridad me informaron por radio lo que estaba ocurriendo, solicité la ayuda de las policías municipal y estatal, y al convencerme de que no nos apoyarían, tomé a mis dos hijos que ese día me acompañaban y, junto con mi asistente y una trabajadora de limpieza, nos encerramos en la caja fuerte, que se ubica en las oficinas corporativas, las cuales están a mil 320 metros del sitio de la trifulca.
Todo fue organizado, planeado y dirigido con la ayuda del procurador del estado de Hidalgo, Alejandro Straffon Ortiz, el líder sindical Artemio Vázquez Peña y la esposa de éste, María Guadalupe Muñoz Romero, la cual es líder de las mujeres priistas en la entidad, exdiputada y exalcaldesa de Apan. Fue ella quien llevó a cerca de 15 mujeres con niños a incitar la trifulca donde murió José Matilde Cotonieto Sánchez.
La finalidad de Vázquez Peña: meterme a la cárcel y quedarse con el dinero de la operación, pues desde 2003 él ha vendido otras tres veces la empresa para enseguida ocasionar la reclusión de los compradores, acusados de fraude.
En mi contra, se admitieron más de 100 pruebas ilícitas, así como declaraciones contradictorias de policías y de Ciro Herrera, Lorenzo Peña (secretario general del sindicato) e Isidro del Razo Fernández (quien dio positivo en la prueba de rodizonato), quienes mintieron sobre la hora de la muerte de la víctima y la manera en que fue trasladada a la clínica del IMSS número 8 de Ciudad Sahagún.
Dichos testimonios se contraponen con documentos certificados por el doctor Raymundo Javier Martínez López, la encargada de urgencias Rosa María Tolentino Acuña y la doctora Lorena Velázquez. El certificado de defunción firmado por el doctor José Juan Manuel Ruiz Sánchez indica que la muerte de la víctima ocurrió a las 11:00 horas, y asentó que el cuerpo del occiso presentaba tatuaje de pólvora a la entrada del proyectil en el pecho.
Este tipo de tatuaje sólo se da en disparos efectuados a distancias menores a los 60 centímetros. Además, el cuerpo de José Matilde Cotonieto Sánchez estaba 20 metros afuera de la empresa, mientras que la gente de Vázquez Peña se hallaba apedreando al personal de seguridad interna de la planta, como lo prueba un video.
El perito Gabriel Cedillo Curiel, encargado de practicar las pruebas de rodizonato a los 21 detenidos, en su afán de culparme dijo equivocarse 16 veces en sus dictámenes periciales, y el Ministerio Público dejó en libertad a dos personas cuyas pruebas fueron positivas a cambio de 120 mil pesos cada una.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo emitió una resolución según la cual se hizo una detención arbitraria e ilegal, aparte de que hubo abusos en el ejercicio de la función pública y violaciones al derecho a la propiedad y a la posesión, pues cuando nos llevaban a la procuraduría se golpeó y torturó física y psicológicamente a la mayoría de los detenidos, y cinco personas no contamos con abogado en nuestras declaraciones iniciales.
Por lo anterior, responsabilizo al procurador Alejandro Straffon Ortiz, a la lideresa de las mujeres del PRI María Guadalupe Muñoz Romero y al dirigente sindical Artemio Vázquez Peña de ser los asesinos materiales e intelectuales de José Matilde Cotonieto Sánchez, así como de tráfico de influencias y de corrupción, porque se me propuso mi libertad si yo regresaba la planta ex-Dina. (Carta resumida.)
Atentamente
Manuel Samuel Castro Mercado
