Los integrantes de los últimos consejos generales del IFE (léase consejeros electorales y consejero presidente) y los diputados de las últimas legislaturas parecen empeñados en acabar con el prestigio y la credibilidad del Instituto Federal Electoral.
La sucesión de errores es larga y sigue creciendo. En octubre de 2003, los legisladores del PRI y del PAN determinaron dejar fuera del proceso de designación de componentes del Consejo General del IFE a todas las fuerzas de izquierda, principalmente al PRD, cuyo posible candidato a la Presidencia de la República (dos años después fue postulado Andrés Manuel López Obrador) encabezaba las encuestas de preferencia electoral; en ese mismo acto, optaron por designar para tal encargo a personas claramente identificadas con el PRI y el PAN, pero sobre todo dispuestas a seguir sus instrucciones.
Una vez que los miembros de dicho consejo tomaron posesión, empezaron a cavar su propia tumba y, particularmente, lo hicieron durante el proceso electoral del 2006, cuando toleraron todo tipo de violaciones a la ley a favor del candidato panista, finalmente triunfador oficial de dicha contienda. La mala conducción del Consejo General condujo a la reforma constitucional de 2007 y a la electoral de 2008, una de cuyas consecuencias principales fue la remoción anticipada de cinco de los ocho consejeros electorales y del consejero presidente, es decir, las dos terceras partes de sus integrantes.
Para colmo de los males, la reforma correspondiente desatendió algunos de los aspectos clave –lo que causó el conflicto electoral y postelectoral en 2006–, particularmente el procedimiento de designación de los miembros del Consejo General y el recuento total de votos en el caso de elecciones sumamente cerradas. Y metió al IFE en terrenos minados, como lo referente a la publicidad electoral y a su trato con las televisoras, que llevaron a que éstas exacerbaran sus críticas y presiones contra el órgano electoral.
A partir de octubre de 2010, los diputados continuaron con su labor de depredación: dejaron al Consejo General durante casi 14 meses (dos y medio de ellos en pleno proceso electoral de 2012) sin una tercera parte de sus componentes, al no ponerse de acuerdo para nombrar a los relevos de los únicos tres consejeros electorales designados en octubre de 2003, que concluyeron su mandato de siete años.
Ninguno de los procesos de designación pudo librarse del ostensible reparto de cuotas partidistas, y particularmente el PRI lo hizo evidente con la designación de Sergio García Ramírez (exprecandidato a la Presidencia de la República por ese partido, exsecretario general del Comité Ejecutivo Nacional del mismo instituto político y exaspirante a la presidencia del propio CEN) en diciembre de 2011.
Desde antes de estar completo, el consejo tomó el relevo en la labor depredadora: nuevamente por la tolerancia a las claras violaciones de la Constitución y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Pero esto se hizo más patente una vez con el consejo completo, particularmente porque empezaron a aflorar los conflictos durante el proceso electoral, los que hicieron crisis con la negativa a sancionar las inyecciones irregulares y no reportadas de recursos (a través de empresas fantasma y complejas triangulaciones financieras) a la campaña del hoy presidente.
Tras coronar su labor de salvamento de Enrique Peña Nieto (emitiendo el voto decisivo para exonerarlo, tras de que se había disculpado de participar en dicho tema por un conflicto de intereses), García Ramírez anunció su renuncia al Consejo General en febrero de este año, es decir, cuando todavía le quedaban más de seis años en el cargo. Otra vez la Cámara de Diputados entró al relevo y después de casi 10 meses no ha podido cubrir dicha vacante.
Todo indica que ahora sí están dispuestos a darle la puntilla al IFE, para poder crear el Instituto Nacional de Elecciones, y por ello decidieron dejar al Consejo General únicamente con cuatro miembros, de los nueve que lo integran, pues el miércoles 30 de octubre concluyeron su encargo el consejero presidente y tres consejeros electorales, que se suman a la vacante generada en febrero. A pesar de su debilidad, los consejeros no desaprovecharon la oportunidad de contribuir al descrédito, e ignorando el refrán popular que refiere que “elogio en boca propia es vituperio”, decidieron auto-reconocer su excelente labor al frente de la institución.
Los diputados parecían dispuestos a mantener las vacantes hasta que se concretara la creación del INE; sin embargo, las últimas informaciones indican que el camino para ello (en caso de concretarse tal propósito) será más sinuoso de lo esperado por panistas y perredistas (que son los que lo empujan) y es difícil que dicho órgano pueda atender los asuntos relacionados con las elecciones estatales del 7 de julio de 2014 (diputados en Coahuila y alcaldes y diputados en Nayarit), por lo cual decidieron iniciar el procedimiento para ocupar las posiciones, pero es un hecho que el Consejo General del IFE estará algunos días, semanas o meses incompleto.
En diciembre de 2011, los grupos parlamentarios de los tres principales partidos políticos (PAN, PRI y PRD) se pusieron de acuerdo en los nombres de sus tres propuestas para completar la integración del Consejo General del IFE y, sin procedimiento previo, los designaron en la Cámara de Diputados. Ahora establecen un mecanismo que fija la centralidad de las cuotas partidistas, al decidir que son los grupos parlamentarios los que integrarán las propuestas, y aunque incluye hasta la insaculación para integrar las listas que se presentarán al pleno, no determina tiempos ni asegura la ocupación de los lugares vacantes.
El punto octavo de la convocatoria aprobada en el pleno, el jueves 24 de octubre, puntualiza que se presentarán y votarán sucesivamente tres propuestas: primero, para llenar la vacante de García Ramírez; después, la de los otros tres consejeros electorales; y, finalmente, la del consejero presidente. Y el inciso “c” del punto séptimo plantea incluso que se podrá diferir la propuesta del consejero presidente, en caso de no alcanzar un acuerdo. Así que, en el extremo (no poco probable), los diputados podrán nombrar un consejero electoral (nada más para que subsistan más de la mitad de los integrantes del órgano de gobierno con derecho a voto y lleguen al número impar de cinco para evitar empates en las votaciones) y dejar pendiente la designación de las otras cuatro posiciones; o bien, nombrar a tres (siete también es impar) y dejar pendientes los otros dos nombramientos.
La actuación de los legisladores no permite descartar ninguna hipótesis (por más descabellada que parezca) y, desde luego, ellos seguirán destruyendo una de las pocas instituciones (si no la única) de nuestra incipiente y débil democracia que en sus inicios logró la confianza y el respaldo de la ciudadanía. Y, desde luego, tampoco se puede desechar la posibilidad de que los integrantes del Consejo General (los cuatro actuales o con la colaboración de nuevos integrantes) sumen nuevamente su colaboración en dicha labor depredadora.
