El desastre de Michoacán y la nueva convocatoria para consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) constituyen dos caras de la misma moneda. Una clase política sorda y corrompida da la espalda a la sociedad y se encierra en su eterno juego de negociación de componendas e impunidades. El desmoronamiento de la institucionalidad en Michoacán es fiel espejo del fracaso del PRIANRD para conducir el país por el sendero de la paz y el desarrollo. Y la convocatoria para el IFE pinta de cuerpo entero el cinismo de un sistema político al que ya no le interesa ni siquiera fingir algún interés en la opinión ciudadana.
Los tres partidos más grandes han tenido cada uno su oportunidad para desplegar sus “estrategias” contra la inseguridad en Michoacán. Para el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el bello y dolido estado debió haber sido un sitio estratégico para demostrar que la alternancia significaría una transformación profunda en la gestión del poder. Como sitio natal del fundador de ese partido, Cuauhtémoc Cárdenas, el estado reviste especial importancia política. Y fue gobernado durante 12 años por dos personajes, Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy, que surgieron de las mismas filas de ese instituto político que se presenta como un partido de “izquierda”.
Para el Partido Acción Nacional (PAN), Michoacán fue la punta de lanza en la “guerra” que Felipe Calderón supuestamente libró en contra del crimen organizado. Allí inició el despliegue de tropas el 11 de diciembre de 2006. Pero a pesar del interés personal del entonces presidente de la República en conquistar su entidad natal para su hermana y su partido, el gobierno federal nunca logró establecer el orden y la paz. Recordemos cómo el propio Calderón reconoció su fracaso al atribuir, cinco años después del inicio de su Operativo Conjunto Michoacán, la victoria de Fausto Vallejo como gobernador a la intervención de grupos vinculados con el narcotráfico.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) que hoy “gobierna” el estado de Michoacán y el país entero es, desde luego, el principal responsable del caos actual. La situación en la entidad refleja con lujo de detalle el total fracaso de la “estrategia” de Enrique Peña Nieto contra la delincuencia organizada –que consiste en administrar en lugar de resolver los verdaderos problemas–, y del propósito de “pactar” el camino a la (in)gobernabilidad. La “guerra” de Peña ha resultado aún más dañina para el país que la de Calderón (mi análisis: https://ow.ly/qkBcX).
La explosión de violencia en Michoacán constituye entonces un claro botón de muestra de la fallida transición política. Tienen razón quienes abogan por no “politizar” la crisis en la entidad. En lugar de minimizar el problema atribuyendo culpas a uno u otro gobernante o partido, habría que asumir la dura realidad de que la responsabilidad la tiene la clase política en su totalidad. Una perspectiva similar se debe aplicar para extraer lecciones del desastre en Guerrero a raíz del huracán Manuel (mi análisis: https://ow.ly/qkzUh).
La nueva convocatoria para consejeros del IFE (disponible aquí: https://ow.ly/qkDEK) también exhibe de manera elocuente el cinismo y la carencia de valores democráticos de los políticos. Una de las pocas concesiones simbólicas que los diputados y los senadores otorgaron de último momento a la sociedad civil durante las negociaciones de la reforma electoral de 2007-2008 fue la inclusión, en el artículo 41 de la Constitución, del requisito de realizar “una amplia consulta a la sociedad” durante el proceso de selección de nuevos consejeros electorales. El designio era recuperar el carácter “ciudadano” del órgano electoral al permitir una intervención directa de la sociedad tanto en la nominación como en la auscultación de los candidatos. Si bien la decisión final se mantuvo como coto exclusivo de los partidos políticos, la idea era contar con una etapa previa más abierta que ayudaría a legitimar y a transparentar el proceso.
Hoy esta pequeña ventana, que en los hechos resultó ser una absoluta simulación, se cierra completamente. La “amplia consulta” ya no será un proceso abierto en el que la sociedad propone y revisa la idoneidad de los candidatos, sino algo que hará cada uno de los partidos en total sigilo. Estrictamente hablando, ni siquiera habrá “aspirantes”, ya que, con la actual redacción de la convocatoria, sólo una persona totalmente desubicada presentaría su candidatura de manera independiente. Únicamente participarán candidatos “invitados” de manera personal en razón de su cercanía con alguna de las fracciones partidistas.
Y estos invitados no tendrán que someterse a una evaluación de sus conocimientos o siquiera participar en una comparecencia pública. Cada partido simplemente remitirá su lista de amigos a uno de los órganos más opacos de la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política, para su procesamiento. Allí la negociación y el intercambio de favores se consumarán en total oscuridad para que, después de un tiempo no especificado, emerja “humo blanco” de San Lázaro con los nombres de los nuevos corruptores de la democracia mexicana.
En suma, así como los funcionarios públicos corruptos prefieren el socorrido método de la “invitación restringida” para tres o cuatro proveedores amigos a las “licitaciones públicas” abiertas a la sociedad en su conjunto, los diputados han elegido asimismo un procedimiento que garantiza la integración de un Consejo General a modo, complaciente tanto con la clase política como con los poderes fácticos y la dictadura mediática.
Ello garantizará que el IFE, o el Instituto Nacional Electoral que lo reemplace, termine igual de inservible y deslegitimado como hoy yace el gobierno de Michoacán. Como un Rey Midas al revés, nuestros partidos políticos echan a perder todo lo que tocan. La buena noticia es que la sociedad mexicana cada día se vuelve más consciente, crítica y participativa. Más temprano que tarde, surgirán nuevos movimientos y liderazgos que logren canalizar por la vía pacífica el profundo hartazgo social que hoy hierve a lo largo y ancho del país. l
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