Con modificaciones importantes, el último día de octubre se aprobó la Ley de Libre Convivencia, lo cual hizo felices a parejas de homosexuales y lesbianas, quienes se besaron frente al Palacio Legislativo e incomodó a numerosos opositores, que también se manifestaron. La ley en cuestión permite regularizar las uniones entre personas del mismo sexo, solamente que tal contrato se firmará ante notario público, quien habrá de registrarlo en el Archivo de Instrumentos Públicos, no ante el Registro Civil. Establece que las personas que unan sus vidas bajo esta fórmula no podrán adoptar a menores de edad. La iniciativa recibió 20 votos a favor de priistas, perredistas y algunos del partido Movimiento Ciudadano. Hubo 15 sufragios en contra, de panistas, y una abstención.
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¿Qué tan seguro es el subsuelo de la zona metropolitana tapatía? En realidad nadie lo sabe. Cuando no son los socavones que provocan las fugas de agua porque las viejas redes en piso son tan vulnerable como es el gran colchón de jal sobre el que habitamos, ahora los escapes de combustible son cada vez más frecuentes, pero no por sí solos, sino porque ladrones ordeñan los poliductos, como ocurrió cuando las explosiones del 22 de abril de 1992. El 30 de marzo, en Chulavista, Tlajomulco, se registró un espectacular géiser de más de 12 metros de altura. Era gasolina Magna (antes Nova) que salía a gran presión del ducto Salamanca-Guadalajara de Pemex. Más de 5 mil personas estuvieron en verdadero riesgo. Hace dos semanas tuvo lugar una fuga de gas natural en una tubería que abastece domicilios particulares en la colonia Loma Bonita en Zapopan y hubo que desalojar a 4 mil colonos. A la fecha no hay una explicación satisfactoria sobre las causas. Tal vez el problema principal que hay en el subsuelo es la red de tubos que conducen energéticos y, lo peor, que no existe señalización adecuada, y donde la hay, los voraces desarrolladores de vivienda la han ignorado para levantar grandes colonias, por lo cual en cualquier momento podrían presentarse accidentes iguales o peores. Además de eso, se teme la existencia de instalaciones hechas “al a’i se va”, sin garantías de seguridad.
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A los locatarios del pequeño mercado Eugenio Zúñiga, situado entre las avenidas Federalismo y Fidel Velázquez, en el municipio de Guadalajara, los persigue la mala suerte desde hace al menos tres años. Aparte de que sus ventas han caído considerablemente en este tiempo por falta de espacios para el estacionamiento de vehículos, en 2010 el prepotente oficial del Registro Civil número 4, situado a un costado del mercado, Miguel Ángel Padilla Montes, se apoderó de los seis cajones del estacionamiento asignados para clientes, carga y descarga de mercancía. En su momento los comerciantes le reclamaron, pero la respuesta del funcionario fue enviar a la cárcel a Salvador García Saucedo, uno de los locatarios perjudicados (Proceso Jalisco 313) para que así escarmentaran los demás. La actual oficial del mismo registro civil, Marina García Guardado, ha hecho otro tanto con el mencionado espacio y, pese a que sólo utiliza uno o dos cajones, impide la llegada de clientes y hasta de camionetas que van a descargar mercancía, denuncian los 16 locatarios de ese centro comercial, que ya elevaron su voz ante las autoridades municipales, pero no han obtenido respuesta hasta la fecha.
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Por la trascendencia y lo que ha estado en juego, transcribo un correo enviado por Salomé Hernández Vázquez a la diputada federal jalisciense Beatriz Juárez Piña, del PRD: “Tu voto favorable en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para apoyar la propuesta de Enrique Peña Nieto en materia fiscal, no sólo es lamentable, es abyecta. Para representarte a ti misma no hagas uso de la Cámara de Diputados”. Firma: J. Salomé Hernández Vázquez.
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Habitantes de la colonia La Tarjea que se asentaron en el rancho San Isidro, municipio de Zapopan, y a un costado del la zona residencial Las Cañadas, hace casi 10 años, se dicen presionados por enviados de los políticos José Guillermo Vallarta Plata, expresidente municipal de Guadalajara, y por el expriista Fernando Espinosa de los Monteros, quienes según los denunciantes se ostentan como dueños de un predio comunal de 14 hectáreas donde pretenden construir un desarrollo habitacional de primer nivel. Los quejosos afirman que desde hace un mes les han dañado sus casas con el movimiento de tierra y piedras y que ya les clausuraron una calle de salida. l
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