Pese a que los ejidatarios de Puente de Arcediano consiguieron un amparo contra la presa El Purgatorio, el gobierno del estado, la CEA y el SIAPA no han cumplido la disposición judicial, pero tampoco han pagado la indemnización que reclaman los campesinos por la afectación de sus predios ni han detenido la obra. Resolución judicial en mano, los denunciantes se disponen a bloquear el camino que pasa por sus tierras.
La presa El Purgatorio no se construirá hasta que las autoridades indemnicen al ejido Puente de Arcediano, y si no llegan a un arreglo los campesinos bloquearán el camino que conduce a donde se levanta la cortina y “llegaremos a los trancazos”, advierten los afectados.
El ejido Puente de Arcediano exige a la Comisión Estatal del Agua (CEA) y al Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) un pago de casi 886 millones de pesos.
Aunque el ejido consiguió un amparo judicial, la autoridad estatal es omisa y continúa la obra de la presa, que arrancó el pasado 6 de junio.
La defensa legal comenzó el 20 de septiembre de 2012, cuando el presidente del ejido, Nicolás Ruiz Eugenio, así como la secretaria, Elvira García Medrano, y el tesorero, Raúl Montes Rodríguez, acudieron ante el Tribunal Unitario Agrario del XVI Distrito a demandar al SIAPA y a la CEA por el incumplimiento en el pago de la explotación y extracción de material pétreo y compactable de sus tierras.
En un principio, el pago que demandaba el ejido sumaba 90.5 millones de pesos. En ese tiempo, casi 28 millones de pesos correspondían a la explotación y extracción de materiales pétreos y compactables que se utilizaron para el revestimiento del camino de la obras de la presa El Purgatorio.
Señalan los campesinos que, según sus últimos cálculos, las autoridades afectaron 160 mil 443 metros de los bancos de material en los terrenos que les entregó hace 74 años el presidente Lázaro Cárdenas.
Precisan que el 13 de diciembre de 1939 al núcleo agrario Puente de Arcediano se le dio por resolución presidencial el título de 806 hectáreas del municipio de Ixtlahuacán del Río. La decisión quedó asentada en el Diario Oficial de la Federación y en el Diario Oficial El Estado de Jalisco el 13 de marzo de 1940, título plenamente reconocido por el Registro Agrario Nacional (RAN).
En aquella demanda de septiembre de 2012, el núcleo agrario pidió al Tribunal Unitario que apercibiera al SIAPA y a la CEA de abstenerse de explotar y extraer el material pétreo, así como de ingresar a la propiedad ejidal, pues no tienen autorización.
El ejido expone que el 20 de abril de 1992 firmó un contrato con el entonces director del SIAPA, José Luis Macías Godínez, para la explotación de material de revestimiento del camino a la presa El Purgatorio. El documento tenía vigencia de un año, con la opción de prorrogarse conforme a las necesidades del SIAPA.
Sin embargo, aseguran que nunca recibieron pago alguno, por lo que, en los cálculos del ejido, se generaron intereses naturales y moratorios por 76.7 millones de pesos.
Hace 21 años el SIAPA acordó que el costo por metro cúbico de material extraído se pagaría al ejido en 800 pesos y que se obtendría en el potrero Bajada de Mauricio.
El 28 de septiembre de 2012 el magistrado del Tribunal Unitario Agrario XVI, Agustín Hernández González, dio entrada a la demanda del ejido Puente de Arcediano contra el SIAPA y la CEA (expediente 1371/16/2012).
El 6 de mayo de 2013 el Tribunal Agrario admitió la demanda del ejido e instruyó a su actuario para emplazar a juicio a la CEA, así como al resto de las autoridades, y se les citó a una audiencia para el 6 de agosto siguiente.
El tribunal indicó que la CEA debe “mantener las cosas en el estado que actualmente guardan hasta que se resuelva en definitiva la contienda y se abstenga de llevar a cabo trabajos de explotación, excavación y extracción de material pétreo sobre la superficie de 46 mil 597 metros”. Para validar ese acuerdo los ejidatarios debían depositar una fianza de 100 mil pesos, según acordó el magistrado del Tribunal Unitario Agrario. Así lo hicieron.
El 26 de julio de 2013, el representante legal de la CEA, Aldo García Rodríguez, interpuso un juicio de amparo indirecto (expediente 1614/2013) ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo del Tercer Circuito contra el Tribunal Unitario Agrario del Distrito XVI, pues calificó de ilegal la admisión de la demanda de pago indemnizatorio por la extracción de material. El SIAPA realizó la misma acción legal, que quedó asentada en el oficio 25907.
Según el representante legal de los afectados, el amparo indirecto se les negó. “Por eso presentamos en el Juzgado Primero un amparo y después un incidente de desacato. Ya les notificaron, y si no pagan y no paran las obras, vamos a llegar a los trancazos”, comenta.
Las razones del ejido
Fue el 2 de agosto cuando los ejidatarios solicitaron un amparo ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa contra las mismas autoridades por la “desposesión” inminente de una superficie mayor de las 10 hectáreas. El juez primero de distrito, Joel Fernando Tinajero Jiménez, le concedió la protección federal al núcleo agrario cuatro días después (amparo 1666/2013) para “que no se lleve a cabo el acto tendente a desposeer al ejido de la superficie de 103 mil 921 metros cuadrados”.
En la audiencia del 6 de agosto, el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría General de Gobierno y la Dirección General de Asuntos Agrarios, respondió al tribunal que el gobierno estatal no suscribió con el ejido el contrato “de asociación en el que se funda su juicio agrario”, por lo que piden “se absuelva a nuestro representado el gobernador del estado de todas y cada una de las prestaciones reclamadas” (oficio 2114/2013).
Por su parte, el SIAPA contestó al magistrado del Tribunal Unitario que actualmente no tiene obligación de hacer ningún pago al ejido. El organismo afirma que el adeudo del contrato que se firmó en 1992 fue cubierto en su totalidad, conforme se acredita con el original del recibo expedido por “las autoridades internas del comisariado ejidal Puente de Arcediano, valioso por la cantidad de 11 millones 836 mil pesos”.
Subraya la institución que “actualmente no realiza trabajos de explotación, excavación y extracción de material pétreo y compactable en la superficie y área de afectación que mencionan”. Además, sostiene que el contrato tenía vigencia de un año. Sin embargo, en la clausula séptima se menciona que el “acuerdo puede prorrogarse de acuerdo con las necesidades” del SIAPA.
En tanto, la CEA alegó ante el Tribunal Unitario Agrario que Ruiz Eugenio y Elvira García no cuentan “con un órgano de representación ejidal actual inscrita ante el RAN”, por lo cual no están facultados para promover acción legal alguna.
Otro argumento de la CEA es que su propia creación data de 2007, por lo que no pudo firmar el contrato de asociación para la explotación de material en 1992, y tacha de “falso que la dependencia adeude por el anterior concepto la cantidad de 828 millones 252 mil pesos” a los campesinos.
La comisión observa que, el 7 de octubre de 2003, el gobierno estatal suscribió un convenio con el ejido Puente de Arcediano “a efecto de autorizar la ocupación previa de los terreno ejidales motivo de la solicitud de expropiación, para la construcción de la obra Presa de Arcediano”. Y apunta que el 24 de noviembre de 2008 el Ejecutivo estableció un convenio con el núcleo agrario para pagarle la tierra a fin de construir dicha obra, “situación que está íntimamente ligada con el juicio de amparo indirecto 1284/2009, radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo, mediante el cual el ejido Puente de Arcediano demandó al gobernador, al SIAPA y la CEA por la falta de pago de expropiación de poco más de 48 hectáreas”, explica la dependencia. No obstante, señala, al ejido sólo se le restituyeron 5 mil 842 metros cuadrados a los que afectó la construcción de la carretera.
A su vez, los ejidatarios señalan que la autoridad todavía no les entrega esos más de 5 mil metros.
Durante la misma audiencia ante el Tribunal Unitario Agrario, el ejido presentó un escrito “modificatorio” para reclamar una indemnización que suma 885 millones 823 mil 276 pesos por los siguientes conceptos: “superficie afectada al ejido por la extracción del material –casi 421 mil metros cúbicos–, el valor de los bienes distintos a la tierra, el pago de rentabilidad por el tiempo transcurrido desde la firma del convenio de fecha 22 de abril de 1992 hasta la actualidad, así como el volumen y el monto de los materiales extraídos”.
El tribunal “decretó como medida precautoria apercibir a la totalidad de las partes contendientes en el juicio –gobierno del estado, CEA y SIAPA–, que deberán mantener las cosas en el estado que actualmente guardan hasta en tanto se resuelva de manera definitiva la contienda (…) sin que lo anterior conlleve a apercibir a la demandada a ingresar a los terrenos propiedad del núcleo agrario”.
Gobierno en desacato
El 13 de agosto de 2013 los representantes del ejido solicitaron un amparo (1666/2013-VI) contra actos del gobernador del estado, la CEA y el SIAPA, así como de los presidentes municipales de Ixtlahuacán del Río, Gerardo Godoy Jiménez, y de Zapotlanejo, Francisco Javier Pulido Álvarez, entre otras autoridades, principalmente por “la desposesión” de una superficie aproximada de más de 10 hectáreas, ubicadas entre los municipios mencionados.
En sus argumentos refieren que el 26 de abril de 1997, luego de los trabajos que realizó la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) mediante el Programa de Certificación de Derechos Parcelarios (Procede), los ejidatarios se percataron de que tenían en posesión una superficie de mil 21 hectáreas y no sólo las 806 hectáreas.
Esto representa un excedente de poco más de 221 hectáreas de lo que formaba parte de la antigua hacienda de Colimilla, propiedad de Victoria Vázquez Martín del Campo, persona a la que se le afectó la dotación de terreno que se reconoció por resolución presidencial al ejido Puente de Arcediano.
En esa área se localiza el predio Mesa de San Francisco, así como el potrero El Pandito, ambos ubicados en el municipio de Zapotlanejo. Del primero se extrajo el material para construir la carretera a la cortina de la presa El Purgatorio.
Los ejidatarios indican que la SRA les reconoció la posesión y “nos dejó a salvo los derechos de la excedencia de terreno (…), mas hemos de señalar que esta área se encuentra en conflicto agrario con el supuesto propietario Luis Arturo Castañeda Corona”.
En el escrito que presentaron ante el Juzgado de Distrito explican que desde el 25 de julio de 2013, en La Bajada de Mauricio, personal de la CEA está construyendo dicha presa en tierras ejidales. Por ello, dicen, “les informamos que en el terreno que pretendían invadirnos y perturbarnos en principio de cuentas tendrían que liberarlo y pagarlo al núcleo agrario, aunado a que el mismo se encuentra enclavado dentro del Área de Protección y Conservación Hidrológica y de Recursos Naturales de la Barranca”.
Añaden que “los trabajadores e ingenieros que se encuentran en el lugar (…) argumentan que tienen órdenes de iniciar las obras para el desarrollo del proyecto de la presa El Purgatorio, en donde se demuestra que van a ingresar a los terrenos propiedad del núcleo agrario, demostrándose la desposesión de la que vamos a hacer objeto (…) sin que exista una orden judicial”.
Alberto Montoya, representante legal de los ejidatarios, anunció que, ante la omisión de las autoridades, “el pasado 9 de octubre se tramitó un incidente de desacato, en virtud de que la CEA no acató la orden de no invadir las tierras ejidales, que son precisamente las que llegan hasta donde se está construyendo la presa El Purgatorio, y el juzgado lo admitió”.
Prosigue: “La autoridad federal les advirtió que si seguían metiéndose iba a destituir a los funcionarios públicos: el gobernador del estado, y los titulares de CEA y SIAPA”.
Como ya se admitió el desacato, los afectados planean bloquear el camino que construyó el gobierno del estado con material de los terrenos ejidales y que está dentro del núcleo agrario. “No van poder meter ni sacar maquinaria, es el único camino para llegar al punto donde se va a construir la presa”, comenta el abogado Montoya.
Dice que la Procuraduría Agraria “ya les advirtió a las autoridades de la CEA y el SIAPA, y al gobierno del estado, que deberían pagar porque no tienen el sustento jurídico, pero se niegan”.
Una prueba contundente que presentó el ejido para reclamar el pago es el acta de amojonamiento y deslinde que se encuentra en el RNA desde 1972. Ahí se indica que del punto cero a la mojonera 1 son 5 mil 380 metros, y de ahí a la mojonera 2 son 2 mil 580 metros, y de regreso a la mojonera cero 6 mil 360 metros. En este polígono se ubica el camino a la presa y es donde se levantaría la cortina.
“Dos peritos, Salvador Gerardo Sánchez Rodríguez y Adolfo Meza Ramírez, este último reconocido a nivel nacional, hicieron la medición del polígono del ejido de acuerdo con la resolución presidencial, y se constató que al ejido el gobierno no le pagó por más de 200 hectáreas”, puntualiza el abogado.
El proyecto de la presa El Purgatorio se cotizó en 6 mil 823 millones de pesos. La mitad serán aportados por el gobierno federal y el resto por el estatal. La obra se construye sobre el cauce del río Verde en el municipio de Zapotlanejo, seis kilómetros aguas arriba de la confluencia de este caudal con el río Santiago. La presa tendrá una longitud de 140 metros y 100 metros de altura, y se espera concluirla en 2016. De ahí se extraerían mil 600 metros cúbicos del líquido por segundo, cantidad similar a la que se saca actualmente de la laguna de Chapala.
También se consideran una presa derivadora, una estación de bombeo y un vaso regulador que estará ubicado en el cerro Las Mulatas, amén de que se ampliará la planta potabilizadora San Gaspar y se construirá la planta Ocotillo. El 6 junio pasado el titular de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld, firmó un convenio con el gobierno del estado para iniciar la construcción de la presa El Purgatorio.
Y el reciente jueves 3 Salvador Delgado, director de la Unidad Ejecutora de Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Conurbada de Guadalajara de la CEA, declaró a Milenio Radio que el proyecto de la presa El Purgatorio se mantiene en pie, pues está registrado ante la Secretaría de Hacienda para tener acceso a los recursos del Fondo Nacional de Infraestructura
Según los afectados, junto a la presa se construirán una zona turística y fraccionamientos, negocio que atribuyen a los exgobernadores panistas Francisco Ramírez Acuña y Alberto Cárdenas, así como a Enrique Dau Flores, secretario de la Comisión de Seguimiento de la presa El Purgatorio.
