Lejos de asumir sus funciones sustantivas, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Itei) se ha dedicado a resolver únicamente cuestiones relativas a los recursos de revisión de cuentas, de ahí que los poderes Legislativo y Judicial oculten información y sean remisos a dar la información que por ley deben proporcionar a quien lo solicite. En los hechos, dicen los especialistas entrevistados por Proceso Jalisco, el organismo presidido por Cynthia Cantero Pacheco es sólo un “convidado de piedra”.
Aun cuando en los últimos 11 años se han promulgado cuatro leyes sobre la materia –la última de ellas apenas en agosto pasado–, resultan insuficientes para convencer al Poder Judicial de la necesidad de transparentar en forma cabal el uso de recursos y hacer pública la información en las páginas web del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) y del Consejo de la Judicatura estatal.
En los hechos, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Itei) que encabeza Cynthia Cantero Pacheco, es un “convidado de piedra”, pues suele actuar con tibieza ante las instituciones cuestionadas por la ciudadanía, comentan por separado a Proceso Jalisco, Graciela Bernal Loaiza, representante de Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), y Héctor Ontiveros Delgadillo, exconsejero del instituto.
Según Ontiveros Delgadillo (quien en junio pasado falló en su intento de llegar a la presidencia del Itei) el STJ, el Congreso local y los ayuntamientos de la zona metropolitana de Guadalajara se muestran renuentes a proporcionar la información porque el instituto lo permite.
El organismo, añade, es responsable de revisar las páginas de internet de cada entidad pública y verificar que la información publicada sea actual y genuina.
En el periodo 2005-2007, cuando era consejero, dice, había un calendario en el cual se definían las fechas de las páginas que se analizaban, incluso se daba a conocer la calificación que el instituto otorgaba a cada una, pero “eso desapareció con Jorge Gutiérrez Reynaga, anterior presidente del Itei, relata.
La Ley de Transparencia faculta al instituto para hacer evaluaciones a las páginas de internet pero no la ejerce. Eso es lamentable, asegura, sobre todo si se considera que el investigador José Bautista, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), revisó 10 portales en un solo día.
“Al parecer –comenta el entrevistado– el Itei se ha dedicado a resolver únicamente cuestiones relativas a los recursos de revisión, aunque esa no es su finalidad. Veo mucho retraso en la formación de la cultura de la transparencia; no existen campañas masivas de información”.
Al margen de la mala actuación del organismo, advierte, la relación consanguínea de Cantero Pacheco con el magistrado del STJ Salvador Cantero Aguilar, quien es su padre, en cualquier momento afectará a las dos instituciones.
Ontiveros también habla de la burocratización en el Itei durante la gestión de Gutiérrez Reynaga, donde se enquistaron muchos “recomendados”. Esa práctica se volvió común en otros organismos que se presumían ciudadanos, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, dice.
Bernal Loaiza, por su parte, menciona la opacidad con la que opera la Judicatura. Quienes consultan el portal en busca de información sobre la nómina de empleados y las percepciones de los funcionarios de primer nivel, simplemente no pueden cruzar los datos o estos no están actualizados.
Cuando algún ciudadano consulta la nómina, debe dar cinco o seis clics para llegar al apartado donde se encuentra la información sobre los sueldos. Al final aparece un texto de la fracción V del artículo 8 u 11 de la Ley de Transparencia con la advertencia de que es un lugar “secreto”.
Es en el inciso F del mismo apartado donde se habla de las remuneraciones mensuales de los empleados, mientras en el G se proporcionan las nóminas completas, pero sin información adicional.
La búsqueda de información por orden alfabético en las páginas de la judicatura y el tribunal obliga a un trabajo tedioso, pues la lista no sigue ninguna lógica.
El apartado de transparencia de la judicatura, por ejemplo, no contiene un buscador general en la página de inicio; el rastreo de información se vuelve complicado para cualquier usuario, aun cuando en algunos apartados sí existe esa herramienta.
Además, los datos del Consejo de la Judicatura no están actualizados, pues son del 22 de enero pasado; nunca se informó del cambio de juzgados, oficinas de servicio y almacén a la sede de Ciudad Judicial en funciones desde el mes pasado en Zapopan. En contraparte, el portal del STJ sí notificó el cambio de oficinas, incluso lo hizo de manera anticipada.
Datos incompletos
y contradictorios
Hasta hace unas semanas, la página de transparencia de la Judicatura aún no subía la información alusiva a los pagos de las quincenas correspondientes a 2013; lo último que se veía eran los pagos de octubre de 2012. Y en la del STJ, la nómina incluso sólo incluye el monto neto de 2013.
En el caso del presidente del STJ, Luis Carlos Vega Pámanes, se puede leer que tiene un sueldo de 160 mil pesos, así como una compensación de 11 mil 759 pesos y gastos de despensa por 787 pesos. En total sus emolumentos ascienden a 173 mil 204 pesos, a los cuales se le deducen 28 mil pesos. No se aclara si las cifras son mensuales.
Sin embargo, en la pestaña de transparencia, la nómina indica que el sueldo de Vega Pámanes es de 42 mil 102 pesos netos; tampoco se precisa la periodicidad ni el lapso laborado.
Vega Pámanes también cobra 66 mil pesos al mes libres de deducciones en el Consejo de la Judicatura, del cual es presidente, según la información disponible en la página de transparencia. Sumados, sus ingresos son de 226 mil pesos al mes.
Desde antes de 2007, el Poder Judicial de Jalisco ya aparecía con calificación reprobatoria en materia de transparencia (43 puntos sobre 100). Dos años después, el Itei insistió ante el Poder Judicial de inconsistencias detectadas en sus portales de transparencia en internet. La omisión continúa hasta hoy.
En 2012, el exconsejero Javier González Vallejo incluso cuestionó la falta de disposición del Poder Judicial. Según él, de los 38 puntos que debe cubrir esa institución con la transparencia, sólo se atendían ocho.
El 13 de abril pasado, el entonces presidente de la Amedi capítulo Jalisco, Juan Larrosa Fuentes, se quejó por el ocultamiento de la información en las instancias judiciales y cuestionó la actitud del presidente del Tribunal Administrativo del Estado, Armando García.
“¿Por qué les interesa tanto?”, respondió el funcionario aludido.
En esa fecha, Larrosa Fuentes afirmó: “Uno de los grandes pendientes de la transparencia en el estado se detecta en los poderes Judicial y Legislativo, pues no cumplen con los mínimos de información y, como se dice coloquialmente, se van a las caiditas. Esperan a que se les haga una notificación o se les llame la atención para actuar”.
Según Bernal Loaiza, quien sucedió a Larrosa en el cargo en junio último, al revisar las páginas del STJ y de la Judicatura se evidencia la falta de información y las deficiencias de ambas instituciones. También cuestiona la falta de información, así como las omisiones y las diferencias en las páginas del tribunal y de la judicatura:
“Habría que preguntarse qué ocurre y por qué se presentan esas diferencias entre una y otra”, cuestiona. El trabajo en esas áreas debería ser parte de una estrategia o de la apuesta de voluntad política para el desarrollo de esos espacios de transparencia y rendición de cuentas.
Algunos aspectos sí están colocados, igual que cierto tipo de información fundamental, pero omiten otra de carácter sustantivo o en el mejor de los casos la esconden, denuncia la representante de la Amedi.
“El tema de puestos y remuneraciones en el Supremo Tribunal de Justicia sí aparece –dice–. Ahí podemos saber que cada magistrado gana cerca de 158 mil pesos mensuales, pero en el Consejo de la Judicatura ese tipo de datos se omite; sólo aparece el puesto en el tabulador general y el sueldo, pero sin dar detalles del nombre de la persona que ocupa alguna de las diferentes categorías”.
Insiste en que, a pesar de las dificultades que se reportan, es obligación de las organizaciones ciudadanas y los medios de comunicación mantener la vigilancia de esos organismos que por mandato deben responder a la norma relativa a transparencia.
“Es indispensable que los sujetos obligados respondan a su función como proveedores y difusores de la información que no es de ellos, sino de todos los ciudadanos”, asegura Bernal.
El dispendio
Por desgracia, admite Graciela Bernal, no existe mayor sanción contra los funcionarios que incumplen la ley. La cultura de la información que tiene la sociedad, dice, es raquítica:
“Quiero ser optimista y pensar que no es ni nula ni totalmente pobre. La transparencia tendría que ser una función incorporada a la función pública de manera normativa y esas tareas se deberían desarrollar en forma regular. Se requiere de voluntad política y visión para incorporar a los cuadros profesionales competentes para cumplir con esa obligación.”
Al inicio de su gestión como presidente del STJ, Luis Carlos Pámanes lo admitió: la falta de transparencia es un verdadero lastre para el desarrollo del Poder Judicial.
No obstante, en su primera entrevista con Proceso Jalisco, citó al Instituto de Acceso a la Información Pública como el “Itai”, con lo que evidenció que ni siquiera conocía el nombre correcto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En enero último, el funcionario y algunos consejeros de la Judicatura, entre ellos Alfonso Partida Caballero, dijeron estar conscientes de la poca información disponible en las páginas de internet de ese organismo y el casi nulo acceso al presupuesto que manejaba el organismo ni a sus erogaciones.
En las evaluaciones de octubre de 2009, el Itei concedió 76 puntos de calificación a Poder Judicial, mientras al Ejecutivo le otorgó 80 puntos.
Bajo estas condicionantes y a punto de cumplirse el primer año de la administración de Vega Pámanes al frente del STJ y del Consejo de la Judicatura, el tema de la transparencia sigue atorado.
Lo mismo sucede con el desarrollo de la infraestructura para el procedimiento de los juicios orales y del desarrollo de una nueva plataforma tecnológica para el cumplimiento de sus funciones de administración y la impartición de justicia.
Desde hace meses, Vega Pámanes afirma que la falta de presupuesto ha detenido el desarrollo de las áreas que reclaman atención inmediata e inversión en infraestructura para dar un mejor servicio a la ciudadanía. Incluso habló un incremento de 180% para 2014, toda vez que el Poder Judicial pide mil 600 millones de pesos más.
La iniciativa desborda las anteriores solicitudes que, aseguró, apenas cubrían el aumento de lo que marcaba la inflación y que, a su juicio, provocó rezagos en el organismo. E insistió en que el aumento del presupuesto tiene que ver con el acondicionamiento del Poder Judicial, con las salas para juicios orales y el desarrollo de una nueva plataforma tecnológica para ofrecer el servicio.
Sin embargo, Vega Pámanes omite hablar de los gastos excesivos en el Poder Judicial: su doble sueldo y las tres Suburban que tiene a su disposición, una de las cuales está asignada a su esposa, quien funge como presidenta del patronato de voluntariado del Poder Judicial.
Tampoco menciona que el tribunal y la judicatura tienen su propia oficina de Comunicación Social, cuyos titulares ganan 54 mil pesos al mes cada uno.
