Para el arquitecto Jesús García Rojas, los problemas de los desarrollos inmobiliarios en los cuales muchas de las nuevas casas están deshabitadas por falta de infraestructura (drenaje, agua potable, alumbrado público, transporte urbano, servicio de recolección de basura) y se ubican lejos de los centros de trabajo o estudio de los residentes, son producto de las componendas entre los ayuntamientos y los dueños de las constructoras.
Para el director de la consultora Rojas y Asociados, todo empezó en 1992, con la puesta en marcha de la Ley General de Asentamientos Humanos, según la cual los ayuntamientos estaban autorizados a modificar el uso de suelo de agrícola a habitacional.
García Rojas, quien a finales de la década de los ochenta fue delegado del Infonavit en Jalisco y posteriormente coordinador general de delegaciones y director técnico de la institución, insiste en que antaño eran los gobiernos estatales los encargados de la planeación urbana, el ordenamiento territorial y el uso de suelo.
Antes del 92, el gobierno estatal mantenía el control. “No te digo que no había corrupción, pero no estaba generalizada ni había tanta arbitrariedad”, comenta a Proceso Jalisco.
–Había un corrupto, el gobierno, no 125, es decir uno por cada municipio –se le comenta.
–¡Correctísimo! Y esto, a escala nacional, es una desgracia. Desde el punto de vista urbanístico, el país se desarrolla muy mal y esto va a continuar mientras no se cambie esa ley.
El ejemplo claro de los ayuntamientos mal gobernados es, dice, Tlajomulco de Zúñiga, que dejó de ser el valle agrícola para convertirse en selva de concreto: “Ni un desarrollo habitacional se asoció a centros de trabajo”.
–¿Por qué llevar infraestructura a esos lugares, cuando los corruptos no son castigados, cuando los que hicieron el problema están libres?
–Los que hicieron fraude tendrían que pagar, pero en México prevalece la impunidad.
Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se aprobó una reforma a la Ley de Asentamientos Humanos con tintes neoliberales y, dice el entrevistado, “con un arrebato federalista” en el que se delega a los municipios la facultad de planear, ordenar y determinar los usos de suelo. Los gobiernos municipales no están preparados, insiste García Rojas.
A esa ley –que provocó el crecimiento habitacional desordenado, con casas en desuso por falta de infraestructura– hay que sumar el deterioro del poder adquisitivo, dice: “Más o menos desde 1985 los salarios de la clase trabajadora están prácticamente congelados, pues en estos casi 30 años se ha perdido 65% de su valor”.
Un tercer factor, agrega, es que de la población económicamente activa (PEA) sólo 4% es asalariada; el 60% restante se ubica en la economía informal.
Y expone: “De los asalariados, 70% gana entre uno y cuatro salarios mínimos, mientras el monto de crédito del Infonavit al que tienen derecho los trabajadores –máximo 280 mil pesos– no les alcanza para adquirir una vivienda digna”.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en Jalisco la PEA es de 3 millones 548 mil 171 personas.
La combinación de estos factores provocó que en los últimos 30 años las viviendas se construyeran fuera de los centros poblacionales, en la periferia. El propósito era ayudar al trabajador a adquirir una vivienda barata pero dudosamente digna. Hoy, por ejemplo, sus moradores invierten en transporte más que el monto de su hipoteca o crédito Infonavit.
El sexenio de Felipe Calderón fue “perverso” en este aspecto, pues ofreció subsidios por hasta 25% “del valor de la vivienda” para trabajadores en situación de pobreza y para sitios con alto grado de marginalidad, comenta.
Sin embargo, la política pública de subsidiar fue desvirtuada por las 10 grandes desarrolladoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), entre ellas Homex, Geo y Urbi, cuyos empleados “convencieron” a los ayuntamientos para que promovieran la construcción de viviendas fuera de los centros urbanos.
“Eso generó mucha oferta de vivienda y al paso del tiempo el abandono de las mismas por la falta de infraestructura”, reitera el entrevistado.
Nos guste o no, el presidente Enrique Peña Nieto “acaba de detener esos subsidios para viviendas fuera de centros poblacionales. Eso disgustó a los grandes vivienderos”.
–Hoy, el Infonavit no construye, sólo otorga créditos para que el trabajador adquiera su vivienda en esos desarrollos, ¿hasta dónde tiene responsabilidad? –se le pregunta.
–Tiene mucha responsabilidad. Durante la gestión de Víctor Borrás Setién en 12 años de gobiernos panistas no le importó el dónde y cómo; se fijó como meta lo cuantitativo, no lo cualitativo. El Infonavit tenía la intención de hacer ciudad, no vivienda.
