BOGOTÁ.- México es el país con menor porcentaje de recaudación fiscal en Latinoamérica, con 9.7% del producto interno bruto (PIB), seis puntos debajo del promedio regional, según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
“Es una tasa muy baja para el nivel de desarrollo de México y no le da al país suficiente espacio fiscal para tener una política que le permita aumentar el gasto social a fin de combatir la desigualdad”, dice a Proceso la secretaria ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, durante una visita a la capital colombiana antes de presentar el gobierno mexicano al Congreso, el pasado domingo 8, su propuesta de reforma hacendaria.
Según la Secretaría de Hacienda la reforma, en caso de aprobarse en sus actuales términos, tendría un impacto fiscal de 1.4 puntos porcentuales del PIB en los ingresos públicos para 2014.
Según esta proyección el porcentaje de recaudación fiscal en México se elevaría a 11.1% del PIB el año próximo, con lo cual se mantendría con la tasa de menores ingresos tributarios en América Latina en relación con el tamaño de su economía. En ese sentido la reforma propuesta por el gobierno es limitada.
Incuso Haití, el país más pobre de la región, tiene una tasa de ingresos tributarios superior a la de México, con 13.1% del PIB, así como Venezuela, República Dominicana y Guatemala (entre 11.9 y 12.7%), que están en el fondo de la tabla de la Cepal junto con México. Argentina y Brasil tienen los más altos porcentajes de recaudación en la zona, con 27.4 y 26.0% del PIB, respectivamente, mientras el promedio en la región alcanza 15.7%, 4.6 puntos por encima de la tasa que lograría México con la reforma.
México “debe mejorar su tasa tributaria, incrementarla; por lo menos debería acercarse al promedio de la región”, señala Bárcena, bióloga y ecóloga mexicana con maestría en administración pública por la Universidad de Harvard y estudios de doctorado en economía en la UNAM.
Para la Cepal, el organismo que más ha estudiado los regímenes fiscales en la región, en países tan desiguales como los de América Latina es preciso asegurar una contribución de los impuestos para reducir las brechas sociales, y para ello recomienda privilegiar los impuestos directos, como los de la renta y del patrimonio.
El Panorama fiscal de América Latina y el Caribe 2013 de la Cepal señala: “Es fundamental fortalecer el Impuesto Sobre la Renta no sólo como un instrumento que favorece la igualdad, sino como un estabilizador automático de los ciclos económicos”.
Bárcena asegura que el ISR casi no ha avanzado en América Latina pese a ser el más progresivo, pues a través de él se logra que los sectores de mayores ingresos paguen más y quienes menos tienen, paguen menos. Otro impuesto “sumamente importante”, sostiene, es el del patrimonio de las personas y las empresas.
Al evaluar la experiencia regional en materia de políticas fiscales, señala que en la última década “varios países latinoamericanos han realizado reformas muy importantes que han incrementado la tributación, han cambiado un poco la estructura tributaria y se han dedicado a tener un control de la evasión y de la exenciones fiscales”.
Según estadísticas de la Cepal, entre 2000 y 2011 los ingresos fiscales totales de América Latina aumentaron de 19.6 a 23.6% del PIB, mientras en México subieron de 17.4 a 19.5% en ese lapso, incluido el aporte fiscal del petróleo. La explotación de crudo representa 32.5% de los ingresos tributarios totales de México, una tasa que sólo es superada en la región por Venezuela, que llega a 39.2%.
En la última década la carga tributaria (excluidos los aportes a la seguridad social) aumentó de 12.7 a 15.7 en la región, mientras que en México bajó de 10.1 a 9.7%. Esta última tasa es casi tres veces menor al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, indican las cifras de la Cepal.
“Otro tema muy importante es la exención de impuestos, que muchas veces se establece para estimular el establecimiento de determinadas empresas o determinadas actividades; y eso es válido pero el problema es que esas exenciones fiscales deben ser evaluadas en el tiempo y no tienen por qué quedarse eternamente”, considera Bárcena.
