Los fenómenos naturales son inevitables pero sus consecuencias sí pueden mitigarse y minimizarse, aunque al revisar la historia de estos eventos en México parece que no es así, toda vez que año tras año el recuento de daños es interminable y repetitivo. Las razones son evidentes: negligencia, incapacidad o corrupción de las autoridades.
La semana pasada dos huracanes azotaron los estados costeros mexicanos: Ingrid en el Golfo de México y Manuel en el Pacífico. El segundo fue el que más daños causó y vidas humanas cobró. Hasta el jueves 19 los reportes oficiales hablaban de 97 muertos y 68 desaparecidos por el deslave del cerro en la comunidad La Pintada, de Atoyac de Álvarez, Guerrero.
Una rápida comparación de lo que hoy sucede en Guerrero con lo ocurrido en 1997 (hace 16 años), cuando Paulina azotó al puerto de Acapulco, permite evidenciar la ineficacia de las autoridades en ambos casos. Si bien las cifras cambian, los impactos y las consecuencias son prácticamente los mismos.
Al paso del tiempo, sin embargo, las recomendaciones se olvidan, al punto de que algunas obras que se erigieron han vuelto a ser devastadas por nuevas precipitaciones pluviales, y otra vez se autorizan costosos desarrollos inmobiliarios cuyos asentamientos en zonas de alto riesgo se vuelven a permitir.
Las crónicas de lo sucedido en octubre de 1997 en Acapulco como consecuencia del huracán Paulina consignan exactamente los mismos daños que hoy: cortes en el tramo de Chilpancingo de la Autopista del Sol, en la carretera escénica entre la zona Diamante y el puerto, en la carretera a Pie de la Cuesta, afectaciones en los aeropuertos y en el sistema hidrológico del río Papagayo… En aquellos días también se habló de precipitaciones atípicas, de 411 milímetros en menos de 24 horas.
El periódico La Jornada de Guerrero, en su editorial del pasado martes 17, señaló que, como hace 16 años, las tormentas dejaron al descubierto “la falta de responsabilidad de quienes han construido viviendas en zonas de riesgo, con el concurso, la mayoría de las veces, de la propia autoridad (…) la situación no ha cambiado mucho: la mayor afectación ocurrió en lugares ya dictaminados como de riesgo”.
En una conferencia de prensa en la que estuvo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, reconoció “Ha habido invasiones, ha habido situaciones irregulares producto de invasiones, de negocios políticos, pero también hay que decirlo, que son en buena medida actos de corrupción que se han dado a la luz de una serie de unidades habitacionales y viviendas que nunca se apegaron a un reglamento y a un plan”.
Pero las autoridades no se pueden llamar a engaño, pues grupos ambientalistas han advertido una y otra vez acerca de esos riesgos, ahora materializados, con su cauda de consecuencias.
En lo referente a Tabasco, aun cuando no figura entre las entidades más afectadas por los fenómenos meteorológicos recientes, ha recibido cuantiosos recursos de la federación destinados a construir la infraestructura indispensable para evitar afectaciones y, sin embargo, todavía no está exenta de riesgos. Es decir que las inversiones realizadas no son ninguna garantía de seguridad para los tabasqueños, lo mismo que en Guerrero con el sistema pluvial de Llano Largo, una de las zonas más afectadas.
En este concierto de sinrazones destaca la reincidencia de prácticas erróneas, como la construcción de instalaciones en el lecho del río Santa Catarina, en el área metropolitana de Monterrey: a tres años de la tragedia provocada por Alex, ya se pensaba reconstruir canchas deportivas en la zona.
El pasado 19 de julio el diario regiomontano El Norte reprodujo declaraciones de Fernando Gutiérrez, secretario de Desarrollo Sustentable del gobierno de Nuevo León, según las cuales la Comisión Nacional del Agua reconstruiría las canchas y las administraría, y en un futuro las concesionaría a los municipios.
Medios informativos nuevoleoneses han dado cuenta de obras recién construidas que incluso antes de ser inauguradas sufren desperfectos y daños por los embates de los fenómenos naturales. Es el caso de la supercarretera Durango-Mazatlán, donde hubo cuatro derrumbes y que sería (¿o será?) inaugurada por el presidente Enrique Peña Nieto el próximo 17 de octubre, Día del Caminero. La obra fue promovida por Felipe Calderón como obra emblemática de su sexenio y un prodigio de la ingeniería mexicana.
Como puede verse, las políticas erráticas en materia de obra pública y previsión de desastres naturales en las cuales incurren las autoridades de las tres instancias de gobierno agravan los impactos de los fenómenos meteorológicos, con la consecuente destrucción de infraestructura indispensable para el desarrollo de la comunidad y la pérdida de vidas humanas.
Lo más terrible es que las torpezas, omisiones y corruptelas de las autoridades quedan siempre en la impunidad, pues a ninguna se les hace pagar las consecuencias. En todos los casos hay razones y motivos para cuestionar su permanencia en los cargos por su incapacidad para ejercerlos y, en otros, para sancionarlos por responsabilidades administrativas o juzgarlos por la comisión de delitos penales.
