Desde que se dieron a conocer las iniciativas de ley sobre la reforma energética presentadas por el PAN, PRI y PRD, un verdadero alud de propaganda y análisis ha inundado los medios de comunicación, en particular la televisión. Aquélla, generada por el gobierno, presenta de manera simplista los supuestos beneficios que de manera casi mágica se obtendrán una vez que se apruebe su propuesta de reforma constitucional para permitir la inversión privada en petróleo. Los segundos han sido más sofisticados. En ellos se han planteado muchos aspectos de la reforma energética que se deben tomar en cuenta. El ejercicio no ha sido imparcial; ha dominado el punto de vista de quienes están a favor de la reforma constitucional. Con algunas excepciones, el debate gira en torno a la mayor o menor amplitud que debe darse a la inversión extranjera. Algunos aconsejan “desprenderse de prejuicios” y ofrecer las mayores facilidades para el acceso libre y sin condiciones a dicha inversión.
Sorprende que dentro de estos análisis no se haya abordado la naturaleza y características actuales de quienes, de aprobarse la iniciativa gubernamental, tendrán un gran peso en la economía y política de México: las grandes compañías petroleras. Aunque la referencia a Las Siete Hermanas parezca anacrónica, ya que corresponde a los años cincuenta del siglo pasado, cuando el término abarcaba a las siete poderosísimas empresas petroleras provenientes, todas ellas, de los países avanzados, evocarlas es todavía útil. Obliga a pensar en su poder histórico y en las nuevas circunstancias que han surgido en el mundo del petróleo, donde ya no reinan Las Siete Hermanas.
Las grandes compañías que en estos momentos siguen con gran atención los avatares de la reforma energética de México son conocidas. La mayoría trabajan ya con Pemex como contratistas: ellas son Exxon, Shell, Halliburton, Schumberger, Repsol y Petropoc. Algunas son gigantes empresariales, con enormes recursos y capacidad de planeación a largo plazo. Para sólo citar un caso, Exxon es, junto con Apple, la compañía más bien valuada del mundo: 417 mil millones de dólares. Su interés en los últimos tiempos se dirige a dos campos en los que México tiene mucho que ofrecer: exploración y explotación de petróleo en aguas profundas y gas de esquiso o shale gas.
Sin duda, México ocupa un lugar en los escenarios que los especialistas de tales compañías han diseñado para el futuro. Conocerlos, para saber hasta dónde coinciden con los que se proyecten para México, cualquiera que sea la autoridad que los defina, es importante. Contribuye a tomar conciencia de su capacidad de cabildeo, de las voces que sustentan sus puntos de vista, del grado en que las decisiones que se están tomando son resultado de una reflexión muy sólida, o expresan acuerdos ya establecidos con los “poderes fácticos”. Normalmente, estas compañías navegan arropadas por los gobiernos de sus países de origen. Supongo que en su visita a México Biden se referirá a las relaciones en materia de energía. Su posición, es de esperarse, reflejará las opiniones de Exxon o Shell.
No se ha definido cuál es el lugar que se desea preservar para Pemex dentro de las grandes ligas de productores de petróleo. La insistencia en señalar sus aspectos negativos ha sido una constante por parte de los voceros gubernamentales. Hay motivos justificados para ello: Su atraso tecnológico, su corrupción escandalosa, los privilegios exagerados de su sindicato, la caída reciente de la producción, el descuido de los trabajos de investigación y desarrollo, entre otros, son factores que invitan a una profunda revisión de su organización interna.
Ahora bien, a pesar de las circunstancias anteriores, el hecho es que Pemex se encuentra entre las diez compañías petroleras más importantes del mundo. Un artículo reciente de The Economist (03/08) lo sitúa en el octavo lugar, por debajo de Shell y por encima de British Petroleum. Pero hay algo más, el panorama de las grandes compañías petroleras ha cambiado profundamente desde la época de Las Siete Hermanas. En aquel entonces, el poder petrolero estaba concentrado en compañías provenientes de los países avanzados; ya no es así. De las diez compañías citadas en la mencionada revista siete son compañías nacionales de potencias emergentes, con fuerte participación gubernamental. Entre ellas se encuentran Saudi Aramco, de Arabia Saudita; Gazprom, de Rusia, y PetroChina, de China.
Se trata de compañías que presentan, entre otras, dos características. De una parte, su avance en materia de tecnología, logrado frecuentemente a través de acuerdos con inversiones extranjeras que han transmitido el conocimiento tecnológico y sus mejores formas de utilización y el cual, ahora, lo manejan de manera independiente, por la otra, el apoyo gubernamental. Un dato ilustra el camino que dichas compañías han escogido para consolidarse: el año 2011, las cinco principales invirtieron 5 mil 300 millones de dólares en investigación y desarrollo. Fortalecer las capacidades tecnológicas de Pemex, mantenerlo dentro de las ligas mayores de productores, es inscribirse en la tendencia que hoy domina el panorama energético internacional; no hacerlo es ir a contracorriente.
La reflexión anterior es sólo un botón de muestra de lo mucho que urge incorporar en el debate sobre la reforma energética; se necesita tiempo y una aproximación gradual. Primero, criterios claros sobre el proyecto de desarrollo petrolero que se desea para México, los acuerdos a buscar con los inversionistas extranjeros, la transparencia y legitimidad de quienes lo van a implementar; luego, el cambio constitucional. No se puede actuar a la ligera cuando va de por medio el 40% de los ingresos gubernamentales y, sin duda, la mayor riqueza que México posee.
