Con un grupo de comisionados a quienes se les cuestiona por su presunta incapacidad o por sus conflictos de interés, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) se verá imposibilitado para cumplir en menos de 180 días –como se ofreció– lo prometido en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, pues es un plazo ilusorio para cumplir la meta de regenerar el tejido de un sector tan complejo y competido, en el cual los actores dominantes son del tamaño de Televisa y Telmex. “No hay que venderle ilusiones a la sociedad”, advierte a Proceso la investigadora Clara Luz Álvarez.
La ambiciosa agenda del Ejecutivo en materia de telecomunicaciones y radiodifusión –que incluye la disminución de las tarifas de telefonía, internet y televisión restringida, ofrecida por los promotores de la reforma constitucional respectiva– difícilmente se cumplirá en menos de 180 días, advierte la exintegrante de la desaparecida Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) Clara Luz Álvarez.
“No hay que venderle ilusiones a la sociedad. A la ciudadanía se le debe hablar claro. El tema de regenerar el tejido en un sector como éste no se logra de la noche a la mañana”, dice Álvarez en entrevista con Proceso, en la que analiza los próximos desafíos del sector y la elección de los siete comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).
Autora del libro Derecho de las telecomunicaciones –que comenzó a circular hace unos días en su segunda edición, donde se incluyen los temas más polémicos y recientes, como la fusión Televisa-Iusacell y las disputas entre Telmex y la empresa de Emilio Azcárraga–, Álvarez señala que los tres grandes retos del nuevo organismo autónomo serán lanzar en menos de 180 días la determinación de dominancia en telecomunicaciones y radiodifusión, desagregar “el bucle” –conocido como la “última milla”– que afectará los intereses de Telmex y emitir las bases para la licitación de las dos cadenas de televisión digital terrestre.
Estos tres ejes los deberán resolver los siete nuevos comisionados del Ifetel sin legislación secundaria, sin tener aún un estatuto orgánico o reglas internas para operar y adoptando medidas “de cara a la sociedad, de manera transparente” para no despertar sospechas de “captura” por parte de las poderosas empresas que dominan el sector, el único que crece a una tasa anual de dos dígitos.
Clara Luz Álvarez sabe lo que significan las presiones en este ámbito. Fue comisionada de la Cofetel de 2003 a 2006, pero renunció el mismo día en que se decretó la Ley Televisa, a la cual se opusieron los miembros del entonces órgano regulador.
“Cuando se creó la Cofetel (en 1997), el primer reto era abrir la competencia en el sector de las telecomunicaciones, pero no teníamos fechas fatales como ahora. La ventaja del Ifetel es que ya tiene personal consolidado, que sabe de competencia económica”, dice.
–¿Por qué la dinámica de los 180 días? –se le pregunta.
–No lo sé. Me parece demasiado apresurado. Y tampoco hay una sanción clara si no se cumplen estos plazos, aunque esté en la Constitución como un artículo transitorio.
–Uno de los temas más difíciles para elaborar una ley reglamentaria convergente, que unifique el sector de telecomunicaciones con el de radiodifusión, es la figura de la “concesión única”, según los propios funcionarios que elaboran esta ley. ¿Es posible que exista esta figura?
–Desde el momento en que distingas entre telecomunicaciones y radiodifusión no hay ley convergente. Formalmente tendremos una concesión única convergente y una ley divergente, a menos que exista una concesión única en telecomunicaciones y que en materia de radiodifusión haya una regulación en contenidos.
Justamente el tema de los contenidos –en especial el de los derechos de las audiencias, el derecho de réplica, así como el análisis de si Televisa es dominante en televisión abierta, en televisión restringida, en publicidad y en distribución de contenidos– será uno de los aspectos más difíciles, considera Álvarez.
Puntualiza: “Este análisis sobre la determinación de dominancia de Telmex-Telcel y de Televisa deberá hacerse de cara a la sociedad. Hasta ahora sólo hay dos que han sido declarados jurídicamente dominantes: Telmex y Telcel. Pero a ninguno se le han impuesto condiciones asimétricas que se necesitan para que no abuse de su poder de mercado. Lo mismo deberá suceder en televisión”.
En el caso de las licitaciones de dos cadenas de televisión abierta en tecnología digital, subraya que el primer paso del Ifetel es darle publicidad al proyecto de licitación, toda vez que el organismo “tiene un mandato firme, claro y de rendición de cuentas”.
El segundo paso, añade, “es instrumentarlo y echar a andar las licitaciones. Aparentemente ya tenían las bases desde la Cofetel. Ahora bien, la reforma constitucional dice ‘dos cadenas nacionales’. Jurídicamente eso no existe”.
–Hay un debate acerca de si debe ser la licitación de una o dos cadenas nacionales o de una serie de licitaciones regionales que se puedan encadenar. ¿Cuál es su posición ante este debate?
–No tiene que ser forzosamente una cadena nacional. Está la posibilidad de que haya grupos locales o regionales que se pueden asociar. Lo importante es que, sean locales o nacionales, el Ifetel debe hacerlo de manera muy transparente. No hay una manera única de hacer esto, pero sí debe ser de cara a la sociedad.
El otro punto difícil será que las empresas de telecomunicaciones se pongan de acuerdo en lo referente a compartir la red local de telefonía que domina claramente Telmex, de Carlos Slim. “Si se permite esta desagregación de la red local, yo como usuario podré decidir si cambio o no de compañía operadora”, ejemplifica.
Integrantes impugnados
Aprobados por el pleno del Senado en una sesión que fue criticada por los legisladores Javier Corral y Manuel Bartlett –aliados en 2006 para echar abajo la Ley Televisa ante la Suprema Corte de Justicia–, los siete comisionados del Ifetel han sido cuestionados por organismos civiles y especialistas del sector.
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) consideró que el Ifetel “nace contrahecho” porque “la mayor parte de los comisionados que lo encabezan no cumplen los requisitos de experiencia y/o independencia que exige la Constitución”.
En un comunicado, el organismo que preside Aleida Calleja consideró que se trató de un “procedimiento irregular, que inició con una selección oscura e irresponsable y culmina ahora sin que los legisladores examinen escrupulosamente los perfiles de quienes encabezarán al importante órgano regulador”.
Según la Amedi, cuatro de los siete comisionados –incluyendo a su presidente, Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar– carecen de experiencia en materia de telecomunicaciones. Otro, Mario Germán Fromow Rangel, es exejecutivo de una empresa asociada con Telmex e incumplió el plazo que la Constitución señala para comisionados que trabajaron en las empresas que deberán regular. Y María Elena Estavillo “tiene un claro conflicto de interés al haber brindado asesoría a una empresa de telecomunicaciones en un litigio contra el gobierno mexicano ante la Organización Mundial de Comercio”.
Pese a estas críticas, el pleno del Senado aprobó a los siete comisionados con más de 90 votos para la mayoría y sólo con 81 para Adolfo Cuevas Teja, asesor del comisionado saliente, el priista Ernesto Gil Elorduy, cercano a Emilio Gamboa Patrón, actual coordinador de la bancada priista.
Durante el debate, Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, afirmó que tanto el Ifetel como la nueva Comisión Federal de Competencia Económica “nacen mal y de malas”. “Lamentable que en este tema se haya actuado con tanta superficialidad y falta de responsabilidad”, se quejó el perredista.
El Observatorio de Telecomunicaciones (Observatel), organismo dirigido por Irene Levy –aspirante a comisionada que no fue incluida en la propuesta del Ejecutivo al Senado–, dio la bienvenida a la elección de los siete nuevos integrantes del Ifetel, pero también destacó la “agenda muy ambiciosa” que deberán llevar adelante.
“La emisión de la legislación secundaria que detallará los preceptos constitucionales de la reforma deberá ser expedida a más tardar el 9 de diciembre del presente año. Las responsabilidades que se avecinan son titánicas”, advirtió el comunicado del Observatel.
Consultada sobre el perfil de los nuevos integrantes del Ifetel, Clara Luz Álvarez considera que sí tienen un perfil adecuado porque “tienen experiencia en regulación y competencia económica”. “No sé nada grave en contra de ellos”, afirma. Pero advierte que el problema será que las compañías y los plazos establecidos en la reforma constitucional “desborden a estos reguladores desde un inicio”.
Medios públicos
Por su parte la senadora perredista Dolores Padierna destacó que en la iniciativa de la Ley Federal de Derechos, incluida en la propuesta de reforma hacendaria del Ejecutivo, se establece un sistema de pagos muy favorable para los concesionarios privados, en contraste con lo que se les exigirá a los medios públicos que actualmente operan con la figura de permisionarios (radios y televisiones públicas como Canal Once, Canal 22, Instituto Mexicano de la Radio y sistemas estatales).
“Toda la política de pago de derechos en telecomunicaciones dependerá de un factor que hasta ahora se desconocen sus alcances legales: la figura de la concesión única. Éste será el principal problema de la ley secundaria y convergente en materia de telecomunicaciones y radiodifusión”, afirmó Padierna en un comunicado entregado el domingo 15 al secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
Al hacer un análisis de los contenidos de los artículos 244-F, 244-G y 244-H de la Ley Federal de Derechos, la senadora indicó que la Secretaría de Hacienda debe explicar por qué se propone incorporar al pago de derechos a entidades paraestatales, poderes de la Unión y organismos descentralizados a partir de 2015 y no hasta 2018, como se estableció en la misma ley para los concesionarios de las bandas de 2.5Ghz y 700 Mhz.
“El caso del artículo 241 es otra muestra de doble rasero. Establece que las empresas extranjeras que inviertan en satélites deberán mostrar fehacientemente ante el Ifetel ‘los pagos realizados ante las autoridades correspondientes del país de origen del sistema satelital extranjero’. En caso de que el pago abarque más de un periodo anual, el Ifetel ‘dará a conocer a los concesionarios como facilidad administrativa el pago anual equivalente en moneda nacional y utilizando una tasa real anual de descuento de 2.5 por ciento’. ¿Por qué esa tasa anual de descuento? Nunca lo explican”, cuestionó Padierna.
Durante el debate sobre la reforma constitucional de telecomunicaciones, el senador petista Bartlett y varios legisladores del PRD, incluyendo a Dolores Padierna, criticaron la apertura indiscriminada de hasta 100% de inversión extranjera en telecomunicaciones, incluyendo el sistema satelital, que es estratégico por razones de seguridad nacional.
