Ejidatarios y casatenientes asentados en el perímetro del bosque La Primavera están en pie de lucha para evitar que prospere la iniciativa de la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Magdalena Ruiz Mejía, que pretende crear un Organismo Público Descentralizado en el cual ellos, propietarios de 90% de esa área natural protegida, serían excluidos. Y ante la eventualidad de que el Congreso dé luz verde a esa propuesta, preparan ya un amparo para echarla abajo en los tribunales.
Con su iniciativa de ley para convertir al bosque La Primavera en un Organismo Público Descentralizado (OPD), la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Magdalena Ruiz Mejía, se echó encima a particulares y ejidatarios dueños del 90% de la superficie de esa área natural protegida.
Entre los inconformes se encuentran el cónsul de Austria en Guadalajara, Eric Coufal Díaz Garza, quien representa a los propietarios privados; Juan Diego Covarrubias Ruiz, presidente de la Unión de Propietarios del Bosque, y los cerca de 28 ejidos que poseen el bosque, entre ellos los de Santa Ana Tepetitlán, Lázaro Cárdenas, El Colli y La Primavera.
Tras analizar las implicaciones jurídicas de la propuesta, llegaron a la conclusión de que es vaga, imprecisa y autoritaria, pues propone una Junta de Gobierno excluyente y no responde al verdadero interés de La Primavera, que es el de su conservación como área natural protegida.
Molestos, dicen que si el documento de Ruiz Mejía es avalado por el Congreso local sin incluir sus propuestas, recurrirán al amparo.
Según Alejandro Cárdenas Ochoa, representante legal de los ejidatarios de El Colli, los autores de la iniciativa van a la búsqueda de los recursos federales que podrían aterrizar si logran crear el OPD para repartirlo entre sus incondicionales. “Van a bajar recursos y esa lana se va a ir a un grupo de consultores que ya están por ahí armándose”, sostiene Cárdenas.
El diplomático austriaco, cuya familia posee una fracción de La Primavera, lo secunda: “Aquí no estamos frente a un OPD, estamos frente a un OPR: un Organismo Público para Robar”. Los promotores, agrega, pretenden ostentarse como titulares administrativos de un área extensa y luego disminuir los recursos hasta desaparecerlos.
“Me parece que si la sociedad no pierde su capacidad de asombro vamos a tener que protestar por este modelo impositivo e irresponsable para poder generar una gobernanza corresponsable”, dice Coufal al reportero.
Y alude al sexenio del panista Emilio González Márquez, durante el cual La Primavera perdió más de 50% del valor de sus ecosistemas y se mantuvo una etiqueta cómoda de mercadotecnia para controlar la tierra e impedir a los ejidatarios y propietarios privados el uso de sus hectáreas.
“Se colocan como señores feudales; pero nosotros no somos siervos de la gleba ni estamos sujetos a dejar que nos impongan un OPD con el tutelaje y la complicidad de nuestro Poder Legislativo cuya obligación es estudiar el documento”, insiste Coufal, quien de 2000 a 2006 fue vicepresidente de la Comisión de Protección Ambiental y Cambio Climático de la Federación Mundial de Cónsules.
Y se lanza contra la titular de Semadet a quien, dice, le quedó muy grande el cargo: “Me consta que nos ha mentido. Lo menos que puedo hacer es denunciar su incongruencia e incapacidad porque ella finalmente es una servidora pública; no la dueña de la tierra”.
El bosque La Primavera, recuerda Coufal, tiene una extensión de 30 mil 500 hectáreas, 57% de las cuales pertenecen a particulares, 30% a ejidatarios y el resto al gobierno del estado. De ahí la protesta de los poseedores, quienes, a decir del cónsul , opinan que el OPD debe operar únicamente en las tierras de propiedad estatal.
Al igual que Cárdenas se queja de los promotores de la iniciativa porque, según él, aun cuando están advertidos de las consecuencias legales no han mostrado sensatez ante lo que se avecina
Y menciona el encuentro de 4 de julio último en el Club de Industriales con los integrantes del Consejo Económico y Social de Jalisco (Cesjal), en el que les pidió evaluar el documento presentado por la titular de la Semadet y presentar un informe a la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en el Congreso, cuyo presidente es el diputado del Verde Ecologista, Jesús Palos Vaca.
El propósito es aportar información a los legisladores que les permita valorar los daños que provocará la iniciativa, antes que se turne al pleno del Congreso, donde será votada en los próximos días.
El polémico anteproyecto
El anteproyecto de ley de la Semadet propone la integración de una Junta de Gobierno, lo que detonó la oposición de los particulares y ejidatarios, pues aun cuando son dueños de casi 90% del territorio del bosque, sólo se les incluye como opinantes.
Además, dice Alejandro Cárdenas, se agregan municipios que ni siquiera tienen superficie dentro del área natural protegida, como Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá.
Y aclara: “Los municipios que tienen injerencia son cuatro: Tala, Zapopan, El Arenal y Tlajomulco; son los únicos que tienen territorio. Por lo tanto sólo ellos podrían formar parte del OPD, los demás no tienen nada que hacer y se les está dando asiento con voz y voto”.
De acuerdo con el proyecto de ley, cuya copia obtuvo este semanario, en la Junta de Gobierno también tendrán asiento los titulares de las secretarías de Planeación, Administración y Finanzas, y de la Infraestructura y Obra Pública, además del rector general de la Universidad de Guadalajara.
En esa figura legal propuesta por la Semadet, los propietarios privados y los ejidatarios no tienen derecho a nombrar suplentes, dice, pues se trata de un esquema vertical que desconoce los derechos de los legítimos propietarios del bosque.
“Nosotros proponemos que haya un Consejo Consultivo Científico, un Consejo Ciudadano, una Contraloría Social para que esté vigilando. En el OPD se plantea otra situación: es el consejo formado por más de 75% de entidades públicas que manejará, según el documento, 19 asientos; uno es para propietarios privados, otro para propietarios sociales y los demás son prácticamente del gobierno”, comenta Cárdenas.
Para el representante ejidal no tiene sentido que la Junta de Gobierno esté atiborrada por funcionarios públicos, pues es frecuente que nunca asistan a las asambleas y manden sólo a sus subalternos.
Además, los recursos que llegan al fideicomiso del bosque La Primavera nunca han sido transparentes; hoy, por ejemplo, más del 80% se diluyen en gastos de administración. Llama la atención también en el hecho de que la iniciativa de ley se esté armando sin contemplar el programa de manejo actual del área natural protegida.
“Su evaluación tendría que ser el primer paso y luego vendría la propuesta y la estructura para hacer viable el programa de manejo. Pero en este caso se están haciendo las cosas al revés: primero la estructura y luego el programa”, según el representante legal del ejido El Colli.
Los ejidatarios no piensan dar a sus tierras un uso inmobiliario, comenta Cárdenas; son las autoridades las que promueven la venta de terrenos, como lo hizo el gobierno de González Márquez con el Parque Metropolitano.
“El Parque Metropolitano –relata– nació con la finalidad de ser parque y las mismas autoridades terminaron vendiendo una parte dizque para generarle recursos. ¿A quiénes generaron recursos? Pues a los cuates, quienes terminaron vendiendo los terrenos. Y ahora pretenden concesionar a particulares la explotación de giros o la explotación de un servicio –las bicicletas, el gotcha, las albercas–. ¿Y quiénes son los particulares? Los mismos socios de los políticos en turno. Eso es lo que hemos visto nosotros.”
Previo a la celebración de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, Cárdenas encabezó una batalla legal desde el Parlamento de Colonias, una organización no gubernamental que se opuso a la construcción de la Villa Panamericana en una franja de transición al área natural protegida de La Primavera.
La pretensión de construir inmuebles en La Primavera es un ejemplo más que la corrupción y especulación por parte de las autoridades. “No es que no existan leyes, sino que todos, incluidas las autoridades, las violan”, dice Cárdenas, y dice los nombres:
“Emilio González Márquez; el entonces procurador de Desarrollo Urbano, Aarón Vázquez Huerta; el presidente municipal en turno de Zapopan –lo hizo Juan Sánchez Aldana, pero también Héctor Vielma–; la entonces titular del Medio Ambiente, Martha Ruth del Toro; José Luis Valencia, como titular de Planeación de Zapopan, y Mario Alberto Trujillo, en su calidad de titular de Obras Públicas”.
El frente de ejidatarios
En este contexto, los ejidatarios de Santa Ana Tepetitlán se proponen ampararse ante la iniciativa de ley impulsada por la titular de la Semadet. Confían, dicen, en echarla abajo en los tribunales, como ocurrió con el decreto que protege a La Primavera, gracias a una sentencia emitida en 2008 a su favor del Primer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito. Ello les permitió separar sus 640 hectáreas de bosque.
Germán Sánchez, propietario social de ese ejido, asegura que todos los dueños están en la sintonía de recurrir a instancias judiciales: “El amparo es un derecho. No vamos contra el bosque porque estamos dejando claro que queremos conservarlo. Una cosa no puede ocultarse: el fideicomiso no ha funcionado; de otra forma no tendríamos tantos percances. El bosque sólo llama la atención cuando hay incendios”.
Y menciona que aun cuando se ha propuesto la expropiación de La Primavera por causa de utilidad pública, la realidad es que tampoco representa una opción seria porque no existen recursos humanos y financieros para comprar y vigilar sus más de 30 mil hectáreas.
En este aspecto, Alejandro Cárdenas asegura que para el cuidado del bosque de Los Colomos que tiene 100 hectáreas, el ayuntamiento de Guadalajara cuenta con 50 trabajadores, cada uno de los cuales cubre dos hectáreas. Y se pregunta: “¿cuántos se requieren para mantener las 30 mil 500” del bosque de La Primavera?
Para Martín Gómez García, exdirector de la Reserva de la Biosfera de Manantlán y analista ambiental del ejido de Tecolotlán en la Sierra de Quila, el OPD no le representa mayores ventajas a La Primavera porque implica la elaboración de una política de gestión compleja que no se explica en el documento.
Además, dice, le confiere al OPD atribuciones muy por encima de las que ya están estipuladas en leyes y normas ambientales, como la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente promulgada en 1988.
De acuerdo con el artículo 12 del anteproyecto, el OPD podrá autorizar servicios, permisos y concesiones que se requieran para la consecución de los objetivos, lo cual es un contrasentido, pues las únicas dependencias facultadas para ello son la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Semadet.
“Es clarísima la violación de derechos constitucionales en las que incurre el documento. Es hasta ahorrarle una vergüenza al Congreso”, advierte Gómez García.
La iniciativa está plagada de ocurrencias que incluyen actividades de ecoturismo, pero de una manera distorsionada, pues se procura la atracción de más visitantes. “La misma gente –dice– está deteriorando el bosque porque no existen suficientes áreas verdes en la zona metropolitana de Guadalajara. El gobierno quiere una válvula de escape”.
Gómez García ve la iniciativa de ley como la antesala de la conversión de todas las juntas intermunicipales encargadas de proteger las áreas naturales de la entidad en OPD.
“Así va a pasar con todas las áreas verdes del estado que, en conjunto, abarcan 800 mil hectáreas. Más o menos el 18% de las áreas forestales de Jalisco”, subraya el analista ambiental.
Lo que se decida en La Primavera es decisivo para el estado. Si no se atienden los reclamos sociales y se convoca a todos los implicados a debatir de manera pública sobre esa iniciativa que será votada en los próximos días en el Congreso, reitera, podría generarse un conflicto.
En su opinión, el modelo de gobierno que ofrece un OPD no resulta ser el más adecuado. Independientemente de su naturaleza, las instituciones que han aplicado este esquema atraviesan una situación crítica.
El reportero solicitó una entrevista con el diputado del Partido Verde Ecologista de México Jesús Palos Vaca para conocer su versión de los hechos, pues a él se le encomendó dictaminar sobre el documento. Sus colaboradores prometieron que la concedería la próxima semana.
