Las denuncias contra algunos de los hospitales más exclusivos del estado al fin dieron sus primeros frutos: el martes 10 la Comisión Federal de Competencia anunció que los multó por un total de casi 14 millones de pesos por ponerse de acuerdo para cobrar de más por los gastos médicos mayores. Las investigaciones continúan y se presume que en ilícitos semejantes pueden estar involucradas prácticamente todas las aseguradoras que operan en el país.
Por abusar desde hace tres o cuatro años en el cobro de gastos médicos mayores, la Comisión Federal de Competencia (CFC) multó con casi 14 millones de pesos en total a seis hospitales privados de tercer nivel, a seis directivos y a la Asociación de Hospitales Particulares de Jalisco, adonde se pusieron de acuerdo prácticamente todas las empresas aseguradoras que operan en el país.
La sanción afecta a algunos de los nosocomios más conocidos del área metropolitana, desde el Hospital de Especialidades Puerta de Hierro, propiedad de Ramiro Acosta Castillo, y Operadora de Hospitales Ángeles (del Carmen, en esta ciudad), de Olegario Vázquez Raña, hasta los del Grupo Santa Bernardette, de la familia Nájar Rodríguez; Versalles de Guadalajara, Terranova, Versalles y Lomas Providencia Unidad Médica.
El martes 10 la CFC dio a conocer la sanción a los establecimientos, a sus directivos, a la Asociación de Hospitales Particulares (que agrupa a más de 30 instituciones) y su presidente, José Manuel Monroy Hermosillo, así como a los responsables de cada nosocomio: Marcela Rodríguez Ortiz, Gabriel Nájar López, Dagoberto García Mejía, Karla Yolanda Lara Gárate y Tomás Luis Campos Gómez.
Llama la atención el nombre de García Mejía, ya que él encabezó a las 54 personas del equipo de transición de Aristóteles Sandoval Díaz cuando era gobernador electo, y se encargó de los procesos de entrega-recepción en la Secretaria de Salud estatal.
Además, se informó extraoficialmente que otros establecimientos de salid están en la mira de la CFC, aparte de que el Puerta de Hierro y otros son investigados por el Consejo Estatal de Trasplante de Órganos y Tejidos (CETOT) por prácticas indebidas y probable tráfico de órganos.
Las denuncias en contra de los seis hospitales multados en esta ocasión datan de 2009, aunque fue el 22 de febrero de 2011 cuando en el Diario Oficial de la Federación se publicó el acuerdo de la CFC para iniciar una investigación de oficio (expediente IO-001-2011) por “prácticas monopólicas absolutas en el mercado de servicios proporcionados por hospitales y/o establecimientos de atención médica en el territorio nacional”.
Ahí se detalla que se investigarían “contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados o intercambiar información con el mismo objeto o efecto”.
A decir de la autoridad de competencia, los hospitales de Jalisco pactaron ilegalmente los precios equivalentes a un incremento acumulado de 10.4% por encima de la inflación nacional en los servicios médicos a lo largo de tres años, de 2009 a 2011. Al incrementar artificialmente los precios que cobran a las empresas aseguradoras, los hospitales elevaron también el costo de las pólizas de seguros para los consumidores.
De acuerdo con un funcionario de la CFC, no sólo en Jalisco se cometen abusos de hospitales y aseguradoras, pero no precisó en qué otros estados, por lo que no se descarta que las empresas de seguros estén involucradas directamente en esas prácticas.
La fuente de la CFC indica que se logró avanzar en la investigación y “hacer la pesquisa por la atribución que se le dio al organismo a través de las reformas a la Ley Federal de Competencia, en 2012, de enviar a sus investigadores a hacer visitas sorpresa domiciliarias a los hospitales con el fin de indagar en sus archivos”.
Prácticamente al dejar la presidencia de la CFC, Eduardo Pérez Motta declaró que podría haber más hospitales sancionados por subir precios que están cubiertos en las pólizas de seguros. No obstante, la fuente consultada de la CFC se negó precisar cuáles serían esos nosocomios. “Los pondríamos en alerta y esconderían los expedientes”, argumentó.
Corrupción privada
El martes 10, la CFC informó en un comunicado que el pleno de la dependencia resolvió sancionar a los mencionados hospitales privados con multas por montos que suman 13 millones 960 mil pesos.
Según la fuente de la CFC, el hospital que cometió el mayor número de abusos es el Terranova, al cual se le impondrá la sanción más elevada.
Si la multa se dividiera en partes iguales, les tocaría casi de 2 millones de pesos a cada nosocomio.Sin embargo, cada uno de los directivos señalados deberá pagar por su cuenta 46 mil pesos, en tanto que la Asociación de Hospitales Particulares deberá erogar, por su cuenta, 67 mil.
La razón: “La coordinación de los incrementos de precios constituye una práctica monopólica absoluta en los términos de la fracción I del artículo 9 de la Ley de Competencia”, indica la dependencia federal.
Los representantes de los hospitales tendrán que pagar esa multa personal por participar en la “práctica por cuenta y orden de sus empleadores” (artículo 35, fracción IX).
Es el caso del presidente de la asociación, José Manuel Monroy Hermosillo, quien además dirige el Hospital Ángeles del Carmen; Marcela Rodríguez Ortiz, representante del Centro Médico Puerta de Hierro; Dagoberto García Mejía, directivo del Lomas Providencia y a la vez director de gestión médica de la Secretaria de Salud Jalisco; Karla Yolanda Lara Gárate, del Sanatorio Versalles, y Tomás Luis Campos Gómez, del Terranova.
Asimismo se sancionó a la Asociación de Hospitales Particulares de Jalisco por “coadyuvar, propiciar y participar en la práctica” indebida. El monto de la multa fue aprobado por mayoría de votos en el pleno del CFC.
La votación de los comisionados fue de tres a favor (Rodrigo Morales Elcoro, Luis Alberto Ibarra Pardo y Cristina Massa Sánchez) y dos en contra (Eduardo Pérez Motta y Miguel Flores Bernés, quienes consideraron que las sanciones debieron ser mayores).
Al cierre de la presente edición, ninguno de los implicados aceptó declarar al respecto. Una de las empleadas del Hospital Ángeles del Carmen, propiedad de Olegario Vázquez Raña, informó que José Manuel Monroy Hermosillo, el director general, se encontraba fuera de la ciudad.
Asimismo se buscó la versión de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que también debe responder por el tráfico de órganos y de influencias descubierto en los hospitales particulares, como se detalló en Proceso Jalisco 457.
En esa edición del semanario se informó que el secretario técnico del CETOT, Raymundo Hernández, admitió ante la Comisión de Salud del Congreso local que en el hospital Puerta de Hierro se realizan intervenciones de ese tipo pasando por alto los protocolos.
Hernández mencionó en esa reunión que la Cofepris y el Consejo Nacional de Trasplantes investigan el caso de Puerta de Hierro, pero podría haber más nosocomios con otras irregularidades, que no se especificaron.
Por su parte, un funcionario de la Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco (Camejal) dijo que ésta no puede intervenir en este asunto hasta que se consume una afectación a la calidad de los servicios y un usuario presente la queja.
