La recién estrenada Ciudad Judicial del estado, que terminó superando los costos previstos (más del doble), no tiene instalaciones para realizar juicios orales. Desde el Ejecutivo –presionado por el Judicial para que dejara en sus manos el desarrollo del proyecto– se dieron instrucciones para auditar en qué se gastó cada peso. Y cómo estarán las sospechas, que los propios magistrados del Supremo Tribunal de Jalisco apoyan dicha revisión del gasto ejercido por su expresidente, Celso Rodríguez.
Inaugurada hace apenas un par de semanas, la Ciudad Judicial de Jalisco, que en breve dará albergue a 33 juzgados de primera instancia –civiles, familiares y mercantiles– está bajo la lupa de los poderes Ejecutivo y Judicial, que se han propuesto esclarecer el uso y destino de cada peso invertido.
En una decisión sin precedente, el pleno del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) aprobó auditar la Ciudad Judicial, construida en la administración del panista Emilio González Márquez y que costó más del doble de lo programado (al menos mil 100 millones de pesos), presenta deficiencias y no responde al nuevo modelo de justicia, pues carece de salas para juicios orales.
Asimismo, se investigará a proveedores, funcionarios y responsables de compras irregulares y a sobreprecio.
A principios de agosto pasado, el contralor del estado, Juan José Bañuelos Guardado, inició la auditoría a la millonaria obra luego de definir que la contraloría tiene tal competencia, toda vez que se trata de la revisión del gasto de una dependencia del Ejecutivo, y la construcción de una obra por parte de otra dependencia del mismo.
Al respecto, el contralor enfatiza en entrevista: “Yo no audito poderes”. Y rechaza que la revisión implique un exceso del Ejecutivo o intromisión en los asuntos de otro poder. Pero “de que podemos auditarla, podemos, porque el dinero sale de la Tesorería y la obra se hace a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur)”, añade.
Bañuelos Guardado explica que la revisión tomará su tiempo porque la obra trasciende el sexenio en su edificación e inexplicablemente no había sido auditada en su totalidad.
Evita hacer comentarios o pronunciarse sobre los calificativos que se han externado, en el sentido de que la obra es el robo del siglo, pero asegura que con los elementos técnicos que arrojará la auditoría se conocerá la verdad. Informa además que la Contraloría está en la etapa de integración y recuperación de la información, que se centra básicamente en la revisión y acopio de los contratos firmados, las compras realizadas, la verificación de la calidad de los materiales y los procesos de licitación.
El contralor ya platicó al respecto con el titular del Poder Judicial en el estado, Luis Carlos Vega Pámanes, pues independientemente de la revisión del gobierno estatal, el pleno del STJ acordó realizar su propia auditoría.
Vega Pámanes tramitará ante el Ejecutivo y el Legislativo la asignación de recursos extraordinarios para contratar a un auditor externo y que se disipen dudas respecto al oneroso proyecto.
En tanto, Bañuelos Guardado comenta que la auditoría a la Ciudad Judicial es similar a la que hace en torno a los Juegos Panamericanos, “donde revisamos a todas las dependencias que intervienen y cada peso que se gasta”. Agregó que a su vez audita el estado en que recibió la propia Contraloría de la administración panista en marzo pasado, “para saber qué terreno estoy pisando”. Se trata de una revisión especial, consistente en verificar programas, objetivos y resultados.
Desde el principio
La primera piedra de la Ciudad Judicial la colocó en febrero de 2007 el entonces gobernador interino Gerardo Octavio Solís Gómez (en lugar de Francisco Ramírez Acuña, quien fue el primer secretario de Gobernación de Felipe Calderón) cuando se proyectaba invertir en tal obra sólo 325 millones de pesos. Luego se fijó la inversión en cerca de 500 millones y se anunció que el edificio entraría en operación en septiembre de 2011.
La gestión de Celso Rodríguez González se caracterizó por su “excelente” relación con el gobernador Emilio González Márquez.
Rodríguez estuvo al frente del Poder Judicial prácticamente durante la pasada administración y, consecuentemente, le tocó el desarrollo del proyecto. A González Márquez lo acusaron de intervenir en la vida interna del Poder Judicial para que Rodríguez González se reeligiera en la presidencia.
No obstante, el Ejecutivo no compartía la información sobre la Ciudad Judicial en forma suficiente y satisfactoria. A lo largo del sexenio de González Márquez, integrantes de la Judicatura y del STJ se quejaron de marginación y ninguneo al Poder Judicial porque el Ejecutivo se arrogó totalmente la construcción y administración de la obra.
Fue hasta noviembre de 2011 cuando Rodríguez González alzó la voz para que el gobernador entregara la obra al Poder Judicial –con todo y los recursos faltantes, unos 300 millones de pesos– para su conclusión y pronta operación, tras quejarse por la tardanza en los trabajos y la elevación de los costos. Entonces la obra tenía un avance de 85%.
“Queremos ahora hacer un cambio: que nos entreguen ahora el inmueble ya como está, que nos den los recursos para administrarlo nosotros, y sería como ustedes vieron la V Zona Militar, que tenía un costo determinado, se los dieron, lo aplicaron, salió en tiempo, en precio y calidad (…) Es urgente, porque así ya tenemos la administración y el manejo del recurso. Si nos lo dan, creo que la tendremos en los primeros meses del año que viene”, declaró Celso Rodríguez a El Informador, que lo publicó el 18 de noviembre de aquel año.
“Descomposición interna”
El pasado 26 de agosto, finalmente fue inaugurada la Ciudad Judicial. Y aunque Jalisco se prepara para impartir justicia con la modalidad de juicios orales, increíblemente, la nueva sede de los juzgados no cuenta con los espacios requeridos para tales procesos. Por tanto, se deberá adecuar el tercer piso con 20 salas especiales y una inversión del orden de los 220 millones de pesos.
En el acto inaugural de la nueva sede de los juzgados del primer partido judicial –zona metropolitana–, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz anunció la auditoría “a fin de determinar si es que hubo manejos imprudentes o equivocados en los presupuestos, porque tenemos la obligación de transparentar todos los procesos para que la sociedad vuelva a confiar en las instituciones”, resaltó.
Por su parte, el presidente del STJ habló de la necesidad de contar con todos los documentos e información del caso, pues la obra fue cara, y dista mucho de lo que se hizo en la Ciudad Judicial Federal –que se ubica a un costado de la estatal–, en la que se invirtieron mil 200 millones de pesos, pero cuenta con siete edificios totalmente amueblados.
En la sesión plenaria del STJ del 2 de septiembre pasado, el magistrado Bonifacio Padilla González se pronunció porque el Poder Judicial mantenga su autonomía y respeto, e hizo referencia a una columna que publica en El Informador el exmagistrado presidente Rodríguez González, aunque sin referirse a éste por su nombre, en que afirma que el pleno avaló el proyecto del inmueble.
El magistrado Padilla advirtió el tono de confrontación y dijo que “se empieza a manifestar un proceso de descomposición interna”, lo que calificó de grave, por el impacto en la autonomía, dignidad y respeto.
Leyó parte de lo publicado por el expresidente, donde éste aseguró que el proyecto de la Ciudad Judicial fue concebido y respaldado por el STJ, “lo cual permitió a las tres últimas administraciones diseñar su composición, exponer las necesidad de espacios y distribución, dimensionar sus alcances, planear su crecimiento y sustentabilidad a largo plazo”, según la columna.
De paso, Celso Rodríguez descalificó a Vega Pámanes –sin mencionar su nombre– al escribir que “es más útil para la sociedad edificar con acciones reales y propias que desinformar imprudentemente con declaraciones estridentes y complacientes”.
De acuerdo con el acta del pleno extraordinario en cuestión, en poder de este semanario, 17 magistrados estuvieron a favor de la auditoría. Vega Pámanes dijo que “efectivamente, estamos aquí en pleno y sabemos que a nosotros no se nos consultó, no formamos parte de las licitaciones, del diseño, de la construcción de la Ciudad Judicial. Siempre supimos que se estaba construyendo un edificio que pensaba albergar a los juzgados del consejo de la judicatura, pero al menos en lo personal y en el pleno, nunca se nos tomó la opinión de ese edificio, porque estoy seguro que si se nos haya consultado y se nos haya pedido nuestra opinión otra cosa sería de ese edificio judicial”.
El presidente reveló a sus compañeros magistrados que tan sólo en el aire acondicionado se invirtieron cerca de 65 millones de pesos y que por cada juzgado y Oficialía de Partes se gastaron en promedio 28 millones de pesos, porque la obra se hizo “con un equivalente de más”.
El magistrado Luis Ernesto Camacho Hernández ratificó que “como bien se dijo, no se tuvo una intervención ni de los recursos ni de las decisiones” por parte del STJ. Sin embargo, aunque votó por la auditoría, recomendó no incurrir en enfrentamientos entre los poderes.
Finalmente, Vega Pámanes se comprometió a actuar “con el debido sigilo” pero con firmeza para que se transparenten las condiciones en que el Poder Judicial recibió el inmueble y “para no contestar con palabras, sino con hechos”.
