Desde el año pasado, la obra pública ha sido punto menos que inexistente a lo largo y ancho del territorio jalisciense. Para colmo de males, algunas de las obras que actualmente se construyen ni siquiera son para beneficio –todo lo contrario– de la entidad. Ejemplo, la presa de El Zapotillo, obra del gobierno federal que inundará parte del territorio de Jalisco y cuyos beneficios serán para la zona metropolitana pero de León, Guanajuato.
Y este panorama de carencias se da cuando el gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz ya está por cumplir siete meses y a las actuales administraciones de los 125 municipios del estado les faltan dos semanas para agotar su primer año en el cargo. Ante ello, las autoridades de nuevo cuño –de ascendencia mayoritariamente priista– parecieran haberse decantado por una fórmula paliativa que coquetea entre lo ridículo y lamentable: a falta de obra pública, reparto de mochilas entre los alumnos de educación básica de escuelas oficiales.
Por cierto, habría que decir que la reciente donación gubernamental de útiles escolares en los distintos municipios del estado es una práctica que tuvo su origen en Tlajomulco, durante la administración de Enrique Alfaro, práctica que en ese entonces fue duramente criticada por el priismo jalisciense, que no dudó en calificarla de “populismo”. Y ahora, ¡quién iba a decirlo!, la familia tricolor de la comarca presume de ella como uno de sus principales “logros” de este año. Y por si alguien tiene alguna duda de lo anterior, bastaría con ver, escuchar o leer la campaña propagandística del alcalde de Guadalajara, Ramiro Hernández, con motivo de su primer informe de gobierno: “Repartimos mochilas y útiles a más de 250 mil estudiantes”.
Esto último lo dice y lo repite el primer responsable de que, hoy por hoy, la mayoría de calles de la capital jalisciense se encuentren en un grado de deterioro como no se había visto antes, particularmente en las intransitables rúas de los sectores Reforma y Libertad. Ante esta situación, cualquier hijo de vecino podría preguntarse si no sería más cuerdo que, como antaño, la autoridad municipal se encargara de reparar las calles y los padres de familia se ocuparan de los útiles escolares de sus hijos. ¿O es que ahora estamos en el mundo al revés y las obligaciones son a la inversa: el gobierno como proveedor de útiles escolares y los paterfamilias con la encomienda de mantener en buen estado la vía pública, pavimentándola y tapando baches?
Otro tanto podría decirse del gobierno de Sandoval Díaz, que también sigue cacareando lo del reparto de mochilas y olímpicamente se ha desentendido del problema de los miles y miles de alumnos de educación básica que toman clases casi a la intemperie, en sórdidos cuchitriles llamados eufemísticamente “aulas provisionales” y las cuales, aparte de no reunir las condiciones mínimas de higiene, confort y funcionalidad, son un atentado a los derechos humanos y a la dignidad de los escolares, así como de los maestros de primaria y secundaria.
La falta de obra pública, tanto a nivel estatal como municipal, se ha querido justificar argumentando un retraso en la entrega de las participaciones federales, así como en el adeudo mayúsculo que las actuales autoridades han heredado de quienes los precedieron en el cargo. En el caso del gobierno estatal ese adeudo sobrepasa holgadamente los 10 mil millones de pesos, y en el de los municipios conservadoramente se tasa en 8 mil 300 millones, siendo Guadalajara la ciudad más endeudada de todo el país. Dicho de otra manera, en lo que va de la presente zafra gubernamental de la comarca no ha habido un programa de obra pública más o menos consistente –renglón en el que Jalisco y en particular la zona metropolitana tapatía arrastran un retraso de años– porque las finanzas públicas de la localidad no alcanzan para ello y porque la federación no ha hecho la entrega correspondiente de recursos.
Para el gobierno de Aristóteles Sandoval su justificación por la ausencia de obra pública tiene nombre y apellidos: los de su antecesor, Emilio González Márquez, a cuyo gobierno, sin embargo, los sandovalistas sólo le han hecho acusaciones de saliva, pues hasta ahora no han interpuesto ninguna demanda judicial por malversación de fondos o por haber causado daño al patrimonio estatal. Y ello a pesar de las inocultables obras chafas, inconclusas y encarecidas (la Villa Panamericana y la Ciudad Judicial, por ejemplo) o por haber comprometido las finanzas estatales con adeudos a la banca nacional y a la internacional, así como a toda clase de proveedores, quienes muy justificadamente desde el año pasado exigen el pago por las obras y servicios que realizaron para el gobierno estatal.
Ante lo anterior, tanto el gobernador como sus principales colaboradores se han dedicado a dos cosas: a la autocelebración por el reparto de mochilas y a ponderar las maravillas que harán cuando haya recursos económicos para ello, como la cacareada tercera línea del Tren Eléctrico Urbano; las más de mil 700 aulas escolares que se requieren en varios municipios, incluidos los de la zona metropolitana de Guadalajara; la presa del Purgatorio, que vendría suplir tanto el fallido proyecto de Arcediano como la disminuida capacidad que tendrá el embalse de El Zapotillo; la soñada Ciudad Creativa Digital, que generaría empleos bien remunerados a granel y ayudaría a redensificar el cada vez más despoblado centro de Guadalajara; el proyectado Barranca Museo de Arte Moderno y Contemporáneo (sic), el cual traería ríos de divisas a la capital jalisciense, según las cuentas alegres de las águilas descalzas que promueven su hechura (un grupo de empresarios de la localidad que se presentan, en el papel pero no en la práctica, como mecenas y protectores de las artes).
Peor aún es el caso de varios gobiernos municipales, comenzando por el de Guadalajara, donde por lo visto ni siquiera hay dinero para tapar los baches, que se han multiplicado como nunca en la actual temporada de lluvias. La mejor caricatura que se podría hacer del alcalde Ramiro Hernández sería la que lo presentara como un hombre bien intencionado pero atado de manos, pues no ha podido emprender un programa de obra pública porque no tiene recursos para ello ni para emprender ninguna acción legal contra quienes han dejado en la inopia las arcas municipales porque la demanda iría directamente contra su correligionario que ahora funge como gobernador de Jalisco.
Y aunque la presidenta del DIF Guadalajara dice que podría operar ventajosamente con menos de la mitad de sus mil 280 empleados, Hernández tampoco puede hacer un recorte a la inflada nómina porque habría que pagar liquidaciones a destajo.
Ante esta situación de impotencia, a las autoridades tapatías sólo les queda echar rollo; pagar los intereses por la desmedida deuda pública contratada por los exalcaldes Alfonso Petersen Farah y Aristóteles Sandoval; sobrellevar problemas como la creciente inseguridad en el municipio y la explosión demográfica de vendedores ambulantes, franeleros y anexas; discurrir ridiculeces como la del regidor priista César Ruvalcaba, que acaba de proponer dar un “impulso” a los escritores jóvenes tapatíos con la creación de un premio de literatura que llevaría el nombre del nuevo ajonjolí de todos los moles: el sobrevaluado Hugo Gutiérrez Vega, quien en definitiva es mucho más mediático que buen escritor.
Todo lo anterior hace pensar que, hasta el día de hoy, la mayoría de las administraciones municipales y la del estado no pasan de ser gobiernos sietemesinos, y no sólo porque Aristóteles Sandoval y colaboradores estén por cumplir siete meses en el cargo.
