Tras la lluvia de críticas por sus declaraciones que criminalizan a los migrantes centroamericanos de paso por el estado, Aristóteles Sandoval trató de enmendarse con unas frases en Twitter. Pero no trata mejor a quienes salieron de Jalisco a Estados Unidos en busca de trabajo. Allá los paisanos se quejan de que las Casas Jalisco en Los Ángeles, San José y Chicago se convirtieron hace mucho en un botín político y que nada cambió con el regreso del PRI al poder.
El gobernador Jorge Aristóteles Sandoval no ha logrado construir una política de apoyo social y cercanía con los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos ni con los centroamericanos que pretenden llegar a ese país a través de México.
A los primeros los tiene en el olvido y sólo recurre a ellos cuando requiere algún favor político. En cuanto a los centroamericanos, se pronunció públicamente para que sean deportados a su nación de origen porque son la fuente de actos delictivos.
En la reunión del Consejo de Seguridad y el Gabinete de Seguridad de los tres niveles de gobierno que se realizó el 29 de agosto, Sandoval Díaz declaró:
“Estamos revisando que personal o gente… hondureños o gente, sobre todo de Centroamérica, que está en las esquinas, necesitamos que se denuncie para, inmediatamente, con todas las condiciones y con todos sus derechos, regresarlos a su país. Esto, en atención a que en algunas zonas hemos detectado, por ejemplo, (que) quienes asaltan a casas son de otra nacionalidad, sobre todo algunos centroamericanos o sudamericanos.”
De inmediato sus palabras fueron criticadas por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), igual que por académicos y organizaciones no gubernamentales como FM4 Paso Libre, luego de que se difundieran en las redes sociales.
En un comunicado de prensa, el Conapred señaló que la declaración del gobernador es contraria a la Constitución Política mexicana, a diversos tratados internacionales y a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, pero además su tono puede inducir a una actitud hostil de la población hacia los migrantes de paso por Jalisco.
“Lo expresado por el mandatario de Jalisco, Aristóteles Sandoval, no corresponde con los compromisos internacionales y las políticas públicas asumidas por el gobierno federal y compromiso de los estados de la República, de respetar los derechos humanos de las personas inmigrantes, y sí, se convierten en afirmaciones discriminatorias y estigmatizantes”, enfatizó el Conapred.
El 31 de agosto Sandoval Díaz tuvo que rectificar en su cuenta de Twitter (@AristotelesSD), como siempre que comete una pifia. Entre las 6:24 y las 6:30 horas escribió cuatro mensajes. El último fue: “Velaré para que los migrantes que transitan por Jalisco sean tratados con respeto y dignidad. Esa es mi convicción”.
No obstante, la organización civil FM4 Paso Libre considera que después de tan desafortunada intervención, el gobernador tiene que exhibir públicamente su política y sus programas de ayuda a la población migrante. La activista Mónica Salmón señala que lamentablemente “no hay una política pública clara para abordar la migración. Hemos ido a los municipios y encontramos cierta apertura, pero me queda claro que hay discrecionalidad”.
Al respecto, FM4 Paso Libre difundió dos comunicados. En el primero, fechado el 30 de agosto, advierte que en Guadalajara todos los días personas que trabajan en la calle interactúan con las que viven en condición de indigencia y las que están en calidad de tránsito, lo que genera una situación compleja.
“Esta realidad –apunta– se visibiliza por las condiciones de desigualdad, exclusión y pobreza, por la nula capacidad de generar políticas públicas que apuesten al desarrollo social, a la prevención y a la integración, y por las estrategias de seguridad que más que preventivas son persecutorias y tienen un enfoque de seguridad nacional y que además acarrean situaciones tales como la criminalización de poblaciones, migrantes en tránsito en este caso, que sufren las consecuencias directas de un sistema desigual y corrupto en el que la impunidad parece ser la norma”.
Destaca que a los migrantes se les trata como a delincuentes por no contar con documentos que avalen estancia legal en el país, por lo cual “la declaración del gobernador de Jalisco genera de manera directa una actitud de xenofobia y de criminalización en contra de una de las poblaciones más vulnerables en México”.
Precisa que esto constituye una violación al artículo 2 de la Ley de Migración promulgada el 25 de mayo del 2011, la cual especifica que el Estado está obligado a otorgar el beneficio de la asistencia social y la asesoría jurídica necesaria.
Y recuerda que el desconocimiento y las campañas de criminalización en contra de la población en tránsito obligaron el cierre de la Casa del Migrante San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, en la localidad de Lechería, Estado de México.
En su segundo comunicado, del 2 de septiembre, la organización pide públicamente a Sandoval Díaz que abra a su gabinete para darle a conocer el contexto de violencia y vulnerabilidad que afecta a los migrantes cuando pasan por México. Al cierre de esta edición, la respuesta del gobernador todavía no llegaba.
Mónica Salmón menciona que quieren reunirse con los funcionarios para presentarles los avances del estudio “Migración en tránsito por la Zona Metropolitana de Guadalajara: actores, retos y perspectivas”, que presentarán completo en octubre.
Con la información recabada hasta ahora, FM4 Paso Libre da cuenta de al menos tres operativos de verificación en las inmediaciones del Centro de Atención al Migrante (CAM) que fuerzan a las personas a buscar otros espacios para continuar su trayecto. Esto los pone otra vez en situación de vulnerabilidad, al convertirlos en objetivo de grupos delincuenciales que los extorsionan, violentan física y psicológicamente, además de lucrar con ellos.
Botín político
En las ciudades estadunidenses de Los Ángeles y San José (California) y Chicago (Illinois), donde el gobierno estatal tiene las representaciones llamadas Casa Jalisco para mantener enlaces con las comunidades de migrantes oriundos del estado, éstos se dicen engañados.
Afirman que el gobierno estatal nada más los busca cuando se aproximan las elecciones y después los olvidan. Así les ocurrió, dicen, con el panista Emilio González Márquez, que ni siquiera fue a visitarlos.
Los funcionarios estatales “vienen y piden, no aportan un cinco para viáticos y nosotros tenemos que dejar nuestros trabajos, poner nuestros vehículos y la gasolina para llevar a personas que no tienen en qué moverse”, comenta el presidente de la Fundación de Clubes de Jalisco, Eduardo del Pozo.
Las Casas Jalisco deben realizar actividades educativas, culturales, empresariales y de apoyo legal para los migrantes jaliscienses que viven en Estados Unidos, pero esto no sucede.
En la de San José, por ejemplo, únicamente se colocó una placa con el nombre de González Márquez y la Federación Jalisco del Norte de California. La que está en Los Ángeles ni siquiera pueda utilizarse porque se la disputan grupos afines a González Márquez y los clubes minoritarios. En la de Chicago se invirtió mucho dinero (80 millones de pesos) del erario pero existen sospechas porque es muy pequeña.
Muchos paisanos se dicen decepcionados por las autoridades mexicanas, por lo que prefieren trabajar con organizaciones civiles. Eduardo del Pozo reitera: “Vienen y nos prometen el cielo y las estrellas. Nuestras organizaciones han trabajado mucho. Vivimos en Estados Unidos y siempre decimos que salimos del pueblo, pero el pueblo nunca ha salido de nosotros. Posiblemente nosotros nos preocupamos más por México, como comunidades en el extranjero, que los propios residentes de allá”, agrega.
El dirigente relata que en su única visita González Márquez dividió a la comunidad de migrantes al inclinarse por la Federación de Clubes y donarles la sede de Los Ángeles.
En la entrevista, Del Pozo señala que son los gobernantes mexicanos quienes provocan el éxodo hacia Estados Unidos, pero advierte que desde hace años se acabó el sueño americano y quienes llegan de forma ilegal “se pueden morir de hambre”.
Otro líder de migrantes de origen jalisciense, Rigoberto Rodríguez, secretario del Club Temaca en Los Ángeles, cuestiona por qué el gobierno de Aristóteles Sandoval se rehúsa a bajar la cortina de la presa El Zapotillo a 60 metros de altura, lo que evitaría la inundación de los poblados de Acasico, Palmarejo y Temacapulín, igual que de las tierras de cultivo.
En opinión de Rodríguez, el mandatario se está tardando en emitir un pronunciamiento, más aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que la cortina puede elevarse hasta 80 metros de altura y no los 120 metros que pretendía la Comisión Nacional del Agua.
Mayor de 60 años, el secretario del Club Temaca espera regresar algún día a su pueblo. “Tengo 34 años acá. Mi tiempo está aquí, pero mi mente, mi esfuerzo, están en Temaca. Trato de ir por lo menos dos veces al año”.
Inversión sin resultados
Eduardo González Velázquez, doctor en ciencias sociales e investigador del Tec de Monterrey, señala que la política migratoria mexicana sigue regida por la criminalización y que el gobernador olvida a millones de mexicanos avecindados en Estados Unidos, quienes son discriminados de la misma forma.
“Cuando los gobiernos ponen en marcha operativos contra los ‘sin papeles’, materializados en miles de deportaciones, están criminalizando las necesidades de migrar”, explica, pero agrega que la única estrategia eficaz para frenar la migración es que los gobiernos garanticen a sus ciudadanos el derecho a no migrar, mediante el acceso a condiciones de vida digna.
Cuestiona la existencia de Casas Jalisco en Estados Unidos porque no están cumpliendo la función para la que fueron creadas y generan gasto público.
“Los migrantes dicen que en muchas ocasiones, cuando se han acercado a Casas Jalisco, no hay quien los atienda, les hace falta hasta personal administrativo. En tiempos electorales se busca pepenar los votos de la paisanada y se movilizan un poco más las Casas Jalisco en el extranjero, pero fundamentalmente pensando en obtener sufragios a favor del partido que en ese momento esté en el poder”.
González Velázquez recuerda que dichas representaciones comenzaron a impulsarse en el sexenio del panista Francisco Ramírez Acuña y continuaron con el de González Márquez, pero al retornar los gobiernos del PRI no ha variado su uso político.
“Las Casas Jalisco están regidas por el Instituto de Fomento al Comercio Exterior del estado, cuando deberían ser manejadas por una instancia relacionada con una problemática mucho más amplia en términos migratorios. Los migrantes que se van a Estados Unidos lo hacen porque el estado no les garantiza el derecho a no migrar, las condiciones adecuadas para quedarse.”
El académico precisa que las Casas Jalisco no han resuelto problemas fundamentales que afectan a los migrantes jaliscienses como redadas, deportaciones, malos salarios, acceso a la salud y educación, o la defensa de sus derechos humanos.
“Estoy seguro que estos temas no pasan por los escritorios de las Casas Jalisco; estoy cierto de que ninguno de estos problemas es solucionado. En todo caso, atienden estas problemáticas los consulados, pero yo esperaría que si vamos a hacer esa inversión en las Casas Jalisco, por lo menos den seguimiento a esos problemas.”
Velázquez resalta que los migrantes oriundos de la entidad tienen presencia en al menos 10 estados del país del norte y la solución para atenderlos a todos no es la creación de más Casas Jalisco. En su opinión, el gobernador debe revisar la política migratoria y encauzar el trabajo de aquellas representaciones estatales hacia los problemas que aquejan a los paisanos en el extranjero.
