Para los coordinadores del Movimiento Ciudadano y del PAN en el ayuntamiento tapatío, el alcalde Ramiro Hernández García no sólo ha incumplido con sus compromisos de campaña, sino que aún no se sacude el yugo de su correligionario Aristóteles Sandoval y está rodeado de colaboradores poco hábiles para solucionar los problemas más acuciantes para el municipio: seguridad, creación de empleos bien remunerados y control al ambulantaje cuya zona de influencia en el Centro Histórico es cada vez más marcada. En suma, dicen, es un alcalde débil.
El próximo 30 de septiembre se cumple el primer aniversario de la toma de posesión de los 125 alcaldes electos el primer domingo de julio de 2012. En el caso del priista Ramiro Hernández García, quien despacha en el ayuntamiento tapatío, el balance de su gestión es negativo, pues según los regidores de oposición está lejos de haber cumplido con sus 42 propuestas de campaña.
Para los coordinadores Salvador Caro Cabrera, del partido Movimiento Ciudadano (MC), y Alberto Cárdenas Jiménez, de Acción Nacional (PAN)–, Hernández García no ha logrado dar seguridad a la ciudadanía ni combatir actos de corrupción; menos aún acabar con el comercio informal en el Centro Histórico. “Carece de don de mando”, dicen a Proceso Jalisco.
Caro Cabrera puntualiza: la administración de Ramiro Hernández es “un desastre, como un fracaso absoluto”.
Según él, no gobierna Guadalajara por tres razones: “La deuda de 5 mil millones de pesos que le heredó su antecesor, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz; porque funcionarios de Ejecutivo tienen injerencia en las decisiones del ayuntamiento, y porque se rodeó de gente incompetente”.
El ayuntamiento de Guadalajara tiene una de las deudas más altas del país: 4 mil millones de pesos –en realidad asciende a 5 mil millones, dice el regidor–, que “hacen inviables las finanzas cotidianas del municipio”.
En parte, aclara Caro Cabrera, eso es consecuencia de los pagos de laudos por despidos injustificados que interpusieron funcionarios panistas contra la administración de Aristóteles Sandoval, quien durante su gestión como alcalde de Guadalajara, “despidió a muchos funcionarios por revancha política y de eso se pagan 20 o 30 millones de pesos al mes”.
En el periodo de Aristóteles, insiste, “se hizo un gasto irresponsable con fines electorales durante el último año de gobierno”, el cual cubrió su correligionario Francisco Ayón López como interino en su último tramo. Hoy, Ayón es titular de la Secretaría de Educación de Jalisco (SEJ).
Entre esas erogaciones sobresalen los pagos pendientes a proveedores y otras contribuciones –calculadas en mil 400 millones de pesos– y el crédito bancario por 2 mil 670 millones. De esa cantidad, el alcalde Sandoval Díaz utilizó mil 250 millones de pesos.
De acuerdo con el regidor de MC, los secretarios de Planeación, Administración y Finanzas, de la SEJ y de Movilidad, Ricardo Villanueva Lomelí, Francisco Ayón López y Mauricio Gudiño Coronado, respectivamente, son quienes “le dan órdenes al presidente municipal”. Ellos, dice, son quienes “nombran funcionarios”, según sus intereses.
Otro personaje que interfiere en las decisiones del ayuntamiento, según Caro Cabrera, es el papá del propio Aristóteles Sandoval, Leonel Sandoval Figueroa. “Eso le dificulta el mando”, reitera.
Para colmo, agrega, a Hernández García lo rodea gente incompetente. Sus colaboradores, dice, son personas de otra época, de su círculo cerrado; “no ha buscado a ciudadanos comprometidos, ni siquiera al interior de su propio partido”.
El jefe de la oficina de la Presidencia Municipal, Ismael Orozco Loreto; el secretario general, Tomás Vázquez Vigil; el titular de la Tesorería, Francisco Padilla Villarruel; la directora de Padrón y Licencias, María Sofía Valencia Abundis; el secretario de Obras Públicas, Carlos Felipe Arias García, y el síndico Luis Ernesto Salomón, son, a decir del entrevistado, “de la vieja guardia priista”.
El regidor de MC lamenta también que el alcalde y sus colaboradores apenas están conociendo el gobierno y la ciudad. A ello se debe que no cumplan con las expectativas generadas durante la campaña electoral, sobre todo en materia de seguridad pública.
El titular del ramo, Carlos Mercado Casillas, comenta, “no cumple”, pues es un académico y la ciudad requiere de alguien con un perfil más adecuado sobre todo por el grado de peligrosidad. Además, la moral colectiva de la policía se deterioró a su nivel más bajo durante la administración pasada”, la del priista Aristóteles Sandoval.
Y aunque las fracciones de MC y el PAN, así como la Asociación de Empresarios del Centro Histórico de Guadalajara, encabezada por María Teresa Corona Marseille, exigen la remoción de Mercado Casillas por la falta de resultados, el alcalde lo mantiene en el cargo.
Solapamiento
Para que Ramiro Hernández enderece el rumbo, debe sacudirse el tutelaje del gobernador, dice el coordinador de los regidores de MC. En segundo término, debe liberarse de los compromisos adquiridos con los sindicatos priistas, el grupo UdeG, los líderes de ambulantes y con las fracciones internas de su partido; por último, debe hacer un “ajuste radical” en su gabinete.
El alcalde tendrá que despedir a Tomás Vázquez Vigil, por ejemplo, quien el lunes 5 pidió una licencia de un mes, luego de que el alcalde ordenó una investigación a la Contraloría Municipal por denuncias en contra del funcionario por su presunto solapamiento a los comerciantes ambulantes en el Centro Histórico.
A su vez, Salvador Orozco Santillán (quien fue cesado de la Dirección de Inspección y Vigilancia tras dar a conocer el 31 de julio que Vázquez Vigil tenía un acuerdo con grupos de ambulantes) asegura que el funcionario cedió espacios públicos al comercio informal en el primer cuadro de la ciudad, así como en la plazoleta del mercado de San Juan de Dios, los jardines del exconvento del Carmen y de Aranzazú, y las banquetas aledañas al palacio municipal de Guadalajara.
El 1 de agosto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Guadalajara, Francisco Beckmann, demandó a Hernández la renuncia de Vázquez Vigil.
Finalmente, el contralor municipal Gustavo Galindo, compadre del inculpado, lo exoneró. Su decisión fue avalada por el titular de la Oficina de Combate a la Corrupción, José de Jesús Sosa, por lo que Vázquez Vigil regresará a su puesto cuando termine su licencia, el jueves 5 de septiembre.
Eso es grave porque, según el entrevistado, Hernández García incumple una de sus propuestas de campaña. En un documento el entonces candidato priista expuso: “No al comercio informal en el Centro Histórico. Combatiremos a fondo cualquier acción de corrupción o tolerancia (así como) lograr un proceso de inspección de reglamentos que sea más riguroso, eficaz y efectivo”.
El día que Vázquez Vigil pidió licencia, el sustituto de Orozco Santillán en la Dirección de Inspección y Vigilancia, Ignacio Mestas Gallardo, dijo que los comerciantes informales se mantendrían en sus sitios, aun cuando el reglamento lo prohíbe.
La sordera del alcalde
El coordinador de los regidores panistas en el ayuntamiento de Guadalajara, Alberto Cárdenas Jiménez, precisa que el ambulantaje no sólo “ha crecido en el Centro Histórico, sino en Medrano, en Obregón, en Santa Tere, y en los 150 tianguis y en los 80 mercados”. Es un problema “muy duro” y lo peor es que no hay una política para “frenarlo”.
Al igual que su colega de MC, se lanza contra el alcalde porque, dice, no frena el comercio informal ni ha sido capaz de dar seguridad a los ciudadanos; tampoco, ha creado más empleos –se comprometió a crear 90 mil al año–, ni se conduce de manera transparente.
“La última vez –dice el panista– nos enfocamos al tema presupuestal e hicimos 10 preguntas (a la unidad de transparencia). En dos nos dieron una respuesta parcial, en cinco nos mandaron a un portal donde no hay información, y en las tres restantes nos dieron información que ni siquiera pedimos”.
El 26 de julio la fracción del PAN pidió la cabeza de la titular de la Unidad de Transparencia, Nancy Paola Flores Ramírez, pero el alcalde salió en su defensa.
La funcionaria ya estaba en la mira de MC, quien el 18 de abril presentó una denuncia penal contra ella porque, arguyó, en 2012 presuntamente utilizó recursos públicos a favor del entonces candidato del PRI a la alcaldía.
Juvenal Esparza Vázquez, secretario de Educación municipal al principio de la gestión de Hernández García, también fue denunciado por fraude y extorsión, por lo que renunció a su cargo el 29 de mayo último. Pocos se enteraron del caso pues ni siquiera se dijo quién lo había acusado.
El 6 de agosto, la regidora panista Cristina Solórzano exigió al alcalde la remoción de Mercado Casillas ante el incremento de los índices delictivos en Guadalajara y pidió contratar a una persona con la capacidad de combatir la delincuencia en el municipio.
En esa ocasión, la fracción panista también cuestionó dónde laboraban mil 400 elementos si en la nómina aparecían 2 mil 800 policías, “y sólo salen a vigilar las calles 500 por turno”.
Incluso propusieron la compra de más cámaras de videovigilancia y conformar el Consejo Municipal Ciudadano de Seguridad Pública para mejorar la seguridad, expusieron los panistas. Y aunque “pedimos cosas que están al alcance de la mano del alcalde, él no hace caso”, sostiene Cárdenas Jiménez.
En cuanto a la creación de empleos, el coordinador de los regidores del PAN recuerda que su fracción propuso la reasignación de 20 millones de pesos para concluir el proyecto de la Ciudad Creativa Digital. El gobierno del estado terminó por asignar 100 millones de pesos más.
“Hoy –dice el panista– estamos terminando agosto y no se ha ejercido un solo peso de esos 120 millones. Es un tema que tendría que detonar miles de empleos.”
Cárdenas Jiménez se queja de la Contraloría y del personal de la oficina de combate a la corrupción porque, arguye, aun cuando se les encargó revisar el tema del ambulantaje contestaron que lo revisaron y el patrimonio de las áreas que manejan (Orozco Loreto y Vázquez Vigil) están completas.
Añade: “Yo creo que el equipo que trae el presidente municipal de Guadalajara deja mucho que desear. En la primera quincena de septiembre, cuando dé su informe, deberá anunciar no solamente los cambios que hemos comentado, sino otros más”.
Sin embargo, se reservó los nombres de los funcionarios cuestionados por la falta de resultados. Primero, dijo Cárdenas, los regidores panistas –María Isabel Alfeirán Ruiz, Alejandro Raúl Elizondo Gómez, Mario Alberto Salazar Madera, Cristina Solórzano Márquez y él mismo– revisarán los programas operativos anuales para hacer una evaluación.
Aunque advierte que si no hay cambios en la forma de gobernar de Ramiro Hernández, “estamos obligados a subir el tono de voz, el tono de la crítica… Sugerimos también cambio de estrategias, que muestren alternativas. Y como oposición vamos a dar la batalla. No vamos a permitir que las cosas se sigan deteriorando en Guadalajara”.
Cárdenas Jiménez considera que Ramiro Hernández es un presidente municipal débil: “Si ustedes se fijan, tiro que sale, le llega directo al presidente; nadie sale al quite, inclusive en los temas de cabildo”.
“¿Cuando los de Movimiento Ciudadano o nosotros atacamos a los colaboradores del alcalde, difícilmente sus regidores (los del PRI) alzan la voz. Cuando se dan debates fuertes, tampoco los vemos, dejan que les lleguen directo los trancazos. Yo nunca había visto a un alcalde tan expuesto, con todos los flancos abiertos. Su equipo no le está cerrando nada. Eso es delicado”, refiere el coordinador de los regidores panistas.
Y concluye: “La falta de operadores que anticipen los problemas, la falta de indicaciones más precisas y el no exigir cuentas a su gente en materia administrativa, terminará por pasarle la cuenta a Ramiro Hernández”.
