Las repercusiones del caso Snowden (exanalista de la CIA que le reveló al mundo las prácticas de espionaje de Estados Unidos) parecen no tener fin. Ahora el gobierno británico –aliado incondicional de Washington– es el que se ha mostrado nervioso, tanto que mediante chantajes y presiones obligó al diario londinense The Guardian a destruir los archivos electrónicos que le filtró Edward Snowden. El director del rotativo hizo públicos estos hechos y vaticinó un ominoso futuro en el que todos los ciudadanos estarán bajo “vigilancia total” de gobiernos.
LONDRES.- El pasado 24 de junio Jeremy Haywood, secretario del Gabinete del ejecutivo británico, y dos funcionarios de la oficina del primer ministro llegaron a la redacción del periódico The Guardian en el número 90 de York Way, en el barrio de Kings Cross.
En uno de los salones de conferencias del diario se reunieron durante casi una hora con el director del rotativo, Alan Rusbridger, y con su editor adjunto Paul Johnson.
Haywood se mostró cordial pero fue al grano: dijo que había recibido órdenes del primer ministro, David Cameron, del viceprimer ministro Nick Clegg y del canciller, William Hague, para obligar a The Guardian a entregar o destruir todos los documentos secretos filtrados por el exanalista de la CIA Edward Snowden relacionados con los operativos de vigilancia y espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad estadunidense (NSA) y de su equivalente británico, el Centro de Comunicaciones del Gobierno (GCHQ).
El director de The Guardian les informó que el diario no era el único que poseía esos archivos; hay copias de ellos fuera del Reino Unido.
Aun así los funcionarios británicos mantuvieron su exigencia. Argumentaron que los documentos fueron robados y que el periódico no tenía derecho a poseerlos ni publicarlos. Haywood incluso mencionó la Ley de Secretos Oficiales, que obliga a los periodistas a no revelar información sensible que afecte la seguridad nacional, pero aclaró de inmediato que el gobierno prefería seguir una ruta “de bajo perfil” en lugar de llevar el caso a un tribunal judicial.
Los directivos de The Guardian argumentaron que las leyes inglesas también protegían el derecho a difundir asuntos de interés público. Y este era el caso: los programas de vigilancia del gobierno y la colaboración de compañías de tecnología y telecomunicaciones afectaban a la ciudadanía. Además había fallas en los controles parlamentarios y judiciales en este tema.
Haywood decidió no presentar su solicitud por escrito. Él y los otros dos funcionarios abandonaron malhumorados el edificio.
The Guardian subió la apuesta: durante las siguientes tres semanas publicó una serie de textos sobre los programas de vigilancia y ciberespionaje de la NSA y del GCHQ.
Reuniones
A principios de julio Rusbridger recibió una llamada telefónica de un funcionario del gobierno: “Ya se han divertido, ahora queremos de regreso ese material”, le dijo éste, según contó el propio Rusbridger en un artículo que publicó The Guardian el lunes 19.
En esa llamada telefónica Rusbridger le explicó al funcionario que el diario no podría investigar e informar sobre las intercepciones electrónicas si cumplían con esa petición. El funcionario se desconcertó. “Ya tuvieron su debate. No hay necesidad de escribir nada más”, dijo.
Haywood y otro funcionario acudieron de nuevo al edificio de The Guardian y se reunieron con Rusbridger. Le expresaron el temor de que otros gobiernos, en particular los de Rusia y China, pudieran acceder a la red de computación del diario y robar los archivos de Snowden, amenazando así la seguridad nacional del Reino Unido.
Rusbridger explicó que la seguridad en torno a los documentos era de máximo nivel, ya que se encontraban en un lugar secreto y aislado del edificio, y que no estaban conectados al sistema interno de computadoras del diario. Nuevamente los funcionarios abandonaron las instalaciones del matutino sin obtener resultados.
Días después un agente del GCHQ –cuya identidad no se ha revelado– se trasladó al periódico y reiteró ante Rusbridger que el material “era vulnerable”. Puso un ejemplo: si había un vaso de plástico en la habitación donde estaban hablando de los documentos, agentes extranjeros “podían desviar un láser al objeto para captar las vibraciones de lo que se estaba diciendo”. También dijo que podrían captarse vibraciones en las ventanas. Las advertencias sonaban más a escenas de una película de James Bond.
Entre el 16 y el 19 de julio las presiones del gobierno se intensificaron: Hubo una serie de llamadas y reuniones de corta duración en las cuales las autoridades amenazaron abiertamente a los directivos de The Guardian con interponer en su contra una demanda judicial e incluso con un allanamiento policial al diario.
“Estamos considerando activamente la ruta legal”, indicó uno de los funcionarios a Rusbridger.
Los abogados de The Guardian creían que el gobierno intentaría confiscar el material con base en la Ley de Violación de Confianza, así como interponer una demanda judicial contra el diario con base en la Ley de Secretos Oficiales.
En una de esas reuniones los funcionarios amenazaron con prohibir que el diario siguiera publicando información contenida en los documentos filtrados por Snowden y forzar la entrega inmediata de éstos. El mensaje era claro: la paciencia del gobierno hacia el diario se estaba acabando.
“Les expliqué a las autoridades británicas que había otras copias en Estados Unidos y Brasil, y por ende que no lograrían nada”, contó Rusbridger en un video difundido por The Guardian el martes 20. “Pero cuando se hizo obvio que utilizarían la ley, preferí destruir nuestras copias en lugar de entregarlas o permitir que los tribunales nos prohibieran seguir reporteando al respecto”, agregó.
Según Rusbridger, entregar esos documentos hubiera significado una traición a la fuente principal: Edward Snowden. Además expresó su temor de que esos documentos pudieran utilizarse en un juicio en Estados Unidos contra el exanalista de la CIA.
“No teníamos el consentimiento de Snowden para entregar el material y no quería ayudar a las autoridades del Reino Unido a saber qué información nos había dado él”, agregó el director del periódico.
También existía el peligro de que la inspección del gobierno en las computadoras del diario pudiera revelar información acerca de los periodistas que habían visto esos documentos confidenciales y trabajado con ellos.
Rusbridger tomó entonces la decisión: Si el gobierno estaba determinado a impedir la investigación y publicación en Gran Bretaña de la información contenida en los documentos de Snowden, la mejor opción sería destruir esas copias y seguir difundiendo la información que se generara fuera de Gran Bretaña, concretamente de la oficina del diario en Nueva York o la que enviara desde Brasil el periodista Glenn Greenwald, a quien Snowden filtró los archivos de la NSA.
Entonces funcionarios del gobierno y directivos del diario llegaron a un acuerdo: Todo el material secreto sería destruido a cambio de proteger a los periodistas del diario y las fuentes que habían brindado información.
La destrucción
El 20 de julio, en una oficina del sótano de The Guardian, Paul Johnson, uno de los principales editores del periódico; Sheila Fitzsimons, directora ejecutiva del grupo Guardian News & Media; y David Blishen, uno de los principales expertos en computación del matutino, utilizaron trituradoras y otras herramientas –incluida una sierra eléctrica– para destruir los discos duros de una Macbook y tarjetas de memoria donde se encontraban almacenados documentos encriptados entregados por Snowden.
Dos agentes del GCHQ certificaron dicha destrucción. Tomaron notas y fotografías. No se retiraron hasta cerciorarse de que el trabajo estaba terminado. Incluso hicieron recomendaciones a Johnson y a Blishen sobre cómo destruir mejor los archivos y romper las placas electrónicas. Tomaron más de 100 fotografías como evidencia confidencial.
El jueves 1 –12 días después de la destrucción de los archivos– The Guardian reportó sobre el financiamiento que otorga Estados Unidos para que la GCHQ realice operaciones ilegales de vigilancia y ciberespionaje. El texto describía con lujo de detalles cómo se opera en el ultrasecreto edificio circular de Cheltenham, al noroeste de Londres, sede de los servicios secretos del país.
La sucursal estadunidense del periódico, Guardian US (que se edita en Nueva York), siguió reportando sobre la cooperación de multinacionales de las telecomunicaciones de Estados Unidos con la NSA, maximizando la recopilación de información por internet y teléfonos celulares personales en todo el mundo.
Dos semanas después –el domingo 18– agentes de la policía detuvieron al brasileño David Miranda, novio de Greenwald, en el aeropuerto londinense de Heathrow. Lo interrogaron nueve horas antes de dejarlo ir. Entre otras cosas lo despojaron de la computadora portátil, el teléfono celular, un disco duro adicional y dos tarjetas de memoria.
El brasileño de 28 años había hecho escala en Londres. Viajaba a Río de Janeiro desde Berlín, donde se había reunido con la documentalista estadunidense Laura Poitras, quien le había entregado material del caso Snowden.
Greenwald y Poitras fueron los periodistas que entrevistaron a Snowden en Hong Kong antes de que éste viajara a Rusia, donde actualmente está refugiado.
“Esto que ha pasado afecta a cada ciudadano, pero ahora todos los periodistas deberían estar al tanto de las dificultades que enfrentarán en el futuro debido a que todos en 2013 estamos dejando una enorme huella digital que puede ser muy fácilmente descubierta”, afirmó Rusbridger en su artículo del lunes 19.
“Espero que el escándalo por la detención de Miranda obligue a la gente a volver a leer los artículos que tanto enfurecieron al Estado británico, porque hubo mucho reporteo sobre las actividades del GCHQ y la NSA estadunidense. Lo que Snowden está tratando de hacer es llamar la atención sobre cómo nos estamos acercando a un camino de vigilancia total”, concluyó.
