No importa que la Auditoría Superior de la Federación haya encontrado montones de irregularidades en las cuentas de Chiapas el sexenio pasado; no importa que el Congreso de la Unión haya exigido que se aclare la asignación de recursos federales para obra pública en esa y otras entidades; no importa que un ciudadano chiapaneco haya interpuesto ya una denuncia ante la PGR contra Juan Sabines Guerrero. El exmandatario duerme tranquilo, pues todo parece indicar que tejió durante seis años una red que lo salvará de la caída, o por lo menos lo ha salvado hasta el momento.
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Aun con todas las pruebas en su contra, el exgobernador chiapaneco Juan Sabines Guerrero sigue impune. Su sucesor, Manuel Velasco Coello, se lava las manos y pasa la investigación sobre los presuntos actos de corrupción del exmandatario al ámbito federal, mientras desaparecen las auditorías “insolventables”, ya dictaminadas y que deberían ser turnadas a las instancias judiciales.
Incluso antes de que Sabines –quien ahora vive en Acapulco– dejara el cargo el pasado diciembre, comenzaron a conocerse las denuncias de corrupción en su contra y se filtraron documentos que acreditan el endeudamiento más alto en la historia de Chiapas –de unos 22 mil millones de pesos– y presuntas pruebas de desvío de recursos por obra pública pagada y no realizada.
Y antes de partir Sabines Guerrero dejó incrustado en el gobierno local un equipo que aparentemente se encarga de cuidarle las espaldas en lo que toca a las investigaciones por corrupción.
El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) del gobierno local, César Corzo Velasco, repite en el cargo, al cual llegó nombrado por Sabines Guerrero. De igual forma el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado (OFSCE) sigue encabezado por Humberto Blanco Pedrero, nombrado también por el exgobernador.
En la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado sigue un excolaborador y amigo del exmandatario, José Ángel Córdova Toledo. Y el procurador estatal Raciel López Salazar es otro de quienes repiten en el cargo.
Velasco Coello mantuvo en su puesto a casi la mitad del gabinete del sexenio anterior, algo que le han criticado los líderes políticos locales.
Aunado a esto, el actual mandatario se ha lavado las manos más de una vez y ha llegado a decir que no será él quien ordene a Sabines Guerrero que rinda cuentas, que eso le toca a las instancias federales.
“Lo hemos estado solicitando. El Órgano Superior de Fiscalización quedó ya de decir cómo van esas auditorías. También se ha dicho a través de medios nacionales y funcionarios federales que la Auditoría Superior de la Federación también está viendo las auditorías propias de los recursos federales, como se hizo en Tabasco”, dijo el mes pasado el gobernador.
Proceso accedió a documentos de la Secretaría de la Función Pública Estatal, de donde algunas auditorías ya han “desaparecido”.
Una de esas es la SAG: 227-00-10-12-12, orden de auditoría 070/2012. Este expediente contiene la “auditoría específica extraordinaria de la obra pública ejecutada por la Secretaría de Infraestructura, por los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011 y del 1 de enero al 19 de septiembre de 2012”.
El monto no justificado por ese rubro es de 695 millones 954 mil 305 pesos con nueve centavos. Según el documento los responsables tenían hasta el 12 de diciembre de 2012 para responder a las observaciones de inexistencia de documentación comprobatoria y falta de estimaciones de pago o bien para reintegrar el dinero a la Tesorería.
Para Corzo Velasco fue más fácil “desaparecer el expediente” que solventar las observaciones de las auditorías, “por la sencilla razón de que son insolventables”, dice a este semanario una fuente de la SFP que pidió el anonimato.
En otro expediente, ya sometido a nueve auditorías federales, se detectaron irregularidades por 796 millones 96 mil 702 pesos con 23 centavos. Los dictámenes se dieron a conocer en diciembre de 2012 y hasta la fecha los faltantes no han sido solventados.
Entre los rubros auditados están el Programa de Infraestructura Básica para la Atención a los Pueblos Indígenas; el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas; el Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, así como el Fondo Regional y el de Inversión para Entidades Federativas.
Aun así la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha autorizado al gobierno de Chiapas la prórroga y reapertura de las auditorías ya dictaminadas, cuando lo procedente sería turnarlas a la Procuraduría General de la República (PGR), lo cual no ha ocurrido.
La penúltima prórroga fue concedida este mes, sin que hasta la fecha se hayan solventado los faltantes. Pese a esa negligencia, la ASF concedió un nuevo aplazamiento, ahora hasta el 30 de noviembre de 2013.
Mediante el oficio SFP00808, del pasado 28 de junio, Corzo le pidió al secretario de Infraestructura, Bayardo Robles Riqué, atender a Raúl Sánchez Kobashi, jefe de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, y a Francisco A. Ordaz Hernández, director general adjunto, ambos de la ASF.
Corzo le solicitó a Robles “determinar criterios y estrategias para definir con ellos cómo resarcir los recursos a la Tesorería de la Federación”.
De igual forma le solicita que se ponga de acuerdo con los auditores para que intercedan ante la Secretaría de Hacienda a fin de que el gobierno chiapaneco no tenga que devolver ese dinero, por “el impacto financiero” que esa medida podría tener en la administración de Velasco Coello.
El negocio de la obra pública
El miércoles 14 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión le pidió a la Comisión de Vigilancia de la ASF que solicite información sobre las auditorías practicadas a los procesos de contratación de obra pública en Veracruz, Jalisco y Chiapas. En cuanto al caso específico de este último estado, requirió un reporte de las auditorías de 2011 y 2012.
En el dictamen aprobado por el pleno se subraya que “el órgano auditor de la Federación debe rendir un informe específico a la Cámara de Diputados y fincar las responsabilidades correspondientes en caso de detectar irregularidades”.
El abogado chiapaneco Horacio Culebro Borrayas, quien presentó la denuncia contra el exmandatario ante la PGR, indica en entrevista que el viernes 9 concluyó el proceso de entrega de pruebas contra Juan Sabines. Dice que ahora deberá esperar 45 días para que la Procuraduría consigne la averiguación y en su caso se ejercite la acción penal contra quien gobernó Chiapas entre 2006 y 2012.
Culebro explica que pasado ese plazo y en caso de no haber resultados, solicitará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordene a la PGR el ejercicio de la acción penal.
El abogado agrega que presentó ya “las pruebas fehacientes del saqueo” de los recursos estatales “durante la administración de Sabines Guerrero en contubernio con una centena de sus colaboradores”.
Informa que entre las obras pagadas al ciento por ciento y no ejecutadas figuran las otorgadas a las constructoras de José Manuel Flores Ríos –sobre quien pesa la sospecha de que es prestanombres de los exgobernadores José Murat Casab, de Oaxaca, y Fidel Herrera Beltrán, de Veracruz–: Compañía Constructora del Sureste, Grupo Constructor Universal, Constructora Samper, Construcciones Flogo, Construcciones Savaz, Constructora Bernard, Construcciones Goli, Construcciones Moraza y Construcciones Alzurio.
También indica que las constructoras locales beneficiadas y que igualmente incurrieron en el supuesto de cobrar obra sin ejecutarla son: Técnicos Especializados de Chiapas, Trituradora Soconusco y Precisa, Constructora y Arrendadora, en las cuales aparecen como propietarios Rafael Cancino Serrano, Abel Barrios Lozano, Rodrigo Ulises Astudillo Constantino y de las que han sido socios el exsecretario de Infraestructura de Chiapas, Ricardo Alberto Serrano Pino, y Jesús Sarmiento Toledo, excoordinador de delegaciones y excoordinador general operativo en la asignación de la obra pública en la Secretaría de Infraestructura.
Dice que “las adjudicaciones siempre se llevaron a cabo por asignación directa, violando así lo establecido en la Ley de Obras Públicas”, dado el importe de los contratos. La mayoría de éstos se pagan con recursos federales y son controlados por quienes fueron coordinadores de delegaciones y coordinadores generales operativos: Sarmiento Toledo y Ricardo Juárez Ovando.
El abogado afirma que sólo en el ejercicio de 2009 el gobierno federal otorgó 900 millones de pesos al gobierno de Chiapas para realizar obras de conservación de caminos rurales, las cuales fueron asignadas de manera directa –por Jorge Antonio Ramos Castrejón, quien fungía como director de Caminos Rurales y Puentes de la Secretaría de Infraestructura– a las nueve constructoras de Flores Ríos.
“Lo más grave es que nunca hicieron los trabajos, solamente cobraron los 900 millones de pesos, que a decir del propio José Manuel Flores fueron para Juan José Sabines Guerrero, porque él únicamente había prestado el nombre de las empresas”, asegura Culebro.
Encubrimiento
La diputada local perredista Alejandra Soriano Ruiz ha denunciado que el OFSCE pretende encubrir a Sabines Guerrero; la legisladora le ha exigido al órgano fiscalizador “dejar de tapar la corrupción” y fincarle responsabilidades al exgobernador por presunto desvío de recursos públicos y uso indebido del ejercicio público.
Soriano afirma que el pasado 6 de julio el titular del OFSCE, Humberto Blanco Pedrero, le entregó al Congreso estatal un dictamen de revisión y fiscalización de la última cuenta pública sabinista, de la cual hasta ahora no se ha informado.
“Al estilo del exgobernador del estado, Juan Sabines, fue entregada de manera silenciosa la cuenta pública de los primeros tres trimestres del ejercicio de 2012 de su administración, y todos los chiapanecos esperamos conocerla en muchos rubros”, dice a Proceso la diputada local.
Exige que se llame a Sabines a rendir cuentas y a que explique por qué entregó a la nueva administración un estado sin liquidez y hundido en “la peor crisis económica, social y política de la que tengamos memoria”.
Soriano comenta que conforme pasan los días, los chiapanecos ven nuevas y múltiples evidencias del saqueo, de la desaparición de los recursos del pueblo “en manos de unos cuantos que, al amparo de la cercanía con el exgobernador, improvisaron fortunas y amasaron grandes cantidades de dinero a cambio de hipotecar el futuro de los chiapanecos los siguientes 20 o 30 años”.
Para romper la secrecía que protege a Sabines, Soriano Ruiz tuvo que interponer un recurso de amparo –el número 1106/2013 ante el Poder Judicial de la Federación– para acceder al informe del resultado de revisión y fiscalización de la cuenta pública realizado por el OFSCE y entregado a la Comisión de Vigilancia del Congreso local, que dirige Córdova Toledo, amigo del exmandatario.
Pero con “artilugios legaloides”, dice, han demorado la entrega de dicho informe: “Me pregunto cuál es el interés de hacer dilatoria la entrega del informe, por qué pretende retrasar el cauce normal del amparo y bajo cuáles argumentos legaloides desea ganar tiempo, al señalar que no poseo un interés jurídico o interés legítimo para promover el amparo, por ser integrante del cuerpo colegiado del H. Congreso del estado”.
Además de Córdova Toledo, otros amigos y excolaboradores de Sabines controlan la Comisión de Vigilancia: el priista Noé Castañón Ramírez, Isabel Ancheita Palacios (del Partido Orgullo Chiapas, fundado por el exgobernador), el panista Francisco Javier Morales Hernández y el verde Emilio Salazar Farías.
La diputada Soriano señala que interpuso el amparo con el afán de transparentar las acciones de gobierno y someterlas al escrutinio público. Para ella no hay duda de que en Chiapas, más que castigar o sancionar la corrupción sabinista, “se teje un manto de impunidad” sobre el exmandatario que encabezó “el saqueo más grande de la historia de Chiapas”.
