En menos de un semestre, Silvia Zárate Cárdenas ha convertido el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (Ineejad) en un desastre. No sólo congeló parte del presupuesto asignado al organismo, sino que se está deshaciendo de trabajadores por su filiación panista, o de la tercera edad, e incluso de sus amigos, como Cuauhtémoc Urbina Miranda porque, según ella, es seropositivo. Lo que más le disgusta son los empleados con iniciativa, pues teme ser rebasada por ellos, comenta Urbina.
A Cuauhtémoc Urbina Miranda lo despidieron del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (Ineejad) por ser seropositivo, dicen sus compañeros de trabajo que conocían su enfermedad. Los demás lo supieron de labios de la titular del organismo, Silvia Zárate Cárdenas, quien a principios de junio los convocó para informarles: “Ese cabrón está en el hospital porque tiene VIH”.
Urbina Miranda ingresó al hospital San Javier por la invasión de una bacteria a su torrente sanguíneo. Estuvo en el nosocomio del 7 al 13 de junio. Cuando regresó a sus labores en el departamento de Vinculación, donde se diseña la imagen y folletería del instituto, su amiga Silvia Zárate –quien lo invitó a colaborar en el instituto– le informó que estaba despedido.
Relata: nunca antes había trabajado en la función pública pues le va muy bien con Glavie Productions, la compañía que fundó para la organización de eventos masivos destinados a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT).
“Éramos amigos. A la gente la trata de pendeja. En Lagos de Moreno puso a un coordinador, quien hace que sus subalternos se le hinquen cuando cometen un error. Y aunque ella ha recibido reportes (sobre esos excesos), él no se va porque es su amigo”, dice Urbina.
Nadie puede mover un alfiler sin la autorización de Zárate, dice, como le pasó a él mismo. Y pone ejemplos: la Dirección de Vinculación, donde laboró, tiene un presupuesto anual de 5 millones de pesos para la elaboración de folletos, campañas y difusión en medios de comunicación, pero no puede ejercerlo porque la Dirección de Comunicación Social de gobierno del estado controla la imagen de la institución.
“Se supone que somos un OPD (organismo público descentralizado) y tenemos cierta autonomía, pero todo se hace en función de lo que dicta Comunicación Social”, comenta.
Como empresario del espectáculo, Urbina ha hecho campañas de difusión hasta con 300 mil pesos y de mayor impacto utilizando principalmente las redes sociales.
“Cuando intenté hacer un plan de medios (Silvia) me frenó. Lo único que hace es comprar entrevistas a sus amigas. Cuando hay una jornada o un arranque de campaña, se gasta el dinero en puras entrevistas”, asegura. Una de las beneficiarias es Patricia Flores Osuna, conductora de Grupo Radiorama DK de AM.
A la directora del Ineejad tampoco le preocupa rescatar de las bodegas los miles de trípticos diseñados durante la administración del panista Emilio González Márquez. Ella llegó al organismo, según Urbina, con el propósito de correr al mayor personal posible por su filiación panista.
En el caso del departamento de Vinculación, despidió a diseñadores gráficos profesionales para acomodar a una diseñadora de modas. “En una posición donde tenía un licenciado en diseño gráfico me pone a una diseñadora de modas y me dice: ‘Enséñale computación’”, cuenta.
Y aun cuando relegó a los trabajadores con mayor habilidad “porque se sintió rebasada”, Silva no logró correr a funcionarios de primer nivel: “Hay montones de casos documentados sobre directores que permanecen sentados sin hacer nada y con una computadora; algunos cobran 30 mil pesos al mes pero no los puede despedir”.
Él mismo padeció los desplantes de la funcionaria. Cuando intentó agilizar la entrega de módulos, diplomas y certificados mediante el sistema de paquetería –el periodo de entrega era de tres a cuatro meses– convocó a los directores de las compañías de mensajería UPS, Federal Express y Estafeta, pero Zárate lo recriminó; le dijo que se estaba tomando atribuciones que no le correspondían.
Hoy, cientos de certificados están en las oficinas del organismo sin que nadie vaya a recogerlos, insiste. “Yo soy práctico, el problema es cuando uno se topa con autoridades a las que no les interesa modernizar ni eficientar su trabajo”, puntualiza Urbina.
Los caprichos de Silvia
Silvia Zárate también frenó el programa de Ciber Secundaria sólo porque lo habían impulsado los panistas. El programa tiene un fondo de 12 millones de pesos recabados mediante donativos que, “a la fecha no han podido ejercerse”.
Lo más absurdo: en algunas comunidades se utiliza una computadora de cartón para enseñar sus funciones básicas, cuando en las bodegas del Ineejad hay un montón de ordenadores sin utilizar porque están en comodato.
Urbina no es el único despedido del instituto. La maestra Remedios Serrano, quien tenía 24 años de antigüedad y era la mejor coordinadora del organismo, según él, también fue cesada. El reportero recogió seis testimonios más de personal desplazado de sus puestos de primer nivel. Uno de ellos es el de la maestra María Teresita Navarro Uriegas, quien estuvo en la Dirección de Estructuras Regionales.
El 3 de junio pasado, dice, cuando regresó a laborar luego de una incapacidad médica, encontró su oficina ocupada por una licenciada de nombre Karla. Para evitar que la acusaran por abandono de empleo decidió ocupar una mesa en el área de recepción y permanecer en las instalaciones para cumplir con su horario laboral. Nunca le notificaron del cambio ni le notificaron su baja por escrito.
“El 28 de julio último –cuenta– se presentó la directora Silvia Zárate acompañada de personal de la contraloría interna y administración para presentar a la doctora Hilda Patricia Plascencia Maravilla como la nueva directora y notificarme que el día 29 se iniciaría el trabajo de mi entrega-recepción, que concluyó el lunes 5. Hasta el día de hoy, no se me ha entregado ningún documento que acredite mi baja.”
Al ingeniero Mauricio Gómez le pasó algo similar. Él era responsable de mantenimiento desde hace 10 años. Dice que les firmó la renuncia porque no podía soportar los maltratos, insultos y jornadas de 10 a 12 horas diarias. “Aún no me entregan mi finiquito”, comenta.
Fernando Carrillo Barocio, coordinador de la zona de Mazamitla, señala que le retuvieron las dos quincenas de junio y le dijeron que sólo se las pagarían si firmaba su renuncia: “Nunca se me ofreció indemnización alguna. Es más, ni siquiera el monto cuantificado tenía el administrador”.Urbina Miranda comenta que aun si Zárate intenta alegar que su contrato terminó el 24 de junio, él puede demostrar que firmó por tiempo indeterminado. El día que fue despedido, dice, le pidieron firmar su renuncia, así como un nuevo contrato porque, le dijeron, el que suscribió primero “contenía un error” que debía subsanarse.
Su abogado le sugirió no firmar para evitar que modificaran el nuevo contrato con los pagos que le hicieron.
El 3 de julio llamó al director administrativo Héctor Sáenz para preguntarle si era cierto que lo estaban despidiendo. Dos días después hizo antesala en la oficina del funcionario durante dos horas; nunca fue recibido.
Las amenazas
El 6 de julio, cuenta, alrededor de las 11:30 de la noche sacó a pasear a su perro. Al llegar al cruce de las calles General San Martín y Mexicaltzingo se le cerró una camioneta. Un uniformado descendió del vehículo y encañonó a Urbina. “Era de la policía municipal, como de 1.70, morenito, y me dijo: ‘Mira, pinche jotito, ya déjate de pendejadas y firma el contrato’. Se subió y arrancó el vehículo”, explica Urbina.
Decidió solicitar una audiencia con el secretario de Educación, Francisco Ayón López, y con el gobernador Aristóteles Sandoval. El 12 de julio entregó en la Oficialía de Partes de la Secretaría Particular del mandatario un oficio en el que da cuenta de los hechos, así como de su hospitalización y el hostigamiento laboral de que es objeto.
Hasta el jueves 15 ninguno de los dos funcionarios había recibido a Urbina.
Dice que también fue a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) a presentar una queja que fue admitida en la quinta visitaduría con el número 5239/2013/V. Ahí, Urbina aclaró al personal que su caso no era asunto de índole laboral, sino de discriminación.
También presentó una demanda ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (expediente 688/2013/ 11), e informó sobre su caso a la diputada local Fabiola Loya Hernández, del Movimiento Ciudadano, quien preside la Comisión de Equidad y Género.
El joven demandante insiste: el Ineejad es un desastre y tiene un rezago educativo muy alarmante. Ello se deriva del protagonismo de su directora Silvia Zárate, quien, asegura Urbina, echó por la borda toda iniciativa destinada a elevar los indicadores del organismo.
Cuando él reunió a los empresarios a través del Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo (Conevyt), dice, para firmar bases de colaboración para beneficiar a sus trabajadores, ella frenó, pues no tolera que tome alguna iniciativa.
Sus celos empezaron, dice, cuando él se puso en contacto con el director de IBM. Silvia se molestó y le comentó a Urbina: “De aquí en adelante yo atiendo todas las reuniones con los directores”.
“Pero cuando empiezo a convocar a los directivos de las áreas que estaban involucrados para darle un seguimiento y una solución, ella me dice: ‘No, tu papel es nada más visitar a la empresa’. Ya se les volvió a fallar a las empresas”, expone Urbina.
“El instituto te sirve para hacer política y campaña todo el tiempo –admite el entrevistado–; los funcionarios pueden hacer un evento para entregar mil certificados y convocar incluso al gobernador, a quien sea. Pero no todo es organizar eventos, también hay que trabajar e invertir en ellos.”
Hasta el cierre de edición Silvia Zárate había despedido a tres adultos mayores: Martha Medrano, Cristina Pliego y la maestra Deborah Hernández Ricardo, quienes rebasan los 54 años. Según Hernández, la directora del instituto le dijo abiertamente que sólo quería jóvenes en el departamento donde ella trabaja.
