La reciente puesta en libertad de Rafael Caro Quintero irritó a Estados Unidos y mantuvo en el pasmo al gobierno mexicano, que reaccionó tarde emitiendo una orden de captura preventiva en su contra con fines de extradición, pero también reactivó el caso del mexicano René Verdugo Urquídez. Preso en Estados Unidos desde hace un cuarto de siglo, fue secuestrado en México por judiciales pagados por el gobierno estadunidense y llevado a aquel país, que se afanó en implicarlo en el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena aun cuando no hay pruebas de ello. Verdugo dice a Proceso que sólo el gobierno estadunidense puede ponerlo en libertad… si se lo pide México.
La excarcelación de Rafael Caro Quintero removió las ilegalidades de Estados Unidos en su afán de vengar el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar.
La cacería que significó en México la “Operación Leyenda”, coordinada desde las oficinas centrales de la DEA en Washington, se cebó en el mexicano René Verdugo Urquídez, con quien Estados Unidos se cobró la pérdida de uno de sus principales agentes en América Latina.
Traficante de mariguana a Estados Unidos en los años 80, René Verdugo no tuvo nada que ver con el destino trágico de Camarena, pese a lo cual está pagando esa factura desde hace un cuarto de siglo: fue condenado a 240 años de cárcel y a una pena de prisión perpetua.
Los tres primeros años fue mantenido en aislamiento total en el Centro Correccional Metropolitano de San Diego, California. De ahí se le trasladó a la prisión federal de Leavenworth, en Kansas. Hoy, Verdugo, de 63 años, purga su condena en la penitenciaría federal de Tucson, Arizona.
En los mismos tribunales estadunidenses no sólo quedó demostrada su inocencia, sino también la cadena de ilegalidades cometidas por el gobierno de Estados Unidos tanto en su propio territorio como en México para ver quién pagaba por la muerte de Camarena. La justicia federal mexicana resolvió el pasado viernes 9 que el agente estadunidense Enrique Camarena operaba en México sin estatus diplomático o consular; es decir, sin reconocimiento formal del gobierno mexicano.
Las ilegalidades de este caso comenzaron cuando, en abierta violación a la soberanía mexicana, la DEA contrató a policías judiciales de Baja California para secuestrar a Verdugo y presentarlo ante la justicia de Estados Unidos.
Luego, en su empeño de inculparlo, fueron variando las acusaciones con base en testimonios falsos de narcotraficantes mexicanos y estadunidenses, así como en las de un perito de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés). Fracasado el intento de consignarlo como uno de los torturadores de Camarena, se trató de colocarlo como el número dos de Caro Quintero.
Sin evidencia ninguna que implicara a Verdugo en la muerte de Camarena, el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Pero el máximo tribunal de ese país coronó los quebrantamientos de las leyes de México, de Estados Unidos e internacionales al dar por bueno el secuestro. Impidió así su repatriación con el pretexto de que no se puede invocar el Tratado de Extradición bilateral porque, alegó, la presentación del acusado ante los tribunales no fue resultado de la aplicación de ese instrumento.
Sentenciado de por vida, Verdugo sólo tiene un camino: que el gobierno mexicano retome su propósito de regresarlo a México, como lo intentó, sin mucha insistencia, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
“La petición del gobierno de México al de Estados Unidos es la única opción que tengo –dijo Verdugo el miércoles 14 en entrevista telefónica desde su reclusión–. En Estados Unidos ya no hay caminos judiciales que recorrer o explorar. La única solución es de gobierno a gobierno.
“Es tan fácil y difícil a la vez. Tan fácil porque están todos los elementos de inocencia, pero tan difícil porque mi caso expone al sistema judicial estadunidense”, manifestó.
Un caso “como el de Cassez”
En los seis sexenios que han pasado desde su secuestro y reclusión, Verdugo no ha dejado de enviar cartas a los sucesivos presidentes de la República. “Por temor a Estados Unidos o falta de dignidad no han querido retomar el caso” comentó. El único que contestó fue Salinas, cuyo gobierno pidió, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, una explicación al Departamento de Estado, que nunca accedió a las solicitudes de expatriación del solicitante.
Salinas pronto abandonó el caso. Su prioridad fueron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor en enero de 1994, seis años después de que Verdugo fue condenado.
Tras la liberación de Caro Quintero por la justicia federal al considerar violaciones al debido proceso, Verdugo considera que “algo está sucediendo en México” y lo puede favorecer: “Uno de los autores (de la muerte de Camarena) ha encontrado su libertad y los inocentes seguimos en prisión por falta de interés del gobierno mexicano”, consideró.
La excarcelación de Caro Quintero, uno de los principales jefes del narcotráfico en México hasta su detención en 1985, fue impugnada públicamente por el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuyos representantes dijeron estar sorprendidos y ofendidos por la decisión del Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito, con sede en Jalisco.
El mismo miércoles 14, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que un juez federal ya emitió una orden de arresto preventivo de Caro Quintero con fines de extradición, a petición del gobierno de Estados Unidos por delitos que se le fincan en una corte federal de California, entre ellos lavado de dinero procedente de la venta de narcóticos, así como tráfico de cocaína y mariguana y delincuencia organizada.
Si Caro Quintero fuese detenido, el gobierno de Estados Unidos tendría 60 días para solicitar formalmente su extradición, pero una decisión final tardará varios meses porque deberá definirse judicialmente si procede su entrega al país vecino.
El procurador Jesús Murillo Karam aclaró que el jefe del desaparecido Cártel de Guadalajara ya no podría ser extraditado por el asesinato de Camarena, sino por un delito distinto, como aquellos por los cuales se le acusa en California. No obstante, admitió que le causa “escozor” la resolución que lo liberó.
El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, fue más explícito, y adelantó que el gobierno mexicano buscará revertir el fallo que favoreció a Caro Quintero.
Sin que se haya oficializado, el gobierno de México ha dejado saber que podría interponer un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación al considerar que la liberación de Caro Quintero violó el artículo 23 de la Constitución, el cual prohíbe la absolución por parte de una de las instancias del proceso judicial.
Según esa versión, si los magistrados que le dieron un amparo –que llevó al Tribunal Unitario a ordenar su liberación– resolvieron que la causa penal por el asesinato de Camarena debió ser seguida en un tribunal del fuero común y no federal, lo que correspondía era turnar el expediente a un juez local, en vez de liberarlo.
En el caso de Caro Quintero, expresó Verdugo, existe una controversia por la competencia de los tribunales que debieron juzgarlo en México. Y agregó: “Pero en mi caso fui secuestrado siendo inocente. Además, la misma Constitución dice que un mexicano debe ser juzgado en México por los delitos que cometa en el país. Y en lo ocurrido con el agente de la DEA, una investigación especial ordenada por Salinas demostró que yo no tuve nada que ver”.
Como ya no hay más instancias judiciales, no existe otra salida más que la consistente en que “el presidente Enrique Peña Nieto trate mi caso con el presidente Barack Obama y le insista en que tiene a un inocente en la cárcel. Si Obama investiga, no tendrá más opción que dejarme libre y no seguir exponiendo su sistema de justicia, del que los estadunidenses se sienten tan orgullosos”, planteó Verdugo.
Comparó: “Sería de esperar una acción como la del expresidente francés (Nicolas) Sarkozy con Florence Cassez”, la ciudadana francesa que había sido acusada en México de secuestro y condenada durante el gobierno de Felipe Calderón a 60 años de prisión, pero que después de siete años fue liberada en enero pasado por la SCJN con el argumento de violaciones al debido proceso. “En mi caso, a diferencia del de Cassez, no hay ninguna duda de mi inocencia. Todo fue una farsa”, sentenció.
Verdugo fue secuestrado en enero de 1986 en Mexicali y presentado ante la corte federal de San Diego, y aunque se probó que era ajeno al caso Camarena, fue sentenciado a prisión acusado de narcotráfico. La pena correspondiente se cumplió en 1998.
Pero “cuando se dieron cuenta de que yo no iba a cooperar en el caso del agente asesinado de la DEA, me sentenciaron a 240 años. Y aquí nos estamos muriendo, como ya pasó con Zuno Arce”, señaló.
Rubén Zuno Arce, cuñado del expresidente Luis Echeverría, murió en una prisión de Florida, Estados Unidos, en septiembre de 2012, cuando llevaba 23 años preso acusado de planear el asesinato de Camarena junto con los jefes del Cártel de Guadalajara: Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo.
El secuestro
El 24 de enero de 1986 Verdugo conducía su auto por una calle de San Felipe, Baja California, cuando un vehículo sin placas le cerró el paso. Seis hombres armados descendieron de la unidad y lo obligaron a hacer lo propio. Lo introdujeron en la parte trasera de uno de los carros en el que iban. Le ataron las manos por la espalda, lo vendaron y le taparon la cabeza con una chamarra. Así estuvo en todo el trayecto, hasta que lo presentaron ante dos agentes estadunidenses.
Según probó la defensa de Verdugo –encabezada por el abogado Patrick W. Hall, con la asistencia del litigante Raúl Flores–, la acción fue supervisada por esos dos agentes, quienes iban detrás de los autos de los secuestradores. Se dirigieron hacia el norte, a Mexicali. “Cuando llegaron a la frontera, Verdugo fue empujado por un agujero en el cerco de la línea internacional, justo al oeste de Caléxico”.
Los secuestradores fueron policías de Baja California pagados por Estados Unidos, que después los convirtió en testigos protegidos, denunció Verdugo. La defensa aseguró que recibieron 50 mil dólares antes y 50 mil después del secuestro.
Los documentos presentados ante las cortes estadunidense señalan que al otro lado de la línea “lo tomaron bajo custodia agentes de Estados Unidos, quienes esperaban su entrada forzada a su país”. Poco después, las casas de Verdugo en ambos lados de la frontera fueron cateadas por policías mexicanos y estadunidenses sin orden judicial.
Cuando la prensa informó sobre el secuestro y se supo de la participación de agentes judiciales mexicanos, el Juzgado Segundo de lo Penal en Mexicali abrió una causa contra los policías mexicanos, y México solicitó su extradición. El gobierno estadunidense la ha rechazado desde entonces.
Al mismo tiempo, la embajada de México en Washington pidió al Departamento de Estado información sobre el caso. La respuesta llegó un año después, en marzo de 1987, cuando dijo que la detención formaba parte de la cooperación entre los dos países.
En agosto siguiente, el gobierno de Miguel de la Madrid envió otro escrito al Departamento de Estado para decirle que los agentes mexicanos habían sido pagados por la DEA para secuestrar y entregar a Verdugo al gobierno de Estados Unidos, por lo que no podía reconocer ningún acto judicial fuera del Tratado de Extradición vigente en la época.
Descarada, la respuesta del gobierno estadunidense fue que no había actuado unilateralmente para obtener “la custodia” de Verdugo. Su aprehensión, arguyó, fue resultado de “la cooperación” con oficiales mexicanos.
Los falsos testimonios
Dos años y 10 meses después del secuestro, una vez que Verdugo se había negado a colaborar con Estados Unidos en el caso Camarena, fue sentenciado a cuatro condenas consecutivas de 60 años y una cadena perpetua por el asesinato del agente Camarena. Hasta antes de ser procesado en 1988, Verdugo estuvo detenido en San Diego sin derecho a fianza y acusado de narcotráfico.
En apelación, Verdugo logró que la Corte del Noveno Circuito de Apelaciones revocara la sentencia, por las violaciones al Tratado de Extradición. El gobierno estadunidense impugnó dicho fallo y pidió que la Suprema Corte de ese país se pronunciara sobre la validez del recurso gubernamental. La Corte resolvió a favor del gobierno.
El 2 de abril de 1990, Estados Unidos emprendió la “Operación Leyenda 2” y secuestró en Guadalajara al doctor Humberto Álvarez Machain, acusado de haber asistido médicamente en la tortura de Camarena. Con los antecedentes de Verdugo y del secuestro del narcotraficante hondureño Juan Matta Ballesteros, también acusado del asesinato de Camarena, un juez federal estadunidense decidió el regreso de Álvarez Machain a México por violaciones al Tratado de Extradición.
El gobierno estadunidense también recurrió a la Corte en este caso. El 15 de junio de 1992, la máxima instancia judicial legalizó los secuestros cometidos por Estados Unidos en el extranjero. Argumentó que el Tratado de Extradición sólo era un instrumento para obtener jurisdicción sobre un ciudadano extranjero, pero no prohibía expresamente su secuestro. La Corte decidió así que Verdugo y Álvarez Machain podían ser enjuiciados en Estados Unidos.
En consecuencia, la Corte de Estados Unidos legalizó el secuestro. México, entonces, podría interpretar de la misma manera el Tratado de Extradición y, en lugar de pedir en extradición, podría secuestrar a los funcionarios estadunidenses responsables de la “Operación Rápido y Furioso”, dijo Verdugo, en alusión a quienes planearon el envío ilegal de casi 2 mil armas a México que quedaron en manos de los cárteles de la droga.
Desde que inició el proceso en su contra, el gobierno estadunidense se ha valido de testimonios falsos, como el del narcotraficante estadunidense Eugene Hollestelie, quien aseguró haber escuchado a Verdugo referirse a una persona golpeada que lloraba y rogaba en la casa donde supuestamente estuvo Camarena.
Verdugo, en efecto, había ido en febrero de 1985 a Guadalajara para reunirse con Caro Quintero y darle explicaciones sobre el decomiso de un cargamento de mariguana en Arizona. El testimonio se cayó porque Hollestelie no habla español, además de que en un interrogatorio de la defensa del acusado aquél reconoció ante la Corte que mentía.
Luego, otro narcotraficante estadunidense, David Walters, dijo haber escuchado a Verdugo presentarse como el número dos de Caro Quintero.
Para el gobierno de Estados Unidos, esa circunstancia lo hacía conocedor de los planes para secuestrar a Camarena por los golpes que éste estaba propiciando en contra del Cártel de Guadalajara, entre ellos la incautación de una plantación gigantesca de mariguana en el rancho “El Búfalo”, en Chihuahua. Ese testimonio tampoco se sostuvo ante la justicia.
Después, el gobierno estadunidense presentó a un perito en cabellos y fibras del FBI, Michael Malone, quien aseguró haber encontrado cabellos de Verdugo en la casa donde fue torturado Camarena. Su “hallazgo” lo había hecho después de que la casa había sido renovada. Posteriormente, Malone fue despedido del FBI por haber declarado en falso ante la justicia por este y otros casos.
“En este caso, no se trata de la defensa de narcotraficantes, sino de la legalidad”, manifestó Verdugo. Su abogado en San Diego, Raúl Flores, subrayó que su liberación está en manos de los presidentes de ambos países. “Peña Nieto tendría que insistir en la repatriación, aunque para Estados Unidos es un caso en el que quiere aparecer, ante su opinión pública, que ha triunfado”, concluyó.
