A punto de dejar el poder, el presidente chileno Sebastián Piñera impulsa en el Congreso una serie de iniciativas de reformas constitucionales, la mayoría de las cuales apunta a la privatización de tierras y recursos de la nación chilena en favor de grandes grupos económicos. Además, promueve una reforma al sistema electoral binominal. Se trata de una medida emergente para evitar que una eventual asamblea constituyente transforme el modelo institucional heredado por la dictadura de Pinochet.
VALPARAÍSO, CHILE.- El presidente derechista Sebastián Piñera llega a la recta final de su mandato impulsando proyectos legislativos, la mayoría de los cuales apuntan a favorecer a los principales grupos económicos del país y suponen la privatización de territorio y recursos.
Pero hay también iniciativas que aparentemente buscan modificar la institucionalidad política heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Entre las primeras destacan la ley de pesca –promulgada el pasado enero–, y las de concesiones eléctricas, fomento forestal y la “Ley Monsanto”, las cuales se debaten ahora en el Congreso Nacional.
Éstas tienen en común, además de favorecer la concentración de la riqueza a partir de la privatización de bienes comunes, el hecho de que en su tramitación han incidido intereses personales de los parlamentarios que las apoyaron.
En el caso de la Ley de Pesca, que supuso la entrega en propiedad casi de la totalidad del patrimonio pesquero de Chile a siete poderosas familias, la empresa Corpesca –del Grupo Angelini– pagó, antes de la tramitación de este proyecto, el equivalente a 50 mil dólares a Marta Isasi, diputada independiente por Iquique.
El escándalo estalló gracias a que Georgio Carrillo, exasesor de Isasi, la denunció ante la Fiscalía de Valparaíso dando a conocer correos electrónicos que avalan sus dichos. El Ministerio Público de la Región de Tarapacá (cuya capital es Iquique) inició el pasado 15 de mayo una investigación de este caso, “atendida la gravedad de los hechos y el que, eventualmente, estaría involucrada una diputada de esta jurisdicción”.
Por otra parte, en el plano de los cambios a la institucionalidad política, la iniciativa que más llama la atención es el proyecto de ley que modifica el sistema electoral binominal, considerado el principal enclave autoritario de la Constitución pinochetista (1980).
El cerrojo de Pinochet
El pasado 15 de julio Cristián Larroulet, ministro secretario general de la Presidencia, envío al Senado para su rápida discusión el proyecto de ley que reforma el sistema binominal.
Cinco días antes, al anunciar mediante cadena de televisión este proyecto, Piñera expresó que “el sistema binominal ya cumplió su ciclo y requiere perfeccionamientos que den mayor protagonismo a los ciudadanos y que fomenten los acuerdos y la gobernabilidad en el país”.
Esta iniciativa del gobierno apunta a reducir la cantidad de distritos electorales manteniendo la cifra de senadores (38) y diputados (120). En el caso de las diputaciones se propone reducir los 60 distritos binominales (en los cuales se elige a dos diputados) a 30 en donde se elegirán dos, cuatro o seis legisladores, dependiendo de la cantidad de habitantes. Por su parte las 19 circunscripciones senatoriales binominales se reducen a 14, donde se elegirían dos o cuatro representantes.
De aprobarse, el cambio en el sistema electoral no regiría en las parlamentarias del próximo 17 de noviembre, sino en las de 2017.
Llamó la atención que la iniciativa de Piñera fue anunciada sólo dos días después de que senadores de la oficialista Renovación Nacional (RN) y de la opositora Nueva Mayoría (Concertación por la Democracia más Partido Comunista) anunciaran un acuerdo –calificado de histórico por sus patrocinadores– que también apunta a reformar el sistema binominal.
Suscribieron este acuerdo el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Patricio Walker y Soledad Alvear, de la Democracia Cristiana (DC); Eugenio Tuma, del Partido por la Democracia y el presidente de RN, el senador Carlos Larraín.
Al presentar el acuerdo, Walker expresó: “Este proyecto va a permitir mayor representatividad, mayor competencia y especialmente que las fuerzas políticas minoritarias tengan representación en el Parlamento”.
Sin embargo, en entrevista con el diario La Tercera publicada el pasado 13 de junio, confesó cuál es la motivación subyacente: “Si no cambiamos el binominal, el apoyo ciudadano a la asamblea constituyente será inevitable”.
En entrevista con Proceso, Manuel Antonio Garretón, sociólogo y politólogo de la Universidad de Chile, afirmó que la propuesta de Piñera “es una respuesta improvisada” al proyecto RN-Nueva Mayoría.
Señaló que ambas propuestas lo que intentan “es sofocar el debate hoy mayoritario en la sociedad y que tiene que ver con la necesidad de tener una nueva constitución”.
Agregó: “Incluso la mejor reforma al sistema electoral binominal será insuficiente, porque no resolverá el problema fundamental de hoy en Chile: que tenemos una sociedad atada a su pasado dictatorial, por el modelo socioeconómico y por una Constitución antidemocrática”.
El sociólogo –quien en 2007 recibió el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales– constata que en Chile hay “un enorme distanciamiento entre la ciudadanía y la política” y que esta escisión se evidenciaría “en que en la última elección (municipal de octubre de 2013) votó sólo 45% de la población; en que los partidos están enteramente desprestigiados y en que la gente siente hoy día que la posibilidad de hacer oír sus demandas es fundamentalmente a través de movilizaciones en la calle”.
Manifiesta que “el sistema binominal creado por Pinochet produce un empate entre las fuerzas que apoyaron la dictadura y su obra económica; y las fuerzas que lucharon por la democracia, lo que impide hacer reformas de fondo”.
El sistema binominal, único en el mundo y que se aplica desde 1989, ha determinado que los partidos de derecha –RN y la Unión Demócrata Independiente (UDI)–, con poco más de un tercio de los votos hayan tenido constantemente cerca de la mitad de los escaños, porque si la lista para un distrito determinado tiene 65% de los votos y la que la secunda, 33%, ambas eligen un parlamentario. La lista vencedora sólo obtiene los dos escaños en disputa en cada distrito si gana más del doble de votos que la segunda.
La derecha, con su gran poderío económico y control de los medios casi siempre alcanza el tercio de votos de cada distrito; eso le alcanza para obtener uno de los dos escaños en disputa.
A esto hay que agregar el elevado quórum necesario para modificar la Constitución de 1980 y las leyes orgánicas constitucionales, lo que hace que la derecha y –por su conducto– los poderes fácticos (militares, empresarios, Iglesia católica), tengan capacidad de veto respecto de iniciativas transformadoras del modelo vigente.
Garretón afirma que “si la reforma al binominal se hubiera planteado al comienzo de la transición política a la democracia, a principios de los noventa, entonces probablemente hubiera bastado para resolver el problema de ilegitimidad del sistema político chileno (…) pero ahora que tenemos un sistema político ilegitimado a los ojos de la ciudadanía, eso no se va a resolver con una pura reforma del sistema electoral, sino con un proceso que involucre a la ciudadanía a través de mecanismos institucionales que permitan la generación de una nueva Constitución”.
Al sociólogo le llama la atención que “a estas alturas del siglo XXI y considerando las transformaciones sociales y culturales que han existido en Chile y el mundo –los empoderamientos ciudadanos, la crisis de la política–, (las élites) no adviertan que esto va a estallar y que el problema no puede resolverse por la vía de un puro acuerdo cupular, porque el momento para eso ya pasó”.
La “Ley Hidroaysén”
El pasado 3 de julio el Senado chileno culminó la tramitación del proyecto sobre concesiones eléctricas –conocido como “Ley Hidroaysén”– y lo turnó a la Cámara de Diputados. Votaron favorablemente la iniciativa, los parlamentarios de la UDI, RN y la DC, además de los socialistas Isabel Allende y Camilo Escalona.
Hidroaysén es un megaproyecto energético que considera la construcción de cinco centrales hidroeléctricas en la región de Aysén, en la Patagonia. Con una potencia de 2 mil 750 megavatios y una inversión estimada de 3 mil 200 millones de dólares, sería el proyecto de generación eléctrica más grande del país.
La propiedad de Hidroaysén es compartida entre Endesa –propiedad de la estatal italiana Enel– y Colbún (del grupo chileno Matte). De concretarse el proyecto, estas empresas concentrarán 80% de la generación eléctrica de Chile.
El anuncio de la aprobación de este proyecto generó en el primer semestre de 2011 un ciclo de masivas protestas juveniles.
La puesta en marcha de este proyecto requiere la construcción de una línea de transmisión que transporte la energía hasta la capital chilena, lo que además viabilizaría la ya planeada construcción de otras muchas centrales hidroeléctricas en las regiones de Los Lagos y Los Ríos, también en el sur del país.
La dificultad que tienen Endesa y Enel es que las torres de alta tensión pasarían –de construirse finalmente el proyecto– por una decena de parques nacionales y por más de un centenar de comunidades mapuches, huilliches y pehuenches, además de miles de pequeñas propiedades agrícolas y turísticas, lo que anticipa una fuerte oposición.
Entre los aspectos que el Consejo de Defensa de la Patagonia –principal organización opositora a Hidroaysén– encuentra más cuestionables de la ley es que las concesiones se darán a perpetuidad; se vulnerará el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, al prever las consultas a las comunidades indígenas sólo después que se haya asignado la concesión; que se ponga en riesgo el patrimonio natural de los parques nacionales; y que se permita a las concesionarias recurrir a la fuerza pública para ocupar los terrenos donde se construirán las torres, aunque hayan reclamaciones pendientes.
Gracias a la presión ciudadana, el pasado 11 de julio la Cámara de Diputados rechazó los aspectos más conflictivos de este proyecto; ahora deberá discutirla una comisión mixta de cinco diputados y cinco senadores.
Semillas privatizadas
El Senado comenzó en junio pasado la tramitación de la Ley que Regula Derechos sobre Obtenciones Vegetales, también conocida como “Ley Monsanto”. Este proyecto establece el marco regulatorio para la aplicación del Convenio UPOV 91, aprobado por el Congreso en 2011, y que fomenta la obtención de patentes de las semillas por parte de trasnacionales de la agroindustria como Monsanto, Syngenta y Bayer.
La Ley Monsanto contiene artículos que prohíben el intercambio y la conservación de semillas y permiten a los detentadores de las patentes perseguir a los infractores por “piratería”, como ya se hace en Estados Unidos y Canadá.
La Unión Internacional para la protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) es una organización intergubernamental de las empresas que desarrollan vegetales “mejorados” creada en 1961.
El proyecto UPOV 91 fue presentado al Congreso Nacional el 13 de enero de 2009 por la presidenta Michelle Bachelet. Aunque fue aprobado en 2011, el Tribunal Constitucional –luego de un requerimiento de 17 senadores– solicitó al Congreso que resolviera temas que había dejado pendientes, como la protección de las semillas nativas indígenas y los relativos al resguardo del patrimonio genético de Chile y su biodiversidad.
Una de las principales impulsoras de esta polémica iniciativa es la exministra vocera del gobierno de Piñera y actual senadora Ena von Baer (UDI), propietaria de 15% de Semillas von Baer, socia en Chile de Monsanto.
Decenas de organizaciones campesinas y ecologistas están dando una dura pelea para evitar lo que ellos califican de “privatización de las semillas”.
En entrevista con Proceso el coordinador de la campaña Yo no Quiero Transgénicos, en Valparaíso, Dann Espinoza, denunció que debido a la permisividad con la que actúa el Estado en materia de fiscalización, Chile se ha convertido “en un semillero puro y duro de transgénicos, puesto que ya ocupa el quinto lugar entre los países productores de semillas transgénicas del mundo con cerca de 35 mil hectáreas plantadas”.
Espinoza recalca que en Chile “no tenemos idea de dónde realmente están dichos cultivos de semillas transgénicas, puesto que las empresas se han negado a informar, silencio que ha contado con la complicidad del Estado”.
Además denuncia que la contaminación generada por el cultivo de semillas transgénicas ha tenido como consecuencia que en meses recientes un cargamento de apicultores y otro de pequeños productores de trigo hayan sido rechazados en Alemania y Francia, al determinarse que contenían trazas de transgénicos Monsanto.
Espinoza señala que de aprobarse la Ley Monsanto las empresas de biotecnología “podrán patentar cualquier semilla considerada nueva, homogénea y estable, entendiéndose por ‘nueva’ cualquiera que no haya sido patentada antes”.
