Las sombras de antaño persiguen al general César Milani, designado por la presidenta Cristina Fernández como jefe del ejército argentino. Los consorcios mediáticos La Nación y Clarín han difundido testimonios que vinculan a este militar con la muerte y desaparición de dos personas durante la represión desatada por la última dictadura militar en esta nación sudamericana. El escándalo ha implicado un elevado costo para la mandataria: erosiona su imagen de defensora de los derechos humanos que tanto se ha afanado en construir.
BUENOS AIRES.- La designación del general César Milani al frente del ejército argentino representa un dolor de cabeza para Cristina Fernández de Kirchner, pues al parecer este militar participó en la represión durante la última dictadura (1976-1983). Además, la Fiscalía Federal inició una investigación penal en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito.
La presidenta ratificó en el cargo a Milani, pero al mismo tiempo pidió a la justicia que lo investigue. El trámite de su ascenso de general de división a teniente general fue postergado hasta después de las elecciones legislativas del 27 de octubre próximo.
A Milani, actual jefe de Estado Mayor del Ejército, se le acusa de ocultar información sobre la suerte de un soldado conscripto que habría sido su asistente y desapareció en 1976. También de haber participado en detenciones y allanamientos en el marco de la “lucha antisubversiva” en 1977.
Para la presidenta Fernández el costo político de este escándalo podría ser elevado, independientemente de cómo concluya el asunto. Una solicitud de renuncia evidenciaría que su nombramiento fue un error. Por otro lado, mantenerlo al frente de la jefatura del ejército y del área de inteligencia, cargo que detenta desde 2007, conlleva un alto grado de exposición frente a las futuras investigaciones de la justicia y de la prensa.
César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani nació en 1954 en Cosquín, provincia de Córdoba. Egresó del Colegio Militar en diciembre de 1975 como subteniente de ingenieros. En marzo de 1976, una junta militar encabezada por el general Jorge Rafael Videla derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón. Para entonces Milani, de 21 años, cumplía su primera encomienda en el Regimiento de Ingenieros de Construcción 141 en la provincia de La Rioja.
Los espinosos montes de Tucumán fueron el escenario escogido por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) para desarrollar en 1974 un foco revolucionario. A fin de aplastar la guerrilla, el gobierno constitucional lanzó en 1975 el Operativo Independencia. Durante ese año el ejército y la fuerza aérea mantuvieron numerosos enfrentamientos con el ERP en áreas rurales. En ciudades y pueblos el ejército se valió de secuestros, torturas y desapariciones para doblegar el eventual apoyo de la población hacia los guerrilleros. A finales de 1975, la campaña del ERP en los montes tucumanos estaba prácticamente derrotada.
Operación limpieza
Tras el golpe de Estado de marzo de 1976, las fuerzas armadas extendieron su ocupación masiva de la provincia con el fin de eliminar opositores políticos y ejercer el control social mediante el terror. Los jóvenes oficiales y los conscriptos eran adoctrinados para participar de esta declamada guerra del occidente cristiano contra el comunismo.
El subteniente Milani fue enviado en comisión a la ciudad tucumana de Monteros. De sus 40 días de estancia en Tucumán, señaló, “nuestra tarea era reparar caminos, sacar la caña de azúcar, pintar escuelas y nunca jamás tuvimos que ver con Inteligencia ni con la parte operativa.”
En ese tiempo Alberto Ledo también tenía 21 años. Estudiaba historia en la Universidad de La Rioja y militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, brazo político del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). En febrero de 1976 fue incorporado al servicio militar y destinado al Regimiento de Ingenieros de Construcción 141 de La Rioja, donde estaba el subteniente Milani. Al igual que este último, también Ledo fue enviado en comisión a Tucumán en mayo de 1976.
Según el entonces conscripto Álvaro Illanes, Ledo fungía como asistente de Milani. Sin embargo, el 18 de junio de ese año se anunció su deserción.
De acuerdo con el acta levantada días después, Ledo se fugó del regimiento el 17 de junio y ya no estaba durante el pase de lista del día siguiente. En el sumario se le reclamaban al conscripto 26 mil 544 pesos de esa época por el robo de la indumentaria militar y de algunos utensilios. Acerca del fusil asignado, no se hizo ninguna mención. Tampoco acudieron a buscarlo a su domicilio.
Al no tener noticias de su hijo, Marcela Brizuela de Ledo se presentó en el regimiento el 4 de julio de 1976. Le dijeron que su hijo “había desertado”. No obstante, algunos soldados le confiaron en secreto que la noche del 17 de junio el capitán Esteban Sanguinetti se lo llevó a algún lugar del que no volvió. En la actualidad, Marcela tiene 82 años y preside desde hace décadas la filial provincial de las Madres de Plaza de Mayo.
En su libro El escuadrón perdido, (Planeta, 1998), el capitán José Luis D’Andrea Mohr, ya fallecido, consigna los secuestros y asesinatos de 129 soldados durante la dictadura. En muchos de esos casos se encubrió oficialmente el delito con el argumento de las deserciones. En su texto, D’Andrea Mohr señala que el 17 de junio de 1976, el capitán Esteban Sanguinetti sacó a Ledo en tres ocasiones para “hacer un recorrido por la zona”. De la última, Sanguinetti regresó solo. D’Andrea Mohr es uno de los pocos militares que al comienzo de la dictadura pidió su baja del ejército por no estar de acuerdo con los métodos de la represión ejercida. También fue uno de los más comprometidos con la posterior democratización de la fuerza.
Al enfrentar los testimonios periodísticos que diseccionan lo ocurrido, Milani negó en un primer momento haber visto o conocido a Alberto Ledo. Sostuvo que en el regimiento en Tucumán se informó de su deserción, pero “es obvio que no fue así”. Solo cuando apareció su firma como oficial actuante en el falso sumario contra Ledo, Milani reconoció el hecho. “Éramos cuatro subtenientes y nos tocaban los expedientes por azar para la firma”, dijo.
De hecho el acta está firmada por el subteniente Milani, el sargento ayudante encargado de la compañía de Construcción, Roberto Lotero, y el jefe de la compañía de Ingenieros de Construcción, capitán Esteban Sanguinetti. Desde hace años ese documento obra en el juzgado federal de Tucumán, donde hay una causa abierta por la desaparición de Ledo. A finales de 2012 el juez Raúl Bejas y el fiscal Pablo Camuña desestimaron la existencia de elementos que vinculen a Milani con ese caso.
Pese a que en tres ocasiones se ha solicitado la comparecencia del capitán retirado Esteban Sanguinetti, jamás se le ha citado para declarar. El caso de Alberto Ledo “llamativamente no aparece en el listado de conscriptos desaparecidos” elaborado por el Ministerio de Defensa en 2009, destaca el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
A la desaparición de Ledo se sumaron, una semana más tarde, las de sus amigos íntimos César Antonio Minué y Roberto Moreno Díaz, quienes hasta hoy permanecen como desaparecidos.
Caso Olivera
El 14 de marzo de 1977 fue detenido Ramón Alfredo Olivera. Tenía 22 años. Trabajaba en una dependencia de la municipalidad de La Rioja. Lo condujeron a la cárcel de la capital provincial donde lo torturaron e interrogaron durante varios días. Olivera identificó a Milani como el oficial que lo trasladó en un vehículo de la policía provincial desde la cárcel hasta el juzgado federal. En un primer testimonio ante la Comisión Provincial de Derechos Humanos de La Rioja, del 21 de agosto de 1984, aseguró que el entonces subteniente Milani lo amenazó y hostilizó durante el trayecto y también en el transcurso de su declaración en la sede judicial. Lo acusaba de pertenecer al ERP. “No recuerdo otras acusaciones, pero sí el gran odio con que hablaba”, sostuvo entonces y repite hasta ahora.
Luego de los interrogatorios y torturas en la cárcel, relata, lo obligaron a firmar una confesión sin dejársela leer. Esa misma declaración fue leída por el secretario del juzgado al que se lo llevaba para tramitar su estatus como detenido formal. Olivera intentó explicar las circunstancias: “Todo lo que hice fue mostrarle, levantándome la botamanga del pantalón, las huellas del intenso castigo recibido y le digo que escriba que fui torturado, contestándome que no lo va a hacer porque cuando vuelva a la cárcel sería peor”, planteó Olivera en su testimonio de 1984. Por esta incriminación firmada bajo tortura, Olivera pasó cuatro años y medio en la cárcel.
El pasado 14 de julio, una investigación de Canal Trece, del Grupo Clarín, presentó los casos de Alberto Ledo y Ramón Olivera. Se cuestionó, asimismo, el presunto enriquecimiento del jefe del ejército. En 2010 Milani adquirió la casa donde vive en el exclusivo barrio de La Horqueta, al norte de Buenos Aires. El inmueble estaba valuado, según la mencionada investigación, en 2 millones de pesos (unos 450 mil dólares). Milani, quien desde 2007 dirige el área de Inteligencia del Ejército, ganaba entonces 14 mil pesos (unos 3 mil dólares). El 29 de julio, la Fiscalía Federal abrió una investigación penal por supuesto enriquecimiento ilícito contra el jefe del ejército.
Los medios del Grupo Clarín y del Grupo La Nación difundieron con estridencia las denuncias contra el militar. Se le acusó, además, de haber sido miembro, durante la dictadura, del Batallón de Inteligencia 601, el organismo de espionaje utilizado por el ejército para ejecutar el plan sistemático de desaparición de personas. Según los señalamientos, Milani había participado en un alzamiento militar en 1987 contra el entonces presidente Raúl Alfonsín (1983-1989). También se le imputó ser el cerebro detrás del Proyecto X, un programa de espionaje contra movimientos sociales y sindicales puesto en práctica por la Gendarmería Nacional.
Estas últimas acusaciones tuvieron menor repercusión. Milani ingresó en el Batallón 601 el 1 de diciembre de 1983, nueve días antes del retorno de la democracia. Su nombre no figura en el listado oficial elaborado por la Corte Suprema de Justicia en torno al alzamiento militar. “Es difícil pensar que el general Milani no estaba al tanto del Proyecto X”, ha dicho el senador Ricardo Gil Lavedra, de la opositora Unión Cívica Radical, quien suele ser bastante más contundente a la hora de hacer denuncias contra el gobierno.
Incriminaciones
La designación del general Milani al frente del ejército, el pasado 3 de julio de 2013 dividió a los organismos de derechos humanos. El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presidente del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), exigió al gobierno que reviera la decisión. La dirigente Nora Cortiñas, referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora solicitó una investigación “urgente” en torno a la actuación del nuevo jefe del ejército durante la dictadura.
El nombramiento de nuevos jefes en las tres fuerzas armadas apresuró el pase a retiro de unos 40 militares con un grado superior al de quienes fueron designados. Como se acostumbra, la Comisión de Acuerdos del Senado revisó los pliegos de los nuevos jefes para ascenderlos a un grado militar acorde al nuevo puesto. Milani aspiraba a alcanzar el grado máximo de teniente general.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) desempeña un papel importante en la designación de militares al frente de las fuerzas armadas. El organismo, de gran prestigio, se encarga de recabar información sobre los postulantes a ascensos, “impugnando a aquellos sobre los cuales posee información fehaciente de su participación en delitos de lesa humanidad y atentados contra el orden democrático”, según define el propio organismo.
Aunque el CELS no tiene poder de veto sobre los nombramientos, no hay antecedentes de pliegos militares aprobados sin su visto bueno. Su presidente, el periodista Horacio Verbitsky, tiene comunicación directa con la presidenta Fernández.
Cuando arreciaron las denuncias contra Milani, el CELS repitió que no obraban en su poder documentos para incriminar al militar en los delitos denunciados. Sin embargo, el 22 de julio último este organismo difundió un comunicado en el que incorporaba el informe de la Comisión Provincial de Derechos Humanos de La Rioja, elaborado en 1984, en el cual se menciona a Milani en los casos de Alberto Ledo y Ramón Olivera. Finalmente, el CELS solicitó que el ascenso de Milani fuera rechazado.
El comunicado cayó como un balde de agua fría sobre los senadores kirchneristas a cargo de la Comisión de Acuerdos del Senado. Se llamó a un receso hasta el día siguiente. Esa misma tarde, la agencia oficial DyN anunció que, por instrucción de la presidenta, se dispuso “dejar sin efecto el tratamiento de los pliegos de jefes militares hasta el momento de tratar la totalidad de los ascensos de las fuerzas armadas”. De esta manera se pospuso la discusión de los ascensos hasta noviembre, pasadas las elecciones legislativas del 27 de octubre.
En referencia a la suspensión del pliego de ascenso de Milani, la presidenta sostuvo que no aceptaría “ningún linchamiento mediático de ningún interés empresarial, que no le interesa ni las víctimas ni las instituciones de las fuerzas armadas ni los derechos humanos, sino hacer daño a un gobierno que consideran contrario a los intereses que durante años ellos manejaron en política como si fueran títeres a muchísimos políticos y gobiernos argentinos”.
Se refería sobre todo a los grupos Clarín y La Nación. El gobierno acusa a sus dueños de complicidad con la dictadura y de haber cometido delitos de lesa humanidad para apropiarse, en 1977, de la única fábrica de papel periódico existente en el país en ese entonces: Papel Prensa.
El propio Milani externó su opinión sobre el motivo de las denuncias: “Les molesta que yo quiera insertar el ejército y las fuerzas armadas en un proyecto nacional”, dijo a Miradas al Sur el pasado 21 de julio.
También la Agencia Paco Urondo, que lleva el nombre de un poeta desaparecido durante la dictadura, habló el 16 de julio último de una reacción “ante la perspectiva de unas fuerzas armadas nacionales y comprometidas con la integración sudamericana y la defensa de la soberanía popular y los recursos naturales”.
Por su parte, el político tucumano Ricardo Bussi planteó: “Milani era para mi padre uno de sus subordinados más comprometidos”, escribió en una carta al periódico local La Gaceta. Ricardo Bussi es hijo del fallecido general Antonio Domingo Bussi. Este militar, considerado como uno de los represores más sangrientos de la dictadura, estaba al mando del Operativo Independencia durante los dos periodos de 40 días en los que Milani estuvo en Tucumán. “Lamento entonces –prosigue la misiva de Ricardo Bussi– que un soldado que supo defender al país con honor, ahora se vea envuelto en escándalos por enriquecimiento ilícito y a la vez pretenda conducir a las FFAA (o lo que queda de ellas) en el marco de la chavización de las mismas.”
“Jamás vi a Bussi en Tucumán, lo vi dos veces en una formación, de lejos, en Córdoba”, dijo Milani en el artículo citado. “Maltrataba a los coroneles, así que imagínese si le iba a dar bolilla (prestar atención) a un subteniente de 21 años”, dijo el jefe del ejército.
