Cuando el crimen organizado se apoderó de Saucillo, Chihuahua, los hermanos Ponce alzaron la voz para quejarse e interponer denuncias ante unas autoridades que al final nada hicieron. Eso selló su destino. A partir de entonces fueron sometidos a una serie de agresiones, amenazas… y asesinatos. Tuvieron que abandonar sus propiedades y escapar de su tierra para conservar la vida. Ésta es una de las miles de familias mexicanas a las que el Estado les ha fallado en la materia más elemental: la seguridad.
SAUCILLO, CHIH.- Prósperos ganaderos, abarroteros, empresarios… los nueve hijos e hijas de Jacob Ponce Armendáriz supieron trabajar el legado de su padre e hicieron crecer negocios, familias y propiedades al tiempo que daban empleo a los habitantes de esta localidad y de la vecina Delicias.
Pero hace cuatro meses casi todos los miembros de este clan tuvieron que huir del estado a toda prisa, prácticamente con lo que traían puesto. Abandonaron casas, negocios, ranchos, empleados; dejaron a sus hijos sin escuela.
Una guerra sin cuartel se había desatado contra ellos. En los últimos tres años fueron víctimas de secuestros y homicidios (mataron a uno de los hermanos y a dos de los miembros más jóvenes de la familia). Sus propiedades –ahora lejos de su vigilancia– han sido saqueadas e incendiadas. Los ataques alcanzaron incluso a algunos de sus empleados, quienes han sido asesinados.
A los Ponce Ríos los persigue la delincuencia organizada que se asentó en esa región del centro de Chihuahua hace más de 20 años, pero que cobró fuerza el sexenio pasado.
Su decisión de denunciar, de acudir a todas las instancias estatales y federales, su empeño de buscar justicia luego de los primeros ataques en su contra se ha topado con la sordera –si no es que complicidad con las mafias– de las autoridades, las cuales incluso han pretendido hacer ver a los Ponce Ríos como delincuentes implicados en el trasiego de drogas.
La alternativa que les presentó el gobierno de Chihuahua –por conducto de la Fiscalía General (FG)– fue ofrecerles el traslado a otro estado amparados en nuevas identidades. No aceptaron “por desconfianza”.
Por su cuenta, en distintas fechas entre marzo y abril de este año, 48 integrantes de la familia Ponce Ríos abandonaron todo y se reunieron fuera de Chihuahua. En su improvisado refugio hablaron con Proceso de sus vidas trastocadas, su incertidumbre, su dolor y su coraje.
Sentados alrededor de una mesa en una de las viviendas donde literalmente se amontonan, están los hermanos Ponce Ríos: Víctor Manuel, Saúl, Armando, Jaime, Dora Elba y Jacobo junto con su madre, María de Jesús Ríos viuda de Ponce. Faltan Magdalena y Jorge Luis. Sigifredo, séptimo de los nueve hermanos, fue asesinado el pasado 11 de marzo último.
“Emocionalmente está uno como en arresto domiciliario; dañado, encerrado y sin poder hacer nada”, describe uno de los hijos de Dora Elba, quien salió de Chihuahua con su esposa e hijos tras malbaratar su empresa de poliuretano.
Duermen sobre colchones y colchonetas amontonados en el piso. Hay herramientas y algunos aparatos eléctricos que alcanzaron a sacar de sus negocios. Consiguieron dos casas en un fraccionamiento con vigilancia, aunque eso no amaina el desasosiego. Uno de ellos pudo instalar un pequeño supermercado, en el cual tratan de ocuparse todos, “porque si nos quedamos quietos o se acaba el trabajo, nada más estamos piense y piense”.
Tienen las huellas del trabajo rudo en las manos. Todos nacieron en Estación Conchos, comunidad de Saucillo donde su abuelo vendía carne en un carretón y luego su padre abrió la primera carnicería local.
Luego se hicieron productores de carne, abarroteros y hasta exportadores. Dora Elba optó por las boutiques. Ya tenía varias.
Pero en los ochenta llegó a Saucillo la familia Gandarilla García y con ellos comenzaron a tener lugar algunas actividades clandestinas: carreras de caballos, juego y distribución de drogas. El panorama local cambió.
Dos de los hermanos Ponce quisieron incursionar en política y contendieron por algunos cargos públicos. Jacobo, por ejemplo, fue candidato del PAN a la presidencia municipal en 2004.
“Nunca nos han gustado las injusticias; siempre hemos puesto el dedo en la llaga y eso no les ha gustado a muchos”, dice Jacobo. “Al exgobernador Patricio Martínez nos lo echamos encima cuando tomé la caseta de peaje Saucillo-Delicias en protesta por el cobro”.
“En los municipios de Saucillo y aledaños (Julimes, Meoqui, Rosales y Delicias) se vive un clima de inseguridad, horror, ingobernabilidad y muerte presentes en su máximo nivel… extorsión, secuestro, robos, cobro de cuotas, amenazas, incendio de negocios y asesinatos es con lo que está viviendo la sociedad de estos municipios y vemos que día a día van en incremento”, dice uno de los tantos escritos del grueso expediente con el que los Ponce Ríos han acudido ante la FG, la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Oficina de la Presidencia, entre otras instancias.
“Las autoridades están al servicio de estas personas que tienen el control de Saucillo, los hermanos Abel y Félix Gandarilla García, que llegaron al estado huyendo porque uno de sus hermanos mató a una persona importante… tienen sicarios a su servicio y se dedican al crimen organizado, narcotráfico, abigeato, secuestros; desgraciadamente nadie de sus víctimas se atreve a denunciarlos”, refieren estos escritos en poder de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito (de la FG) y de la Sedena.
A los Gandarilla –de quienes se dice que están al servicio del Cártel de Sinaloa– y sus lugartenientes se les suele ver en las cabalgatas tradicionales que tienen lugar en los municipios de la región, acompañando a presidentes municipales y a diputados locales y federales.
Un secuestro, tres asesinatos
La pesadilla comenzó el 14 de noviembre de 2010 con el secuestro de Víctor Manuel Ponce Reyes (hijo de Víctor Manuel Ponce Ríos), quien estuvo cuatro días en poder de sus plagiarios. La FG envió a una negociadora para apoyar a los padres, pero éstos prefirieron actuar por sus propios medios. “Supimos quiénes fueron”, dice el padre del muchacho.
A Jacobo le mataron dos hijos.
En 2011 Bersaín Gerardo, de 32 años, fue molido a golpes y abandonado afuera de un inmueble en la Avenida 11 y Ejido de Saucillo.
Al respecto, Eduardo Esparza Rodríguez, portavoz de la Fiscalía Zona Centro informa a Proceso que el dueño de la vivienda afuera de la cual encontraron el cadáver, Pedro Guadalupe Ochoa Salinas, aseguró que estuvo ingiriendo bebidas con Gerardo y aceptó que lo mató, aunque no se sabe la causa.
Para despistar, el homicida dejó un mensaje cerca del cuerpo: “Por ser línea y a todos los del Chapo”, pero según la indagatoria se encontraron manchas de sangre en su ropa y en su casa, por lo que fue detenido –un año después del asesinato– y sentenciado a ocho años de prisión. Los Ponce identifican a Pedro Guadalupe como hijo de Toribio Ochoa, quien años antes fue sicario de los Gandarilla.
“Gerardo fue asesinado por los mismos integrantes de la delincuencia y el narcotráfico ya señalados, pero le dieron otra línea a la investigación”, afirma Jacobo.
Otro hijo de Jacobo, Jonathan Ponce Carrasco, de 14 años, murió acribillado en la camioneta en la que viajaba el pasado 8 de febrero junto con su primo Víctor Manuel, quien aparentemente era el blanco del ataque.
Horas antes había sido asesinado en Delicias Abel Gandarilla García –a quien señalan como el jefe del grupo delictivo que asuela la región– aparentemente por un grupo rival.
Los Ponce Ríos asumen que en una acción de represalia, el grupo de Abel persiguió la camioneta en la que viajaban Víctor y Jonathan –y en la cual habían ido a entregar ganado al rastro de Camargo– hasta que los hicieron chocar.
Víctor escapó y corrió hasta ser rescatado por unos soldados. Su primo quedó hecho un ovillo en el vehículo.
Sobre este caso el vocero de la fiscalía indica que según el expediente 95-31/2013 un juez de garantía giró órdenes de aprehensión contra las dos personas identificadas como las agresoras.
Tras el segundo ataque contra su hijo y puesto que recibió amenazas de muerte, Víctor Manuel Ponce Ríos fue el primero en salir de Chihuahua el 16 de febrero. “Recibimos llamadas y a nuestros amigos les llegaban versiones de que querían acabar con todos los Ponce; mi hijo había reconocido a los que iban por él y preferí darle seguridad”.
El 11 de marzo, mientras Jacobo y otros hermanos estaban en la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua para interponer una queja contra la FG, fueron avisados del asesinato de su hermano Sigifredo.
“Sigifredo era el ángel de la familia; altruista y generoso, ayudaba a todo el mundo. Ese día estaba en su negocio, en un local que rentaba en un centro comercial de Delicias, y llegaron varios hombres en un vehículo; dos entraron y le preguntaron: ‘¿Tú eres Sigifredo Ponce Ríos?’. Cuando respondió afirmativamente le dispararon en la cabeza, frente a sus empleadas”, narra Víctor Manuel.
De la investigación del homicidio de Sigifredo Ponce –expediente 9663-461/2013– el vocero de la FG consultado por Proceso no dio información.
Sólo mencionó que el día de este homicidio, en un rancho propiedad de Víctor Manuel Ponce Ríos fueron asesinados otros cuatro hombres y que en ese mismo sitio las autoridades decomisaron mariguana, armas y “parque” de diferentes calibres –incluso del conocido como matapolicías– y uniformes de equipo táctico.
Víctor Ponce Ríos muestra a las reporteras las declaraciones ministeriales y oficios donde denuncia que el armamento, los uniformes y la droga fueron “sembrados”, pues los sicarios ratificaron su amenaza de acabar con toda la familia.
“Por no callarnos, porque no nos dejamos; estábamos viendo lo que pasaba en el pueblo, nos afectaron y no nos agachamos. Por eso”, dicen los hermanos.
A finales de marzo, amigos y vecinos les avisaron de un saqueo en el rancho de Saúl, de donde se llevaron 11 toneladas de maíz en una noche; luego saquearon el domicilio de Víctor Manuel.
Después de esos hechos, el 2 de abril otros cuatro integrantes de la familia Ponce se fueron de Chihuahua. “Nos entró pánico colectivo”, dicen Saúl y Dora Elba; ésta malbarató la mercancía de sus boutiques y las cerró. Después de eso la casa de su madre, inmueble que ya estaba abandonado, también fue saqueada.
“Hemos sufrido las pérdidas irreparables de nuestro hermano, nuestros sobrinos. Ninguno vive con tranquilidad. ¿Cómo podemos darle paz a nuestros hijos? Echamos ropa y lo que pudimos a las trocas y salimos de nuestras casas, nuestro pueblo.”
Jacobo se queja de que todas las autoridades federales a las que han acudido “son muy atentas pero no hay resultados. En Chihuahua están las puertas todas cerradas. En el Distrito Federal están todas abiertas, pero no hay nada. Tenemos meses yendo y viniendo al Distrito Federal”.
Desesperados, los hermanos Ponce Ríos, su madre, sus hijos, sus nietos, quieren volver a la normalidad.
“Sólo quiero regresar a mi casa, a mi negocio; que me den seguridad para volver a trabajar. Todos los días eran trabajo de siete de la mañana a nueve de la noche; ir a comer los domingos a un buen restaurante, a dar la vuelta a Delicias y regresar a dormir para seguir trabajando para nuestros hijos”, señala Víctor Manuel.
Aunque de vez en vez le dan ganas “de hacerse uno igual de fiera que ellos: armarse, ir a matarse con ellos o a que lo maten”.
Persecución sin tregua
Pese a que los Ponce Ríos huyeron de Chihuahua la violencia no cesó. Han matado a varias personas que ellos empleaban en sus tiendas de abarrotes en Saucillo y en el rancho Hermanos Ponce, en Estación Conchos, a cinco minutos de la cabecera municipal. Si los sicarios tienen la menor sospecha de que algunos de esos trabajadores siguen en contacto con los hermanos Ponce, los asesinan, cuentan los habitantes de Saucillo.
Los adolescentes y jóvenes de la comunidad ya no salen; a los niños tuvieron que enseñarles medidas de seguridad: no responder el teléfono, preguntar antes de abrir la puerta, no salir a jugar. “Es que a todos los conocemos, a los buenos y a los malos. No sabemos ni qué. Más vale no hablar de eso. Todo vigilan”, comentan.
Lo cierto, dicen, es que con la familia Ponce también se fue la actividad económica. Ellos tenían tiendas de abarrotes en Saucillo y Conchos, el rancho y otros negocios derivados de la ganadería y el comercio en Delicias. Las familias iban a pedir fiado en las tiendas, recuerda un ama de casa. “Ahí les fiaban y podían pagar cada 15 días. Ahora ya no hay quien fíe. Y luego quedó desempleada mucha gente”.
La opinión del pueblo es que desde que mataron al jefe del Cártel de Sinaloa en la zona, Abel Gandarilla, la situación empeoró y se multiplicaron las “matazones”.
Las huellas de los ataques contra las propiedades de los Ponce Ríos aún son visibles. La tienda de abarrotes y carnicería Del Santuario, en Saucillo, está abandonada. Sus muros están ennegrecidos por el fuego y agujereados por los disparos.
Sus propiedades en Saucillo y Conchos están constantemente vigiladas por sicarios, lo mismo que el rancho que está muy cerca de la cabecera municipal.
“Cuando mataron a Sigifredo no dejaron entrar a nadie al rancho, no dejaban llegar a los trabajadores y ninguno se atrevía a acercarse. Un señor que se atrevió a ir apareció muerto”, aseguran los habitantes de Saucillo, y agregan que los animales –más de 300 cabezas– estuvieron varios días sin comer, porque no dejaban entrar a nadie para alimentarlos.
“Se ensañaron con esa familia.”
