Señor director:
Le ruego publicar esta carta, dirigida al general brigadier D.E.M. Eduardo León Trawitz, gerente de Servicios de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Dada la imposibilidad de lograr una audiencia personal, solicito por esta vía que interceda usted a efecto de que se me restituya en mi lugar de trabajo, del que fui privado por una simple pero desproporcionada represalia, conforme a los hechos circunstanciales relatados mediante la debida queja al Órgano Interno de Control en Petróleos Mexicanos, a través del cual seguramente usted podrá disponer de la información correspondiente.
El hecho es que, por una decisión particular pero ejercida por la vía administrativa y que no sustenta procedimiento legal alguno, se ha dispuesto –ignoro si con su anuencia– que no se me contrate para el segundo semestre del año en curso, tal como con el debido mérito se me había venido contratando ininterrumpidamente desde el 11 de agosto de 2003, cuando iniciaron mis labores como agente operativo en el organismo que usted dirige.
Dicha decisión, amén de ser lesiva para mí en lo personal, lo es en exceso también para con mis dependientes directos: esposa y cuatro hijos, quienes intempestivamente han sido desprovistos del ingreso económico con que la empresa me retribuía, indispensable para solventar los gastos ordinarios y por tratamientos médicos de mi familia.
Luego de su designación como gerente, supimos por comentarios del personal de reciente ingreso que masivamente se ha incorporado a la Gerencia de Servicios de Seguridad Física (GSSF) –y que para su capacitación inicial acude al Departamento de Seguridad Física de Fuerza de Reacción (DSFFR), con sede en esta ciudad y al cual me encontraba adscrito– que dichos elementos habrían participado en la campaña presidencial pasada.
Esa copiosa contratación, sin embargo, no se corresponde con los exámenes de control de confianza correspondientes: Personal debidamente acreditado en los exámenes médicos, psicológicos y psicométricos, al menos para la portación del armamento respectivo, ha sido sustituido por algunos que, en rigor, aún no habían acreditado dicha condición.
Además, resulta lamentable que dicho personal se ha mostrado mucho más interesado en apropiarse de cuanto cargo público pueda ocupar y a como dé lugar, merced a su participación en una campaña política, desplazando de sus puestos de trabajo a quienes con probidad y experiencia operativa los desempeñaban, como si la GSSF fuera una simple agencia de colocaciones.
Ya que, honrosamente, también serví en el Instituto Armado recibiendo la formación de Sargento Primero en el Arma de Infantería, le pido intervenir en mi caso, y que disponga se nos devuelva aquello que por no sustentarse en el derecho se convierta en un bien arrebatado. No está nada bien que los bizarros custodios de la integridad personal del entonces candidato, actual presidente de todos los mexicanos, atenten ahora contra el patrimonio garante de la estabilidad familiar de sus afines. En los campos del honor la gallardía jamás cabalgó junto a la vileza. A no ser que la infamia, en tiempos mecanizados, crea pasar inadvertida por ser institucional.
Es por ello deseable y exigible, en éste y casos así, que con severidad se aplique la normatividad que nos rige a todo acto y a todas las personas que, transgrediendo los principios de integridad, probidad, honradez y profesionalismo en perjuicio de la empresa por excelencia patrimonio de los mexicanos, atentan contra el interés nacional. (Carta resumida.)
Atentamente
Ricardo Mendoza Rodríguez
romeo_vic@live.com
