El artero asesinato de los menores Luis Antonio Ortiz y Andrés Barba fue tan escandaloso que derribó la barrera de silencio de las autoridades estatales: a decir de académicos, un exdiputado y organizaciones civiles como FIND, el dato de que fueron retenidos varios días y torturados indica que un grupo de la delincuencia organizada envió un sangriento mensaje a sus rivales y a la sociedad. Por eso llaman a una reflexión profunda sobre las fuentes de la violencia y a no conformarse con las interpretaciones simplistas del gobierno.
El asesinato de Luis Antonio Ortiz y Andrés Barba, ambos de 15 años, el 21 de junio, es para investigadores académicos y defensores de los derechos humanos una muestra de la violencia que se generaliza en el estado.
De los aproximadamente 2 mil 200 desaparecidos registrados en la entidad, 765 son menores de 17 años y estudiantes, según el Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2012, el último presentado por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) con base en las últimas cifras admitidas por la administración de Felipe Calderón.
Al respecto, el exdiputado del PRD Salvador Cosío Gaona afirma que además de la violencia extrema contra los adolescentes, la desaparición de jóvenes en la entidad llama la atención porque probablemente se deba a organizaciones delictivas que los reclutan o secuestran para engrosar sus filas.
“Sólo cuando hay presión social se desata el revuelo que ahora vemos”, comenta.
Añade que prevalece la sospecha fundada de que en la finca del conjunto habitacional de La Cebada (en el bosque de La Primavera), donde se hallaron los restos de los muchachos, se localizaron otros cadáveres de los que no informó la autoridad.
Según el perredista, mientras la Fiscalía General afirma que el doble asesinato ocurrió el mismo día que se privó de la libertad a los jóvenes, fuentes confiables le informaron que los mantuvieron con vida varios días para torturarlos con objetos metálicos o de madera pesada, como una advertencia para otras personas, posiblemente sus rivales.
“Son como señales que se dan en el bajo mundo del hampa para mandar mensajes y que tiene que ver con provocar daños severos en los cuerpos o los órganos de las víctimas”, explica.
Pero en la rueda de prensa del martes 2 de julio, donde se confirmó el asesinato de Luis Antonio Ortiz y Andrés Barba, el fiscal general Luis Carlos Nájera se limitó a declarar que ignoraba en qué medida aumentaron las denuncias sobre desaparecidos en el estado y que necesitaba echarse un “chapuzón” en los reportes.
A su vez el investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG) Francisco Jiménez Reynoso advierte la proliferación de menores sicarios, que han crecido en el ambiente de violencia que genera el tráfico de drogas y constituyen ya la tercera generación de narcos.
Indica que en la zona metropolitana de Guadalajara operan desde el principio de los ochenta las bandas del crimen organizado, aunque durante mucho tiempo no se reconoció oficialmente su existencia. En este sentido, señala que el crimen de Luis Ortiz y Andrés Barba es apenas “la primera llamada” de los tiempos difíciles que se avecinan para Guadalajara y la zona conurbada.
Según las autoridades estatales, el doble homicidio fue planeado por el hijo del narcotraficante José Ángel Carrasco Coronel, El Changel, preso en la Ciudad de México y presunto sucesor de su pariente, Ignacio Coronel, El Rey del Crystal, abatido hace tres años por el ejército en el fraccionamiento Colinas de San Javier.
“Es un crimen que saca a relucir la forma en que se han desarrollado la segunda y tercera generación de los barones del crimen. Sin duda se trata de una cuestión atípica: ya no nos asombramos cuando se conoce la aparición de un ejecutado, ahora lo que nos sorprende es que hay un brinco generacional.”
Agrega: “Ese tipo de delitos son cometidos por los mayores de edad, pero ahora descubrimos que quienes planearon y perpetraron los dos crímenes son menores, que actúan contra otros menores, y eso es un parteaguas que debe llamar a la sociedad a una profunda reflexión”.
Hijos de la violencia
En opinión del académico Jiménez Reynoso, la versión oficial de que el doble crimen derivó de un acto de bullying hizo resurgir el debate sobre el endurecimiento de las penas a los menores que delinquen, pero la propuesta no toca el fondo del problema y en cambio pone de manifiesto la permisibilidad que la sociedad ha mostrado hacia este tipo de conducta:
“Se trata de niños o menores que asesinan o participan en homicidios, y que yo no me atrevería a llamar narcojuniors, pero sí creo que son ‘alumnos’ de sus propias familias, que aprenden a utilizar la violencia y son capaces de desarrollar actos sangrientos; son niños criados en la escuela de la violencia familiar.”
Añade que ese nuevo escenario es visible, por ejemplo, cuando en la red social Facebook los menores aparecen retratados con un fusil AK-47 en las manos o cuando en los noticieros se informa de que alguno de ellos acaba con una vida a disparos o a golpes.
Para Juan Manuel Estrada, representante de la fundación FIND, dedicada a la búsqueda de niños desaparecidos, relata que “desde que yo empecé a dar a conocer todos los elementos que nos fueron llegando sobre ese caso, había adelantos que nos permitían advertir del tamaño de la tragedia (…) La Fiscalía General del estado descubrió que para el crimen se había utilizado un bate (…) que les provocó contusiones en la cabeza y en otras partes del cuerpo (…). Un crimen artero cometido contra esos menores”.
Desde su punto de vista “no hay calificativo para describir esto y tampoco existe ningún pecado o afrenta que pudieran haber cometido contra nadie para que fueran tratados con tal violencia”.
Y revela que FIND tuvo acceso a información extraoficial en el sentido de que los menores fueron amordazados con cinta canela, los golpearon hasta causarles la muerte, los envolvieron en sacos de ixtle y finalmente los enterraron en la fosa clandestina donde los encontraron las autoridades estatales, a menos de 600 metros de una finca cateada el 29 de junio por la Fiscalía General.
Tanto Estrada como Jiménez Reynoso coinciden en que la crueldad con que fueron asesinados ambos jóvenes debe llevar a la sociedad a reflexionar para dar con las causas profundas de la tragedia y no quedarse con las primeras interpretaciones de la autoridad. “Yo no creo que el bullying haya sido una causal para explicar la muerte de los dos jovencitos”, comenta Estrada.
Y recuerda que los dos menores ya habían asistido a otra cita con las mismas personas en abril pasado: “Sabían a qué se estaban exponiendo y demostraban mucho miedo. En la última cita a la que asisten, por las conversaciones que quedaron registradas con la novia de uno de ellos, se habla del temor que tenían de que algo muy grave les pudiera pasar”.
Por eso, advierte Estrada, “es responsabilidad de la Fiscalía General llevar a cabo una investigación a fondo y decir las cosas como son, sin señalar culpables en forma inexacta ni crear culpables en forma artificial para salir al paso de las críticas”.
Por lo pronto, resume, “hay tres versiones que no concuerdan: la primera dice que era un asesinato ligado al crimen organizado; la segunda que se trataba de un asunto de venganza por bullying contra el hijo de un narco, y la tercera se deriva de las declaraciones de un menor detenido, identificado como Isaac, quien niega diversos hechos y circunstancias anotadas por las autoridades”.
Sospecha fundada
El investigador Jiménez Reynoso apunta que junto a crímenes como el que tiene escandalizada a la sociedad jalisciense, la entidad padece “levantones” en plena vía pública, el aumento de las desapariciones, los secuestros y los asesinatos, que dejan como saldo más de 2 mil 200 personas cuyo paradero se ignora, lo que se traduce en una psicosis social.
“Existe la sospecha fundamentada de que en Jalisco se han establecido bandas criminales especializadas en el tráfico y el robo de menores, o de adultos a los que enrolan en el tráfico de droga y la prostitución, o los privan de su libertad con el fin de extraer sus órganos y venderlos en México o el extranjero.”
Observa que aun la cifra oficialmente reconocida de desaparecidos, que es de 16 mil en todo el país, de ellos al menos 2 mil 230 son jaliscienses. Estos datos indican que algo muy grave está pasando, de lo cual (las autoridades) no quieren informar”.
El entrevistado habla de bandas criminales con amplios mercados en México y en el extranjero: “Hay una demanda marcada por los menores; incluso hay pedidos del tipo de persona que se busca, en una especie de modelo para desarmar que se pide”.
A decir de Jiménez Reynoso, también la desaparición de 12 jóvenes en el bar Heaven de la Ciudad de México el 26 de mayo y las numerosas desapariciones de menores en Torreón, Coahuila, forman parte de la misma historia de violencia desatada contra ese estrato de la población, sin que las autoridades informen sobre ello de manera convincente.
Si bien la aplicación del sistema “Alerta Amber” para advertir sobre el robo o extravío de niños y obtener respuesta en las primeras horas ayudará a enfrentar la crítica situación que viven muchas familias, advierte que falta afinar detalles de su operación en Jalisco.
Carlos Francisco Castañeda de la Rosa, profesor del Centro de Formación Humana del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), dice que la desaparición de personas llama la atención de la sociedad gracias a la denuncia publicada en los medios y comentada por los analistas.
En cambio, cuestiona a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que preside Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, porque parece tener prisa en justificar la actuación del gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval:
“Desde el punto de vista de la atención a las víctimas, yo no veo ningún cambio de este gobierno con relación al anterior (el del panista Emilio González); veo la misma postura e idéntica manera de abordar la problemática. Sólo atendieron la denuncia de los dos jóvenes desaparecidos en la Plaza Ciudadela después de que los familiares y los amigos de las víctimas ejercieran presión a través de las redes sociales y los medios de comunicación. (…) Al ombudsman Felipe de Jesús Álvarez se le olvida que en el apartado de la administración ligado a la seguridad ahora están los mismos funcionarios que en el gobierno pasado.”
Castañeda de la Rosa recuerda que ante otras desapariciones en la zona metropolitana las autoridades estatales han preferido no informar y guardar silencio. Cita el caso de Jorge Alberto Gutiérrez Galindo, de 17 años, que fue privado de su libertad el 29 de abril de 2013 en la plaza San Gerardo, del municipio de Tonalá, sin que a la fecha se sepa nada de su paradero.
La madre del menor, Lilian Galindo, declaró a los medios de comunicación que su hijo desapareció cerca de las 20:30 horas, después de avisarle que iba al baño en el centro comercial.
El profesor indica que las desapariciones en México, y particularmente en Jalisco, representan un problema todavía más grave que el de los setenta y los ochenta, en el marco de la guerra sucia que se padeció en varios países latinoamericanos, según el mencionado reporte del Cepad: “En las dictaduras militares, la cifra de desaparecidos en ningún caso pasó de los 20 mil; el dato contrasta con los registros obtenidos en el sexenio de Calderón”.
A finales del sexenio pasado, empleados de la Procuraduría General de la República entregaron a Tracy Wilkinson, periodista del diario Los Ángeles Times, una base de datos de 20 mil 851 personas desaparecidas. En ese registro Jalisco era la tercera entidad en personas ausentes, con el 11%, es decir, sólo por debajo del Distrito Federal (34%) y el Estado de México (12%). De 2 mil 175 desaparecidos en territorio jalisciense, al menos 49% se esfumaron en la zona metropolitana de Guadalajara.
A pesar de todo, al día siguiente de la desaparición de Luis Antonio Ortiz y Andrés Barba, el secretario general de Gobierno, Arturo Zamora Jiménez, intentó desacreditar ante los medios de comunicación la versión de que en Jalisco existen organizaciones dedicadas al tráfico de personas. Se abstuvo de comentar las cifras recopiladas por organismos civiles y los datos filtrados por personal de la PGR a Los Ángeles Times.
