Cuando las presiones en contra de los más de 3 mil trabajadores eventuales del Seguro Popular (SP) habían llegado al punto álgido: o firman el contrato con la empresa outsourcing Mafemar o se van. Y cuando las sospechas empezaban a fortalecerse y el fétido olor a corrupción penetraba en la opinión pública, el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz reculó. Las autoridades les dijeron que la firma mediante la intermediaria no era obligatoria y que –como en muchas compañías se estila, al más agresivo e inhumano sistema neoliberal– tampoco tenía como fin perjudicar a los empleados para evitar derechos como antigüedad, entre otros. El titular de Salud, Jaime Agustín González, apenas les había dado un revés el martes 9 y aseguraba que ya había firmado 70% de los empleados, cuando el titular de Planeación, Administración y Finanzas, Ricardo Villanueva, declaró que no era obligatoria la afiliación de los trabajadores del SP a Mafemar. No obstante, la amenaza para futuros burócratas persiste, pues el propio Villanueva dijo que la outsourcing no se contrató exclusivamente para los eventuales de Salud, sino para contar, en el futuro, con otra opción para empleados por contrato y generar ahorros. Lo cierto es que la citada empresa apenas se creó en diciembre pasado, su domicilio en el Distrito Federal es incierto, y eso da lugar a más suspicacias. No en balde, el laboralista José Adán Romero expresó que no le había tocado ver “una forma tan burda, aberrante, ilegal e ilegítima de tratar de contratar a quien ya está contratado” y que seguro los laudos le serían adversos al gobierno y “las indemnizaciones serían mucho más gravosas que lo que pretenden ahorrarse”.
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En lo dicho. Aunque al principio el señor Carlos Ortiz negó a este semanario haber sido hostigado por personal de la Fiscalía General de Jalisco –tal vez por encontrarse entre la incertidumbre y el dolor por la desaparición de su hijo Luis Antonio Ortiz Guerra, ocurrida el 21 de junio pasado y encontrado asesinado el domingo 2 de julio junto con su amigo Andrés Barba Olivas–, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) existe la queja 5045/2013/II en la que la familia Ortiz manifiesta haber sido acosada por policías investigadores en el curso de las diligencias para ubicar a los dos muchachos que, con engaños, fueron llevados de la plaza comercial La Ciudadela al lugar donde después aparecieron muertos. La queja en cuestión, por actos violatorios a sus garantías individuales, fue ratificada el jueves 4 en contra de Blanca Araceli Barrón Rosales, coordinadora de agencias ministeriales especializadas en delios contra menores de edad y titular del sistema de Alerta Amber (Milenio Jalisco, 3 de julio de 2013). Antes, Juan Manuel Estrada, presidente de la Asociación para la Búsqueda de Menores Perdidos y Desaparecidos, había dado a conocer a este semanario que Barrón Rosales había tratado mal a toda la familia Ortiz. Los Ortiz aseveraron que la funcionaria los citó el 24 de junio en el domicilio familiar, pero ella no apareció y fueron llevados ante el Ministerio Público a declarar, donde permanecieron varias horas, asimismo presionados y amedrentados por los agentes a cargo de Blanca Araceli.
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En la edición 451 de Proceso Jalisco recordamos en este espacio que en febrero de 2009 la CEDHJ emitió la recomendación 2/09 parcial hacia la entonces Procuraduría General de Justicia de Jalisco en la que anotó que a las 23:30 horas del 31 de agosto de ese año, Barrón Rosales se encontraba recabando la declaración de Araceli Arellano y de su hija Águeda Yazmín, quien junto con otras menores habrían sido víctimas de abuso sexual por políticos, entre ellos el titular de la dependencia, Tomás Coronado Olmos. No obstante, Yazmín y su madre aseguraron que fue hasta las 4:30 de la madrugada del 1 de septiembre siguiente cuando Blanca Barrón acudió a su domicilio para llevarlas a la procuraduría a hacer su declaración. En realidad, aseguraron, les exigieron desistirse de la demanda contra Coronado Olmos. Hoy, la misma funcionaria prosigue con sus métodos de hacer sus diligencias ya muy entrada la noche o de madrugada para atropellar a las víctimas sin recato alguno; como lo hizo el día que se encontraron los cuerpos de los adolescentes. Total, algunas de las mujeres incrustadas en la estructura gubernamental del gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz siguen dando de qué hablar. Y eso no es buen augurio.
fcobian@proceso.com.mx
Por vacaciones del autor, esta columna no se publicará durante las próximas dos semanas.
