BOGOTÁ.- Andrés Villamizar Pachón es un político colombiano experto en seguridad, quien ha vivido la violencia muy de cerca. Su padre, el fallecido excongresista Alberto Villamizar, salió ileso de un atentado del Cártel de Medellín en 1986 gracias a la reacción de su chofer y a pesar de los más de 30 disparos que impactaron su vehículo. Su madre, la exministra de Educación Maruja Pachón, permaneció seis meses secuestrada por esa misma organización criminal entre 1990 y 1991; y su tío, el político liberal Luis Carlos Galán, fue asesinado en 1989, cuando era candidato presidencial, por órdenes del narcotraficante Pablo Escobar.
Con esa historia a cuestas Villamizar estudió economía en la Universidad de Los Andes; realizó una maestría en Seguridad Nacional en la Universidad de Georgetown y desde noviembre de 2011 es el primer director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), una agencia estatal autónoma encargada de salvaguardar la vida de unos 7 mil 500 colombianos enfrentados a riesgo letal como resultado de sus actividades públicas. No hay ninguna otra nación en el mundo con un programa de protección de esta envergadura.
La UNP, adscrita al Ministerio del Interior pero con personalidad jurídica y presupuesto propios, fue creada en octubre de 2011 para hacerse cargo de un programa de protección que cobija a sindicalistas, defensores de derechos humanos, dirigentes políticos, opositores y guerrilleros desmovilizados. Entre otros grupos en riesgo, cuida a comunicadores.
En entrevista con Proceso Villamizar explica que la UNP tiene bajo su cuidado a 96 periodistas amenazados por sus labores informativas, de los cuales 56 cuentan con esquemas “duros” de protección consistentes en vehículos blindados, escoltas armados, chalecos antibalas y equipo de comunicaciones. Los 40 restantes son protegidos con rondas policiacas, reubicación de domicilio o cambio de ciudad de residencia con gastos sufragados por la institución.
En los esquemas duros de protección a periodistas la UNP eroga unos 670 mil dólares mensuales. “Un dispositivo compuesto por un vehículo blindado y dos escoltas le cuesta a la unidad cerca de 12 mil dólares mensuales”, dice el funcionario, quien ha sido asesor del Ministerio de Defensa, subdirector de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior e investigador de la Rand Corporation, en California, donde cursó un doctorado en análisis de políticas públicas.
Transformación
En 2000, cuando la cifra de periodistas asesinados en este país sumaba más de 120 en un lapso de dos décadas, el gobierno colombiano creó por decreto un Programa de Protección a Periodistas que hasta 2011 fue parte de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y el cual dependía de los apoyos logísticos y operativos que pudieran proporcionarle el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la Agencia Nacional de Inteligencia y la Policía Nacional de Colombia (PNC).
La extrema dependencia del programa y la falta de recursos propios derivaron en varias inconsistencias que comprometían su funcionamiento. Si bien se avanzó en materia de resguardo a comunicadores amenazados, cerca de la mitad de las medidas recomendadas por un comité de evaluación nunca se aplicaron por falta de coordinación o por desidia. Los estudios de riesgo previos a una medida de protección tardaban meses en algunos casos, en vez de los 15 días establecidos por la ley, y las armas y vehículos destinados al programa eran insuficientes o estaban en mal estado.
El programa tenía un problema recurrente: los agentes del DAS y de la PNC destinados a escoltas de los periodistas en riesgo actuaban como informantes de esas corporaciones y reportaban todas las actividades de sus protegidos. Esta práctica fue prohibida por el director de la unidad en la primera circular que giró a su personal.
“Hubo muchos amenazados que pidieron protección pero se negaron a someterse al estudio de riesgo hecho por la policía porque no tenían plena confianza en ella. Sin ese estudio no se les pudo proteger y posteriormente fueron asesinados”, dice Villamizar.
El año pasado la UNP manejó un presupuesto de 80 millones de dólares, casi el triple que en 2011, y en 2013 el monto subió a 130 millones de dólares a los cuales se sumarán 50 millones de una partida adicional tramitada por la institución. “Nos acercamos a un techo de 180 millones de dólares al año, que me parecen suficientes para operar”, dice el funcionario.
Villamizar, militante del Partido Liberal como su padre y su tío Luis Carlos Galán, señala que los periodistas representan una parte muy pequeña en el universo de 7 mil 500 colombianos protegidos por la institución. De estos, unos mil 500 tienen esquemas de seguridad duros.
La UNP dispone de 600 escoltas propios, la gran mayoría provenientes del desaparecido y cuestionado DAS –un servicio de inteligencia que estuvo al servicio del paramilitarismo y las mafias del narcotráfico del país–, aunque de acuerdo con el director de la unidad sólo fueron admitidos quienes no tienen procesos abiertos por espionaje político o violaciones a los derechos humanos.
Además la UNP trabaja con unos mil 800 escoltas subcontratados mediante empresas de seguridad privadas. Éstas proporcionan en la modalidad de alquiler, vehículos blindados, armas, chalecos antibalas y equipos de comunicación. “Este esquema hace más eficiente la operación desde el punto de vista administrativo y logístico, y nos permite achicar o hacer crecer el programa de acuerdo con las coyunturas de seguridad”, afirma.
El director de la UNP plantea que a 80% de los escoltas los sugiere el propio protegido. Son lo que llamamos escoltas de confianza porque es el cliente “quien busca entre sus allegados el currículum de una persona con los requisitos para ser escolta y nosotros lo vinculamos a través del operador privado”, sostiene.
Para Villamizar el programa de protección de periodistas de la UNP ha sido “fundamental” para reducir las tasas de asesinatos de comunicadores en el país, que se contrajo de casi cinco por año en los noventa a uno por año en la última década. “El programa no puede evitar que los amenacen, no puede evitar que atenten contra ellos, pero sí puede evitar que los maten”, asegura.
El año pasado hubo ocho atentados contra protegidos de la UNP. Todos salvaron la vida. Fernando Londoño, exministro y director del programa radial La Hora de la Verdad, fue una de las víctimas.
Según Villamizar “los periodistas, más que escoltas y carros blindados, piden justicia, pero mientras ésta llega, la creación de la UNP ha servido para articular mejor los esfuerzos de protección por parte del Estado en una sola entidad especializada dedicada exclusivamente a proteger a ciudadanos en riesgo extraordinario o extremo”.
El director de la UNP considera que la experiencia acumulada por Colombia en materia de protección a sus periodistas puede serle útil a México, considerado desde la última década como el país más peligroso del continente para desarrollar labores informativas.
“Nosotros podemos enviar a México una comisión de expertos o recibir a una delegación del gobierno mexicano. Yo recibí la orden del presidente (colombiano) Juan Manuel Santos de prestar toda la colaboración a México en lo que ese país necesite, pues somos naciones hermanas, con mucho en común y con desafíos similares en muchas áreas. Por supuesto, estamos a la orden”, dice el funcionario.
Para Villamizar un país como México, con la situación de riego que viven los comunicadores, requiere “primero, que se fortalezca el programa de protección a periodistas, que se haga grande, robusto, con suficientes recursos; segundo, que cobre autonomía, que se profesionalice y ahonde en su especialización, como ocurrió con la UNP; y tercero, la máxima lección que nosotros hemos aprendido es la importancia de trabajar en la justicia, porque suplimos la impunidad (en los crímenes contra periodistas) con protección y eso es insostenible en el largo plazo.
“El tema de la seguridad y la protección lo tengo metido en lo más profundo de mi corazón”, afirma. “Mi papá se salvó de milagro de un atentado del Cártel de Medellín, mi mamá fue secuestrada, mi tío asesinado. Es algo muy doloroso, muy profundo. Mi generación sufrió mucho con la violencia, la vivimos en carne propia y ahora muchos de nosotros trabajamos para superar estas condiciones de conflicto y de violencia que vive el país”.
